El error en virtud del cual, la presidenta del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila declara a la prensa nacional que en el proceso interno para elegir candidato a gobernador se utilizarían cuatrocientas mil boletas y al final resulta ungido Miguel Riquelme con más de quinientos mil votos, revela la realidad que impera en las filas del PRI de los Moreira.
La desesperación no es para menos, Riquelme tiene en la frente la señal de los hermanos Caín, y lejos de avizorarse una solución al rechazo en su contra, la amenaza del colapso es cada vez mayor.
Y es que no pasa una sola semana sin que estalle un escándalo o se produzca un nuevo hallazgo de fosas clandestinas y desvío de recursos públicos en Coahuila, en una secuencia de acontecimientos tan nutrida y vertiginosa, que no alcanzamos a procesar ni con la mente ni con el estómago. La semana pasada gracias al tesón de familiares de personas desaparecidas, fue descubierta en el Ejido Rancho Alegre un nuevo entierro de restos humanos, que vuelve a colocar en un primer nivel de atención el miedo sembrado durante estos últimos once años.
En el tema de la corrupción, un encontronazo reciente de la oposición y el gobierno de Moreira en el Congreso Local obliga a la Secretaría de la Controlaría de Coahuila a informar sobre los resultados de las denuncias existentes con motivo de la megadeuda y a despecho de los nulos avances en cuanto a su esclarecimiento, en medio de la opacidad aparece también la semana pasada un resultado colateral según el cual, en el año de 2009 una dependencia del Estado, la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila, (Pideco) realizó sin justificar transferencias de dinero público a un banco de California, a favor de una empresa norteamericana.
Respecto a estas transferencias bancarias, la Procuraduría de Justicia de Coahuila asegura haber presentado tres denuncias que corresponden a igual número de transacciones ilícitas sin embargo, como es costumbre la Procuraduría no informa sobre el monto del dinero transferido y demás pormenores que son esenciales para evaluar los resultados de la investigación, y pretende justificar haber dado carpetazo al asunto con el pretexto de que el titular de la dependencia falleció en enero de 2016.
La excusa dada por la Procuraduría es inadmisible, porque el delito de malversación de dinero que implica un origen y un destino del numerario, supone por sentido común la participación de uno o más cómplices y es tan importante el señalar al responsable de la disposición ilícita de origen que en el caso sería el funcionario fallecido, como la identidad del destinatario al que llegó el dinero robado.
Otro de los escándalos de esta semana, consiste en que las autoridades del vecino Estado de Texas remataron el jueves pasado una casa propiedad de la suegra de Humberto Moreira ubicada en la ciudad de San Antonio, Texas, cerrando un episodio más de las investigaciones de lavado de dinero sustraído de las arcas del Estado de Coahuila, que las autoridades mexicanas se empeñan en ignorar a pesar del clamor social en contrario y del hecho de que hasta el momento las autoridades texanas han recuperado bienes y efectivo cuyo monto sobrepasa los treinta y tres millones de dólares que son del erario público.
Los casos mencionados con antelación explican con sobrada razón el repudio de los coahuilenses a la continuidad del Moreirato sin embargo, el error de cómputo que el domingo pasado puso de manifiesto la debilidad del régimen durante las elecciones internas del PRI, revela también que el grupo en el gobierno no se someterá fácilmente al mandato del pueblo ni entregará gratuitamente el poder y por el contrario, recurrirá a todas las formas imaginables de fraude para mantener el control y el mando.
En el marco de las elecciones para relevar el gobierno local, los acontecimientos cuyo comentario nos ocupa ponen en manos de los coahuilenses decidir el tipo de gobierno que queremos para los próximos seis años, entre la continuidad del Moreirato y la alternativa de del cambio.
