En la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se plantearon, desde mi perspectiva, las dos grandes arenas en las que habrá de trabajar dicho sistema: la prevención y la sanción de actos de corrupción. No es nuevo. Estos fueron los ejes que articularon el modelo que hace unos días comenzó a funcionar con la instalación de dicho Comité. Esos dos ejes, sin embargo, comprenden un mundo de posibilidades. Y como casi en cualquier otra arena de la vida pública e incluso privada, hay más objetivos y fines que recursos disponibles para lograrlos. Como en todo, habrá que priorizar y hacerlo con sentido estratégico.
En sus discursos, tanto Jacqueline Peschard, la presidenta del Sistema, como el auditor Juan Manuel Portal, plantearon la necesidad de construir un mapa de riesgos. En la multiplicidad de tareas y acciones que realiza el Ejecutivo federal, pero también los otros Poderes de la Unión, existen espacios particularmente vulnerables, espacios en los que se dan las oportunidades de corrupción. Hoy estos espacios se encuentran abiertos. Los Comités, el Ciudadano y el Coordinador del SNA, deben tener la tracción para cerrar estas compuertas. Esta es la parte medular de su trabajo, en ello estriba el potencial transformador del SNA.
Veo con preocupación lo que sucede en el Estado de México o Coahuila, por citar dos entidades en pleno proceso electoral. En el primero, el gabinete federal ha hecho pasarela. Ya sin recato. Y la prensa documenta el reparto de dinero y todo tipo de bienes como mecanismo de compra del voto. En Coahuila, organizaciones sociales expresan preocupación por el uso de recursos públicos para sostener aparatos de control político y estructuras clientelares muy extendidas. Por eso ven cuesta arriba arrebatarle a la dinastía Moreira el control del estado.
El uso de recursos con estos fines debe ser uno de los puntos en el mapa de riesgos y de la agenda estratégica que construyan los comités. Y el punto de partida, la revisión del ciclo de gasto. ¿Qué falla en él que permite que el dinero se use para esos fines?
Un poco de evidencia puede servir para identificar los puntos vulnerables. Esta proviene del trabajo del equipo de Gasto Público de México Evalúa. Comienzo por algo que quizá no es evidente para todos. El Ejecutivo federal (seguramente será igual en los estatales) gasta de manera distinta a lo que le aprueba el Congreso. En algunos conceptos de gasto la diferencia es abismal. Estas adecuaciones durante el ejercicio no siempre están bien justificadas y aunque pasa por revisión del control externo cuando la cuenta pública se audita, es una anomalía que se debe corregir si queremos una mayor calidad de gasto y mejor rendición de cuentas sobre el mismo.
Lo segundo es que hay ramos y conceptos de gasto que carecen de un buen esquema de gobernanza. Me refiero particularmente al Ramo 23, famoso por alojar en el pasado la partida secreta del presidente. Hoy tiene en sus haberes programas presupuestales que no cuentan con reglas de operación. Con esto me refiero a que no es claro quiénes son los grupos beneficiarios, cuáles son sus objetivos, o los criterios a partir de los cuales deben ser evaluados. En algunos casos, ni siquiera queda claro su destino geográfico. Y ojo, el financiamiento a programas de esta naturaleza es lo que más ha crecido en esta administración. Un ejemplo: el programa llamado Contingencias Económicas en 2015 ejecutó más de 60 veces su presupuesto aprobado. En ese año le fueron aprobados mil millones de pesos, pero ejecutó un poco más de 70 mil.
No hay suficiente espacio para plantear la evidencia que sostiene que el ciclo del gasto adolece de problemas. Un respetuoso mensaje a los dos comités consistiría en exhortarlos a seguir el dinero, a descifrar los riesgos en su ciclo y a proponer las reformas necesarias para robustecerlo. Esto no tendrá un gran impacto mediático, pero sí el potencial de transformar al país.
