En días pasados, una respetable dama publicó en estas páginas un interesante texto en relación con esos personajes semiolvidados de la política mexicana, que son los diputados locales. Los años han pasado y éstos continúan casi en su misma situación de antaño en relativa oscuridad, inadvertidos, minimizados, en buena medida ignorados.
Hace más de medio siglo, hacia mediados de la década de los años sesenta, un mexicano ilustre, sobresaliente en la actividad política de su tiempo, Adolfo Christlieb Ibarrola, por desgracia fallecido prematuramente, con la chispa que sabía poner en sus artículos periodísticos escribió alguna vez que "sobre los diputados locales nada, o muy poco, es lo que se puede decir, no por falta de interés, sino por ausencia de materia". Y agregó que en el mejor de los casos era en la página roja de los diarios de provincia donde se podía encontrar alguna huella de su labor. Y era rigurosamente cierto. Lamentablemente son mínimos los cambios y menos aún los avances que sobre este asunto se han logrado en cinco décadas. Parece mentira, pero así es.
Tres puntos plantea el artículo al que se hace referencia al principio. El primero hace hincapié en la importancia que los diputados locales tienen -o deben tener- en el combate a la corrupción, pues es "poca (la) atención (que) se les ha prestado a pesar de que no cumplen con su tarea fundamental que es la representación social".
El segundo de los aspectos señalados es que los legisladores locales más que ocuparse de representar los intereses ciudadanos están al servicio de las élites o dirigencias partidistas que los llevan al cargo, y los oficialistas desde luego al servicio incondicional, abyecto, del gobernador en turno. Y el tercero hace referencia al nulo seguimiento ciudadano de su desempeño. Los tres puntos están correctamente planteados. Aunque cada uno amerita una o más consideraciones, aquí, en esta ocasión, aludiré básicamente al primero y de manera breve, más bien tangencial, a los otros dos.
En efecto, los diputados locales son "representantes del pueblo de Coahuila", pues tal es la definición que de ellos se lee en la Constitución Política del estado. En consecuencia no son, como muchos creen, representantes de los ciudadanos de tal o cual distrito para efectos de gestoría, por ejemplo, aunque técnicamente sean electos por los votantes de una cierta demarcación territorial. La precisión conceptual es importante porque en la confusión de términos a que da lugar, es donde suelen empezar los problemas.
Sucede, por experiencia lo digo, que ciudadanos en lo particular, así como organizaciones de todo tipo, que cada vez hay más, le suelen exigir al diputado la atención (en ocasiones incluso dádivas) y hasta la prestación de servicios públicos o al menos su activa gestión, "que para eso es nuestro representante", y que corresponden a funciones para las que carece en absoluto de facultades.
Infortunadamente en la mentalidad de amplios sectores está muy arraigada la idea de que un buen diputado equivale a ser un buen coyote. Y cuando esa correspondencia no se da, se suele decir que el diputado fulano "nada hizo por su distrito", así haya sido un excelente legislador y magnífico su desempeño como tal. La frustración derivada de esta incomprensión suele ser tremenda.
¿Qué es entonces lo que se debe exigir a un diputado, en el caso a un diputado local de Coahuila? El correcto y oportuno cumplimiento de las funciones que la Constitución y demás ordenamientos le señalan. Las facultades que tiene forman un extenso catálogo, una larga letanía de facultades que no viene al caso mencionar aquí una a una. Pero se resumen en dos: Expedir y actualizar las leyes, no necesariamente muchas, sino las necesarias y pertinentes, escuchando aquí sí a todos los interesados en opinar, por un lado, y por otro contribuir a la correcta orientación de la administración pública por las vías de la discusión y aprobación del presupuesto y la verdadera rendición de cuentas. En esta segunda gran tarea el campo es casi infinito y de lo mucho que es posible lograr en términos de bien común por la auténtica vía legislativa, la inmensa mayoría de los ciudadanos ni idea tiene. Y esas funciones legislativas corresponden, tanto al ámbito estatal en sí, como a la totalidad de los municipios.
Con un sencillo ejercicio de comparación nos puede quedar claro lo anterior. Si las últimas cuatro o cinco legislaturas de Coahuila hubieran estado integradas por una mayoría de diputados responsable, consciente de su papel y cuyo desempeño hubiera sido efectivamente vigilado por los votantes, de manera tal que esta vigilancia hubiera resultado superior a las presiones del gobernador en turno, hoy Coahuila sería radicalmente otro y no el estado saqueado en el que han sentado sus reales la corrupción, verdaderamente a niveles de escándalo, la impunidad y la arbitrariedad. Y todo ello a pesar de que esa mayoría de diputados ni siquiera hubiera logrado la construcción de una banqueta o la instalación de un solo arbotante. Porque su función es legislativa y no de coyotaje.
Una enorme ventana de oportunidad se abre en esa dirección de tener auténticos legisladores, y no gestores ni coyotes sometidos, con la reelección, si bien relativamente limitada, que inicia a partir de la próxima legislatura local.
Ha llegado pues el momento de que los votantes se hagan presentes y superen las presiones del gobernador en turno, cualquiera que sea su color, si pretende éste seguir viendo en los miembros del Congreso a simples peones de estribo a su servicio, y de las dirigencias partidistas si insisten en considerar a la asamblea legislativa como una mera camarilla de confabulación en beneficio de sus propios fines.
De no aprovecharse desde su inicio esta oportunidad que habrá de brindar la reelección consecutiva de legisladores, y la institución se desvirtúa hasta convertirse en un incentivo perverso, contrario desde luego a lo que se espera, el daño lamentablemente será aún mayor. Ojalá y no.
