Tanto el ACNUR como el Gobierno de México se comprometieron a continuar el trabajo que se desarrolla con las autoridades dedicadas a la protección e integración de personas refugiadas. (ESPECIAL)
El Gobierno de México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sostuvieron el Primer Diálogo Estratégico sobre Protección, con la finalidad de fortalecer las acciones en México y en la región para asegurar la protección de personas refugiadas.
La sesión copresidida por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, también permitió dialogar sobre la protección a beneficiarias de protección complementaria y solicitantes de la condición de refugiado.
Además el encuentro permitió subrayar los principios de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas como elementos centrales en la instrumentación de las políticas públicas en la materia, destacó la cancillería en un comunicado.
El diálogo sirvió como un espacio para dar seguimiento a los compromisos anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto durante la Cumbre de Líderes, celebrada en Nueva York en septiembre de 2016 y los compromisos de México en el marco de la Declaración de Acción de San José, adoptada en julio de 2016.
Ambas partes enfatizaron la importancia de la cooperación continua para abordar de manera efectiva los retos en la materia, y discutieron los avances, esfuerzos y desafíos persistentes en cuanto al acceso a procedimientos justos y eficientes para el reconocimiento de la condición de refugiado.
Asimismo las alternativas al alojamiento de personas solicitantes de la condición de refugiado, y la protección de niñas, niños y adolescentes solicitantes y refugiados no acompañados.
También soluciones duraderas para las personas refugiadas en México, particularmente en el marco de la integración local y el trabajo con las comunidades receptoras en distintas regiones del país.
Tanto el ACNUR como el Gobierno de México se comprometieron a continuar el trabajo que se desarrolla con las autoridades dedicadas a la protección e integración de personas refugiadas.
De la misma manea a fortalecer la coordinación con autoridades estatales y municipales, así como a estrechar lazos con organizaciones de la sociedad civil y con la red de albergues y casas de asistencia que acogen a personas refugiadas en México.
Abordaron, además, los esfuerzos para desarrollar una respuesta regional coordinada ante un creciente número de personas solicitantes de la condición de refugiado, en particular a la llegada de flujos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.
En ese sentido, identificaron maneras de fortalecer la capacidad para informar y atender a los extranjeros solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado o medidas complementarias.
Al respecto, se asumió el compromiso de difundir en la región la posibilidad de solicitar el reconocimiento a la condición de refugiado en México, de manera que se cuente con información clara sobre el procedimiento para solicitarlo, así como sus alcances, previo a la llegada al país.
Compartieron la preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes y refugiados que son objeto de medidas de seguridad enfocadas en una parte de la población o que criminalizan a ciertos grupos, y van en contra de las normas internacionales de derechos humanos.
