En la antigua Roma surgió la figura del "Tribuno de la plebe"; resultado de una lucha social; sus ocupantes eran elegidos por los ciudadanos; su función primordial fue la de defender a los plebeyos de los senadores quienes eran la máxima autoridad y del poder de los patricios ricos y poderosos.
El año decimoséptimo después de la expulsión de los reyes, los ciudadanos de la plebe, hartos de los abusos del Senado. Abandonaron la ciudad dejándola sin trabajos ni defensa y se fueron al Monte Sacro (Aventino). Asustados por la situación y la caída de todo el sistema urbano, los patricios buscaron a los plebeyos y después de negociar, crearon los magistrados plebeyos, mejor denominados "Tribunos".
El tribunado se convirtió en un poder popular que sería "sacrosanto", es decir, sus ocupantes estarían protegidos de cualquier daño físico; ellos resguardarían y rescatarían a los plebeyos de los abusos del poder de los patricios que buscaran dañarlos injustamente. Pero lo más importante de los Tribunos de la Plebe fue el "Derecho de Veto" sobre cualquier ley o decreto que afectara al pueblo. La casa del Tribuno estaba abierta todo el tiempo, día y noche para atender a los romanos; tenía capacidad para convocar al Senado y presentar propuestas ciudadanas.
Mañana, día 27, se cumplirán veintidós meses de la publicación de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia que afectará a autoridades de todos los órdenes del gobierno. Ella generará legislaciones secundarias para prevenir y combatir la corrupción. Entre otras la Ley General del propio sistema, misma que establece las bases de coordinación a nivel federal como local, sus características de Fiscalización: La Ley general de Responsabilidad administrativa, que establece cuáles son las competencias y obligaciones de los servidores públicos; como presentar sus declaraciones: patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal. Normas que además establecen la rendición de cuentas de la federación y la creación de dos instituciones esenciales para llevar a cabo una auténtica cruzada contra la impunidad que es la principal promotora de la corrupción:
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción.
Con este esquema, quienes somos estudiosos de la ética, recordamos a Paul Ricoeur, el filósofo moral francés más insigne del siglo XX; él creía firmemente que sólo con instituciones fuertes y autónomas podría crearse la educación del respeto al "otro" como ser digno y ello permitiría la existencia de una sociedad justa y responsable, éticamente hablando. Máximo, cuando además de los instrumentos anteriores se establecieron sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción: servidores públicos y particulares y se decidió por el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción.
Lo ideal para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcionara sería el hecho insólito en México de ser presidido por los ciudadanos para justamente servir a los ciudadanos. Para ello se crearía un Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano; además un Comité de Participación Ciudadana compuesto por cinco personas, mismo que sería seleccionado por académicos reconocidos
A nivel nacional, hace dos meses fue conformado el consejo de ciudadanos que vigilarán el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque aún faltan muchos pasos que dar, ya existe un buen avance gracias a la tenacidad de las organizaciones de la sociedad civil que han manifestado abiertamente su interés por que se cumpla la reforma constitucional.
¿Podrá haber en Coahuila, donde existe una sola voluntad intolerante, formarse un auténtico comité ciudadano? Resulta casi increíble suponerlo, toda vez que debería por lo menos comenzar a caminarse en el sentido de la reforma constitucional del estado que cree el sistema. Luego, conformar un comité ciudadano independiente que designe a los consejeros que buscarán hacer posible la lucha contra la corrupción y la impunidad en Coahuila. ¿Podrá haber auténticos "Tribunos de honestidad" que defiendan a los habitantes de este estado tan dañado en su dignidad, patrimonio y autenticidad?
Sí; existen muchos coahuilenses con el tamaño moral que la realidad del estado exige, pero por ahora, dentro de lo indispensable de su existencia, ya hay mucho retraso, pareciera que hay interés de que el Sistema Estatal Anticorrupción no surja. Bien, entonces debe ya la sociedad, los grupos ciudadanos, las organizaciones independientes, exigir y presionar para que pronto, muy pronto sea realidad aquello que podría ser un alivio a la crisis ética que se vive en esta entidad.
Es indispensable que se analicen con lupa a las personas propuestas; deben ser ciudadanos que durante toda su vida han mantenido una existencia social, familiar, laboral y hasta altruista, sino ejemplar en todo el sentido de la palabra "santidad", sí por lo menos haber mostrado honestidad en su actuar; no es indispensable que sepan de leyes como que sean éticas, íntegras y con fuerte comunicación y cercanía comunitaria. Es más fácil enseñar leyes a una persona honesta que enseñar honestidad a un leguleyo (recuérdese el refrán de que los abogados somos como los plátanos: "Ninguno sale derecho"). ¿Se ha malversado el erario?; ¿Existen empresas fantasmas?; ¿hay arreglos con la mafia por parte del gobierno? Esa es la gran deuda de un consejo anticorrupción con los coahuilenses.
El sistema debe ser tan poderoso, jurídica y éticamente hablando, que no solo impida las corruptelas ampliamente conocidas, sino que lo más trascendente de su ser, (algo que la ley no contempla) que forje una inmensa capacidad formativa; que posea una pedagogía de la honestidad que revolucione a todos los mexicanos; que nos cambié el chip de la deshonestidad y elimine el ancla cultural que no hunde en la más profunda de las ignominias y desesperaciones sociales.
