El registro nacional de presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que actualmente existen alrededor de 4 mil 200 de estas obras.
De acuerdo con su uso principal (algunas son multipropósito) las más grandes pueden agruparse de la siguiente manera: 582 para riego, 42 para generación de electricidad, 38 para suministro de agua potable, 30 para control de cauces y 13 para usos recreativos y piscícolas.
Entre los años 2008 y 2017 se plantea construir otros treinta proyectos que se encuentran en diferentes etapas: identificación, gran visión, prefactibilidad, factibilidad y diseño, así como proyectos de ampliación y modernización.
Desde el año 2003, numerosos pueblos y organizaciones sociales de México se han agrupado para denunciar y visibilizar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de los pueblos provocadas por la imposición de presas.
Entre ellas resalta, según las denuncias: el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185,000 personas; la violación del derecho a la información y a la participación de los afectados; la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos; el desmembramiento de los territorios; el derecho a la vivienda; el derecho a conservar las formas tradicionales de vida.
Además, en la medida en que se pierde el acceso a los ríos y que la mayoría de las comunidades se dedica a la agricultura y la pesca (incluso para el autoconsumo) se generan violaciones a los derechos de acceso al agua, al trabajo y a la alimentación; y cuando hay procesos de organización para resistir a la construcción de presas se asiste a numerosos actos tendientes a la criminalización de la protesta social.
Ante este panorama, los pueblos afectados sostienen que no encuentran una adecuada respuesta por parte de las autoridades nacionales, por lo que se busca presentar ante tribunales, incluso internacionales, las denuncias para que sean analizadas con detenimiento y con base en el derecho de los pueblos y, de ser el caso, se logren recomendaciones para contribuir a que cesen las violaciones mencionadas, se reparen los daños causados y se identifique a los culpables.
Desde la posición del Estado mexicano la construcción de presas suele asociarse con ideas como "desarrollo", "crecimiento económico" o "bienestar general", así como con los beneficios que genera la inversión pública e interés nacional por lo que se justifica la expropiación y afectación de la propiedad rural, principalmente de origen social como los ejidos y las comunidades indígenas.
Sin embargo, el problema es más complejo. Más allá del "bienestar general" y del derecho al desarrollo de los pueblos, se observa que la construcción de presas está asociada con la existencia de una serie de intereses económicos y políticos. Por un lado, están los principales beneficiados con las presas: las élites económicas nacionales y transnacionales que impulsan inversiones inmobiliarias y turísticas, así como cultivos de exportación e industrias que requieren de altos consumos de agua y energía. La obra hidráulica o hidroeléctrica es el medio para valorizar sus inversiones: con el argumento de utilidad pública se justifica por lo tanto -con mucha frecuencia- la afectación de los territorios. Ello se traduce en el control y apropiación privada de recursos naturales estratégicos como el agua, el suelo y la energía. Para lograr este fin, los promotores del proyecto (estatales y privados) se apoyan en las estructuras de poder y control caciquil en las regiones y establecen relaciones clientelares con los afectados, es decir, prometen dádivas a cambio de su anuencia para la afectación de sus territorios. Además de que se violentan los derechos humanos así como la legislación ambiental, agraria, energética e hídrica.
Se vive en México, por lo tanto, un proceso para revisar en tribunales el impacto de la construcción y operación de presas.
@kardenche
