Objetivo. La intención es que Tomás Zerón reciba una sanción penal y no sólo administrativa como resuelve la Visitaduría.
El movimiento de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa busca por la vía del amparo que se le finquen responsabilidades penales a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por la diligencia realizada en el río San Juan.
Los padres y su grupo de abogados interpusieron un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México, radicado bajo el número 195/2017, contra la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que deslinda de responsabilidades graves a Tomás Zerón.
"Queremos decirle que no permitiremos que nuestro caso quede en la impunidad y exigiremos que los órganos de control apliquen la ley a los funcionarios corruptos", informó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas.
En días pasados, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que la investigación de la Visitaduría de la PGR identificó faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal.
Señaló que las faltas administrativas por la diligencia en el río San Juan habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios; sin embargo, los padres de los normalistas buscan una acción penal y no administrativa contra Zerón de Lucio.
En un comunicado fechado el 1 de marzo, la ONU-DH expresó su preocupación por las conclusiones de la Visitaduría de la PGR y pidió transparencia en la investigación.
Un grupo de alrededor de 30 personas, entre familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes, se instaló frente a los juzgados administrativos en la colonia Tlacopac, para exigir que se les admita este amparo.
La intención es que Tomás Zerón reciba una sanción penal y no sólo administrativa como resuelve la Visitaduría por presuntamente haber alterado evidencias en las diligencias realizadas en el río San Juan.
Luego de algunos minutos de manifestación se permitió la entrada a un comité de 18 personas, encabezado por el abogado y vocero de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales.
"No compartimos, no estamos de acuerdo (con la resolución), porque consideramos que hay los suficientes elementos para fincarle responsabilidad penal a esta persona, para llevarla a la cárcel", comentó el litigante.
