La Comisión Nacional del Agua revivió la semana pasada en La Laguna un proyecto que desde su concepción ha sido polémico: la construcción de un acueducto desde la presa Francisco Zarco y una planta potabilizadora para abastecer de agua a los habitantes de la zona metropolitana de la Comarca Lagunera. El director general de la dependencia federal, Roberto Ramírez de la Parra, dijo que el plan es tender una red para el traslado del líquido a lo largo de 60 kilómetros con una obra que tendría un costo de inicio de 250 millones de pesos. La justificación: dejar de invertir recursos en filtros contra arsénico a pie de pozo, como se ha venido haciendo desde hace años seis años en la Laguna de Coahuila, y más recientemente en la Laguna de Durango, en donde primero se optó por colocar filtros en las tomas domiciliarias, un proyecto que a la larga terminó siendo un fiasco.
El plan de tratar el agua de las presas para volverla apta para el consumo humano no es nuevo. Desde hace varios lustros, distintas voces han propuesto esta medida como solución ante el incremento del hidroarsenicismo y como un paliativo frente a la persistente sobreexplotación del manto acu´ífero principal de la Comarca Lagunera. De manera más insistente y formal, la administración estatal anterior en Durango, encabezada por Jorge Herrera Caldera, sentó las bases del proyecto Agua Futura, el cual logró colar entre los compromisos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a pesar de los cuestionamientos que desató desde el principio. Uno de ellos tiene que ver con el costo, que según se dijo entonces sería de casi 6,000 millones de pesos.
El proyecto necesita del aval y la coordinación de los gobierno de Durango y Coahuila, ya que se trata de una solución para las dos partes de La Laguna. No obstante, desde un principio el gobernador coahuilense Rubén Moreira manifestó sus dudas respecto al plan y poco o nada hizo para apoyarlo. Más aún, la actual administración duranguense, a cargo de José Rosas Aispuro, también ha planteado cuestionamientos al proyecto e, incluso, pretende sustituirlo por otro de menores costos y alcances. Con este contexto, llama la atención el anuncio de la Conagua y la falta de detalles aportados para llevar a cabo la obra.
La voces críticas no se hicieron esperar. Ambientalistas de la región mencionaron que, además de resultar oneroso, potabilizar el líquido de las presas no es la solución al problema del agua en la región. Para ellos el camino implica la reducción de la extracción del recurso hídrico del subsuelo y la recarga de los mantos freáticos. Por otra parte, el proyecto se enfrenta al problema de los derechos de agua de las presas, los cuales están completamente repartidos entre los productores agropecuarios. Si a todo lo anterior le sumamos las cuestiones logísticas y económicas propias de una obra de tal envergadura, es posible deducir que concretar el plan no le será sencillo al gobierno federal. Pero lo primero que debería hacer, si en verdad pretende impulsar el polémico proyecto, es justificarlo, consensuarlo y detallarlo. La historia nos ha enseñado que las obras a espaldas de la sociedad civil terminan por convertirse en nuevos problemas más que en soluciones.
