Columnas la Laguna

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 29

MALA COSTUMBRE

MA. DE LOS ÁNGELES ORDÓÑEZ

La comodidad en la que hemos estado estacionados durante tanto tiempo nos ha heredado un vicio por demás desastroso y nocivo: dejar que otros hagan lo que nosotros podemos y debemos hacer; el comentario viene al caso porque aparentemente sólo nos interesamos por las cosas cuando nos afectan de manera directa e inmediata.

Somos poco solidarios y no es frecuente que tengamos algún interés por los asuntos públicos; ya nos sucedió con el asunto de la transparencia del gobierno y la efectiva rendición de cuentas. Cuando se aprobó la vieja Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion en el no lejano 2002 se consideró, por el grueso de la población, que ahora sí el gobierno se iba a transparentar, así sin más. Al no resultar de esa manera, las críticas no se dejaron esperar y el comentario más socorrido era que cuál transparencia, y que el gobierno no cumplía con la ley, claro sin moverse el comentarista ni un milímetro de su zona de confort, sin pensar que el gobierno en cualquier parte del mundo tiende de manera natural a ser opaco, a ocultar lo qué hace y sobre todo qué pasa con el dinero que maneja. Sin considerar tampoco que a partir de ese momento contamos con el derecho a saber lo que el gobierno hace, y que habría que hacer un esfuerzo inicial: conocer ese derecho y saber cómo ejercerlo.

Una mala costumbre sin duda, es seguir pensando que sólo con la existencia de una ley, los objetivos y propósitos que persigue, se van a cumplir de manera automática. Conocedor de estas conductas, el gobierno encantado de promoverlas. PC 29 ha experimentado la decepción, el éxito, el coraje, la ilusión, pero sobre todo el valor del esfuerzo. Decepción por el gobierno y por la falta de interés de la comunidad por involucrarse en los asuntos de interés general; el éxito derivado de la fortaleza de la participación; el coraje de involucrarse en causas y asuntos de interés público que considero necesario hacerlos del conocimiento de la comunidad (como es el caso de las mentiras del Teleférico relacionadas con fechas de inauguración y costo del mismo); ilusión por haber conseguido que poco a poco sean cada vez más los ciudadanos interesados en participar para que las cosas mejoren y la relación con el gobierno sea entre iguales; el esfuerzo que a partir de la constancia rinde sus frutos y que en este caso es que cada vez más vecinos de la ciudad se interesen por sí mismos y por mejorar su entorno.

Con este ánimo, y con el mismo propósito de impulsar la participación organizada y documentada de la sociedad, es que a partir de esta colaboración, PC 29 se dará a la tarea de compartir, de manera sencilla, la estructura y los instrumentos con los que contamos para combatir la corrupción y el mal gobierno. Para ello debemos conocer el antecedente y ver en perspectiva lo que tiene que suceder en Coahuila para que se cumpla adecuadamente con una obligación constitucional que a todos nos atañe y afecta.

Sirva pues este preámbulo para iniciar esta forma de participar y compartir la experiencia, amable lector. El antecedente es que el 18 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Anticorrupción en la que se establecen las base y las formas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA, y se fija el plazo de un año para que el modelo se replique en cada uno de los 32 estados de la Republica, lo que implica que para esa fecha debe quedar constituido el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, mismo que debe iniciar con la reforma a la Constitución local, y la discusión de lo que será el contenido de las Leyes secundarias.

Así pues, vamos por partes y démosle contenido a los cambios que ello implica, y que para el caso nacional implica la creación de cuatro nuevas leyes: dos generales (la del SNA y la de Responsabilidades Administrativas), la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Además de tres reformadas: la Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal. Todo un paquete que pretende establecer facultades y atribuciones a las dependencias involucradas, tipificación de delitos y sanciones y procedimientos para su aplicación, y la forma y presencia de la ciudadanía en este sistema.

Estamos ante la oportunidad de que con nuestra participación podamos orientar en el caso de Coahuila, no sólo el proceso, sino también el debate para construir el Sistema Estatal Anticorrupción, SEA. Vale pues que, aunque sea el principio, señalemos que el SNA tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Nuestra atención debe estar puesta en el Congreso del estado, para exigir que, en aras de su formal autonomía, cumpla con la obligación de darle contenido a la reforma constitucional correspondiente. Es básico puntualizar que la presencia ciudadana en este sistema es muy importante y clave para que sea efectivo. Si queremos efectividad en la participación, debemos conocer.

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