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Verdades y rumores

EL AGENTE 007

Con los cambios de última hora que el PRI hizo a la coalición con sus partidos satélite ya no existe impedimento alguno para que el exgober Humberto Moreira pueda aparecer en la boleta como candidato a diputado local el próximo 4 de junio. Y es que como lo habían reportado nuestros subagentes, dentro de la alianza encabezada por el tricolor se vivió una auténtica rebelión, la rebelión de los partiditos, quienes preocupados por verse amarrados para conseguir los votos necesarios para sobrevivir a la elección, exigieron a los priistas que les dieran margen de postular a sus propios candidatos a las curules del Congreso, pero mantener la mayor parte de los municipios en la coalición así como, obviamente, la nominación a la gubernatura.

Así pues, luego de tanto estar duro y dale con el tema, el Partido Joven que comanda Édgar Puente por fin podrá poner al Profe en la contienda con la firme y clara intención de colgarse de los votos que seguramente le acarreará para no terminar naufragando como los demás satélites del PRI que, sin figuras fuertes o conocidas, se quedarán al margen de la votación mínima necesaria. Dicen que don Humberto irá por el distrito XV, con sede en Saltillo, a pesar de que el pastor nacional tricolor, Enrique Ochoa, juró y perjuró que el también exdirigente priista no sería candidato de nada. Falta ver que don Édgar concrete su amenaza -perdón, anuncio-, no vaya a ser que viendo cómo se están moviendo las cosas al otro lado del río Bravo salga con que “dijo mi mamá que siempre no”. Por lo pronto, no son pocos los que creen que la candidatura del Profe ocasionará un verdadero terremoto en la elección, además de una enorme cortina de humo, ya que mucha gente estará más interesada en lo que diga o deje de decir el exgober y, sobre todo, si gana el distrito y por cuánto margen, que en la contienda por la gubernatura.

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Cantaba hace años el otrora “filósofo” infantil de la televisión, el inmortal Chabelo, aquella pegadiza melodía cuyo estribillo decía “vamos a ver como es / el reino del revés”. Y para quien desee verlo, basta con echar un vistazo a lo que ocurre en la bella provincia coahuilense en dos asuntos. Resulta que la Fepade, órgano encargado de darles golpecitos en las manos a los políticos que se portan mal durante las elecciones, firmó un convenio con la secretaría de desarrollo clientelar -perdón, social- para “blindar” (así le dicen) todos y cada uno de los programas sociales para que no vayan a ser usados con fines de proselitismo. Se supone que los gobiernos tienen la obligación de mantener dichos programas hasta unos cuantos días antes de la jornada electoral con la intención de no hacer esperar tanto tiempo a la gente que lo necesita. Hasta aquí todo bien. Con estas medidas, las autoridades pretenden evitar que los tinacos, despensas, pinturas, bolsas de cemento y demás apoyos sean condicionados al voto de cierto candidato. El problema surge cuando se da a conocer, como acaba de ocurrir esta semana, que el padrón de beneficiarios de los programas está prácticamente empatado con las listas del PRI y que son las lideresas de ese partido las que están entregando los tinacos, cuando se supone que debería ser personal de la secretaría bajo un estricto control y registro (no se ría, así lo dicen en los discursos). El otro asunto que demuestra que vivimos en el reino del revés tiene que ver con el anuncio de radio que dice que “no es un anuncio sino un reclamo de justicia”, cortesía del mismo tricolor, en el que aseguran que Coahuila no recibe lo que merece porque lo usan para pagar a los sindicatos. Obvio que no dicen cuáles sindicatos, porque si lo dijeran, en serios problemas se meterían. Tendrían que mencionar, por ejemplo, al sindicato de maestros, de Pemex (remember Pemexgate) y la CTM, sólo por mencionar algunos. Es decir, todos los organismos que, casualmente, forman parte de la estructura corporativa del PRI. ¿Se darán cuenta los tricolores que con ese spot se están dando un balazo en el pie o ya de plano les vale una pura y dos con sal?

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Cuentan que el ambiente en el Cabildo de Torreón se ha puesto un poco tenso a raíz de los cambios necesarios que se hicieron cuando el primer regidor, Miguel Mery, dejó su silla para ir en pos de la minialcaldía de un año, viejo sueño que busca hacer realidad el 4 de junio. Y es que, según cuentan los subagentes disfrazados de escritorios, el orden de las regidurías en las oficinas ha sufrido una extraña alteración. Como es lógico y normal, la secuencia de los espacios de los ediles debe ir en ascenso desde el 1 hasta el 17, pero pasa que en el caso del Cabildo torreonense la numeración empieza en el 5. Usted se preguntará, con justa razón, cuál es el motivo de semejante aberración. Resulta que, según los subagentes, cuando Mery pidió licencia se inició el proceso para revisar quién lo sustituiría y el ungido fue el cetemista Félix Caldera, sí uno de los que llegó a “aprender” como Videgaray. Cuando se ratificó su estancia en el órgano colegiado municipal, don Félix se disponía a ocupar el espacio físico que dejó don Miguel. Pero cuando ya llegaba con sus cosas, cuál fue la sorpresa que ya estaba ocupado por el quinto regidor, Mario Prudencio Valdés. Así que el representante de la CTM tuvo que irse a ocupar el cubículo que dejó este último, que es más pequeño y está más retirado. Pero dicen que este detalle no es un asunto de forma nada más, sino que hay un fondo claro en todo esto. Aunque don Félix es quien estampa la firma de muchos trámites en su calidad de primer regidor, quien en realidad autoriza y ejerce las facultades de ese puesto edilicio es don Mario. Más allá de las especulaciones que el brinco de espacios y funciones genera, no cabe duda que los cetemistas son los más fieles entre los priistas, ya que no sólo deben aguantar todo tipo de tratos sin chistar sino que también prestarse de muy buena gana para cualquier montaje, como Berino Granados hace unas semanas.

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En temas de la antigua provincia de Nueva Vizcaya, cuentan que aunque en su discurso el gober José Rosas Aispuro Torres asegura que no hay decisiones tomadas respecto a algunos cambios en su equipo de trabajo, a seis meses de la administración estatal dichos reacomodos son más que inminentes y están harto próximos a realizarse. Prueba de ello, dicen los que saben, es que a todos los servidores públicos se les pidió muy amablemente sus renuncias a fin de mantenerlos bajo evaluación constante. Cuentan que cabe la posibilidad de que estas evaluaciones se hicieran también a nivel de subsecretarías en La Laguna de Durango, empezando por el flamante subsecretario de Desarrollo Económico, Alain Faudoa, a quien el gremio empresarial sigue sin conocerlo a él ni mucho menos cuál es su programa de trabajo para esta “sufrida” comarca, cuyos empresarios continúan esperando que se les dé el trato justo por representar a la región más productiva del estado y a la que menos se le retribuye con obras, servicios y promoción empresarial (lágrimas en los ojos). Y es que Faudoa, quien se dice que llegó a la nómina estatal gracias a la recomendación de nada menos que su tío, el empresario José Luis Padilla, prácticamente ha brillado por su ausencia y ni siquiera a los eventos públicos asiste -¿para qué?- y manda un representante, lo cual le ha restado los pocos puntos de confianza que pudo haber tenido a su favor. El único antecedente conocido de Faudoa que más se le parece al servicio público es su participación en el proyecto denominado Pro México, cuya historia no tuvo un buen desenlace.

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En donde las cosas siguen de mal en peor y con puras promesas de arreglo es en la Vicefiscalía de La Laguna de Durango. Dicen los subagentes disfrazados de máquinas de escribir sin tinta que así como el gober Aispuro vino a jurarles que se construiría un nuevo edificio, que habría mejores condiciones de trabajo para los agentes que pasen las pruebas y demás paraísos terrenales, así mismo fueron retirando una a una las prestaciones que desde hace años tenían. Por ejemplo el bono de riesgo que se les pagaba por la cobertura de diligencias peligrosas. Además, cuentan que dentro de la corporación se ha establecido una auténtica ley mordaza, ya que los agentes ministeriales o coordinadores de mesas tienen estrictamente prohibido dar información a la prensa sobre cualquier caso. Para tales efectos se supone que existe un órgano de comunicación que está centralizado en Durango capital, pero dicen que es más fácil encontrar agua en el Sahara que obtener un dato preciso de esa oficina. Así están las cosas.

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