— Lorenzo Meyer
"Jubilado de Pemex gana más que EPN" Este encabezado de El Universal, (13 de marzo) sirve para abordar un problema -uno entre muchos- que deberá enfrentar quien gane la rifa del tigre de las elecciones de 2018: la viabilidad y justicia del sistema de pensiones.
En dicho artículo, Guillermo Rivera identifica a catorce exdirectivos de Pemex que el año pasado recibieron pensiones de entre 238 y 362 mil pesos mensuales. Se trata de casos extremos, claro, pero que dicen mucho sobre la situación de Pemex pero, sobre todo, de los desequilibrios entre los sistemas de pensiones y entre el conjunto de éstos y los millones de mexicanos que simplemente no pueden aspirar siquiera a jubilarse.
"El que venga atrás, que arree". Se supone que así respondió el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Antonio Ortiz Mena, cuando éste le hizo ver el problema económico, social y político que empezaba a incubarse en el sistema de pensiones mexicano. Un sistema que estaba en tiempo de enmienda a un costo político razonable, pero que no se quiso pagar entonces. Hoy, seis decenios más tarde, ese sistema es ya un Frankenstein, el costo de seguir manteniéndolo o de reformarlo a fondo es enorme, y quizá el próximo gobierno sea el último arriero que imaginó Ruiz Cortines.
Las cifras y consideraciones que se citan a continuación, provienen de una tesis presentada por Aura Rivera Arias, ("Pasivo pensionario: factura impagable del corporativismo mexicano", El Colegio de México, 2017) y cuyo director, el profesor Roberto Ham Chande, hace años que viene advirtiendo de la inviabilidad de un sistema pensionario cada vez más difícil de administrar, pero aún más difícil de enmendar.
Ya en 2015 el llamado pasivo pensionario de México -el valor de todas las pensiones comprometidas por el sector público- equivalía a 1.2 veces el PIB del país y seguía aumentando. Los fondos para cubrirlo pactado ya son insuficientes de tiempo atrás y hoy se completan con fondos que no son propios sino públicos. Sin embargo, como sólo el 40 % de la Población Económicamente Activa tiene derecho a una pensión y únicamente el 20 % de aquellos que ya cumplieron 65 años o más la reciben, y resulta que en buena medida ese beneficio entregado a una minoría ya corre a cargo de quien no debiera: del erario. Emplear fondos públicos para el beneficio de sólo una parte de los que entran en edad de retiro, resulta ser un elemento más de la gran desigualdad social que caracteriza a nuestro país.
Raíz y Razón. El sistema mexicano de pensiones se diseñó en función de las necesidades políticas del régimen postrevolucionario. Sus bases masivas se organizaron en el PRI con millones de campesinos encuadrados en la CNC tras dotarlos de tierras, vía una reforma agraria que acabó con la oligarquía terrateniente, y lo mismo se hizo con los trabajadores que se insertaron en una red sindical que tuvo como eje a la CTM. Uno de los beneficios para generar y sostener la lealtad de esos sindicatos fueron justamente las pensiones.
En 1925 y 1926 se generaron dos sistemas de pensiones, uno civil y otro militar, pero fue con la creación del IMSS y posteriormente del ISSSTE, cuando realmente se conformó un sistema masivo de pensiones cuyo piso superior, su penthouse, lo conformaron los sindicatos políticamente estratégicos: electricistas, ferrocarrileros, ejército, algunas universidades públicas y, especialmente, los petroleros.
En teoría, los fondos de pensiones se constituyen con ahorros generados por los trabajadores en activo, pero en la práctica nunca fueron suficientes y menos con un aumento en el promedio de vida y la inclusión de sus familiares en el sistema. Ante el déficit creciente, y en la época neoliberal, se impulsó el SAR, un sistema ya no solidario sino de cuentas individuales. Si bien el monto del ahorro así conseguido le conviene al erario, al final difícilmente permitirá un retiro digno para el trabajador. Entonces ¿cómo va a resolver México el problema de millones de jubilados con pensión insuficiente o de los empleados en la economía informal, que quedan fuera de los sistemas existentes y que hoy representan el 58.1 % de la Población Económicamente Activa (Inegi)?
¿Se puede considerar a México como una auténtica comunidad nacional si en ese conjunto social se mantienen conviviendo retirados que llegan a recibir hasta 362 mil pesos mensuales con millones que simplemente no tienen otra salida que consumir lo ahorrado, en caso de haber podido hacerlo, depender de la solidaridad familiar o quedar en el abandono?
Finalmente, el tema de fondo no es sólo que Pemex tenga un pasivo laboral de 1,478 millones de pesos (2014) o que el fondo para pagar jubilaciones y pensiones del IMSS se haya agotado en 2013 y que desde entonces se tomen recursos de otras fuentes para hacer frente a esos compromisos. Lo que debe enfrentarse como un problema que va mucho más allá de lo actuarial es el diseño de un arreglo que supere las distorsiones históricas creadas por el apoyo corporativo al viejo sistema político que subsisten, y sobre todo, ¿Cómo obtener recursos para asegurar un sostén en la vejez a todos aquellos que por haber trabajado tienen derecho a no quedar en el abandono, como meros desechos del mercado?
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