Son principios básicos de la democracia la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental, el acceso a información pública cierta, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. El incumplimiento parcial o completo de todos o alguno de ellos permite medir el grado de democracia en una sociedad. Aunque un Estado se proclame en su constitución como democrático y guarde la apariencia formal de serlo con instituciones y procesos afines, las malas prácticas políticas y sus alcances pueden poner en evidencia una realidad muy distinta. Desde su origen, la democracia moderna ha enfrentado riesgos por el actuar de grupos de poder que pervierten los procesos y atentan contra los derechos de los ciudadanos, incluso sosteniendo un discurso aparentemente democrático. Por ejemplo, gobiernos que presumen en su propaganda ser transparentes pero que, a la vez, ocultan información, como el destino de miles de millones de pesos obtenidos a partir de créditos bancarios.
La era de la informática, en la que nos encontramos, ha abierto grandes oportunidades para la democracia que hace un siglo apenas siquiera podían imaginarse. La posibilidad de expresar una opinión, acceder a un dato, compartir información, cuestionar una acción de gobierno y denunciar un abuso sin contar con un medio de comunicación tradicional (prensa, radio o televisión) o gozar de privilegios como la pertenencia o cercanía a grupos de poder, y poder hacerlo sólo teniendo un teléfono móvil inteligente con acceso a Internet, evidentemente despliega un abanico de oportunidades sin precedentes para la democracia. No obstante, es importante no soslayar las limitaciones que aún existen, así como ponderar las amenazas, muchas de ellas convertidas ya en realidad.
Ligado a la desigualdad socioeconómica está el hecho de que no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información, o al menos en la misma medida. Las personas que cuentan con ordenadores portátiles o móviles inteligentes de última generación con transferencia de datos todo el tiempo tienen enormes ventajas cualitativas en la disponibilidad de información y la posibilidad de emitir opiniones sobre quienes no los poseen o cuentan con un acceso limitado a ellos. No obstante, es una realidad que en casi todos los países del mundo la población con la posibilidad de conectarse a Internet -todo el día o aunque sea una hora- va aumentando año con año. Y es precisamente en este creciente sector en donde se están configurando las nuevas amenazas para la democracia.
Una de esas amenazas es el espionaje que, de la mano de las nuevas tecnologías, ha alcanzado niveles hasta hace unas décadas sólo sugeridos por novelas de ciencia ficción, como 1984, de George Orwell. Los gobiernos nacionales y subnacionales invierten ingentes cantidades de dinero en la compra de sofisticados equipos para rastrear y tener acceso a la vida privada de millones de ciudadanos. Y no sólo son los teléfonos móviles, que pueden ser intervenidos en sus aplicaciones de mensajes o llamadas, sino también, sorprendentemente, los llamados televisores inteligentes, que son usados para escuchar las conversaciones que sostienen los integrantes de una familia en su hogar. Este nivel de invasión de la vida privada no tiene precedentes y representa un flagrante atentado a un derecho humano y constitucional a la par que enrarece el clima democrático, toda vez que este tipo de espionaje puede terminar por inhibir el disenso y por acallar las voces críticas de un régimen.
Otra amenaza importante es el ataque cibernético a través de montajes o la diseminación de noticias falsas respecto a un personaje incómodo para cierto grupo político o empresarial. La fuerza y dinámica que han cobrado las redes virtuales han hecho posible que los rumores o calumnias sobre una persona que antes se esparcían de boca en boca, ahora tengan una caja de resonancia sin fin. Basta con que un equipo de mercenarios de la comunicación publique y replique a través de sus cuentas comparsas o robotizadas una especie infamante o sin comprobar contra una empresa, partido, político, periodista, activista, profesional o ciudadano para generar una presión suficiente como para afectar la reputación del objetivo o, incluso, motivar ataques de otro tipo.
A esta forma de proceder se suma la burda y deliberada manipulación de noticias publicadas por medios serios y debidamente establecidos, incluso con la usurpación de ligas para hacer parecer que dichos medios publicaron una información completamente falsa. Esto ocurrió en Estados Unidos durante la campaña presidencial en la que Donald Trump resultó ganador, y se sabe que grupos afines al hoy presidente utilizaron esta estrategia para generar percepciones equivocadas sobre el magnate y su contrincante, Hillary Clinton. Y ahora, en Coahuila, lo mismo está ocurriendo con cuentas de redes virtuales creadas ex profeso para difundir mala información bajo el supuesto respaldo de marcas periodísticas reconocidas. El investigador Miguel Crespo ha dado seguimiento a estos casos y los ha denunciado y, coincidencia o consecuencia, hace unos días fue víctima de un ataque cibernético.
Algunos dirán que, en esencia, estas amenazas no son nuevas, ya que se han venido presentado de alguna u otra manera desde los orígenes de la democracia moderna. No obstante, las herramientas tecnológicas actuales brindan posibilidades nunca antes vistas también a los mentirosos profesionales y difusores de noticias falaces para atacar, confundir y ensuciar con mayor alcance e impacto. Antes, estas acciones quedaban restringidas a los libelos o a los chismes de café o cantina. Hoy es posible catapultarlas a prácticamente todos los rincones del planeta. Además, no es difícil deducir que detrás de esos equipos de mercenarios de la comunicación haya partidos o gobiernos que hacen uso de recursos públicos con esos fines a todas luces perversos, antiéticos y contrarios al espíritu de la democracia.
La gran pregunta es qué hacer frente a estas amenazas. Hay quienes creen que sería conveniente que "alguien" -ya sea el gobierno, la empresa que soporta una red virtual o un buscador o un grupo de ciudadanos notables- establezca un filtro o directamente cierre las cuentas que generan esos contenidos. No obstante, esta medida abre una ventana grande a la censura y al autoritarismo, ya que pudiera terminar utilizándose como pretexto para ejercer un control incluso con quienes publican información responsable y verificada que incomode a un grupo político o empresarial. Tal vez el camino va más por hacer evidente cuáles son las cuentas que están mal informando deliberadamente y, de forma más profunda, por la disminución de la brecha social y educativa que permite que, al amparo de la ignorancia de mucha gente, esas falsas noticias tengan el impacto que sus creadores esperan.
En cuanto al espionaje, la ocultación de información pública, la inhibición deliberada de la participación ciudadana y los ataques a la libertad de expresión, debe ser un compromiso del Estado acabar con esas malas prácticas que ponen en riesgo a la democracia, pero para que ello ocurra, debe ser primero una exigencia de la sociedad civil, la cual debe movilizarse y organizarse para reclamar lo que por derecho le pertenece. Los gobiernos seguirán espiando, ocultando, confundiendo, inhibiendo y atacando mientras la ciudadanía se lo permita.
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