El juez federal James Donohue desestimó la petición de los abogados de Ramírez Medina y dispuso que el caso continúe con una audiencia de argumentos orales para el 8 de marzo próximo. (ARCHIVO)
Un juez federal rechazó convocar a una audiencia para la libertad inmediata del joven mexicano Daniel Ramírez Medina, el primer “soñador” arrestado por la administración del presidente Donald Trump.
El juez federal James Donohue desestimó la petición de los abogados de Ramírez Medina y dispuso que el caso continúe con una audiencia de argumentos orales para el 8 de marzo próximo, como está programado.
Los abogados del inmigrante de 23 años de edad habían solicitado al juez se programara una audiencia para la libertad inmediata bajo fianza de su defendido, aduciendo que hubo numerosas irregularidades en su detención.
Los mismos abogados sustentaban que Ramírez Medida está protegido por el programa federal DACA, para traídos por sus padres en edad temprana.
“La corte no encuentra bases para acelerar una audiencia que ya está programada para argumentos orales”, replicó el juez magistrado.
Ramírez Medina, quien no tiene antecedentes criminales, fue detenido el pasado 10 de febrero cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés -Inmigration and Customs Enforcement) incursionaron en su domicilio para detener a su padre indocumentado.
Los agentes explicaron que el arresto del joven “dreamer” –o "soñador"- se reforzó luego de que reconoció haber tenido vínculos con pandillas, pero sus abogados han denunciado que los cargos fueron prefabricados por los agentes.
Los abogados acusan violación constitucional contra Ramírez Medina, quien se encuentra junto a pandilleros en un centro de detención para migrantes en el estado de Washington.
Los defensores aseguran que el ICE “realizó una campaña deliberada y discriminatoria contra Ramírez Medina por su estatus de mexicano y por tener un tatuaje”.
“Ninguna de estas dos cosas son ilegales en Estados Unidos”, agrega el documento que asegura que los cargos fueron inventados por los agentes.
El gobierno de Estados Unidos alegó que el joven confesó “andar con pandilleros” y usó un tatuaje que incluye las letras “La PAZ, BCS”, para alegar que está con pandillas y por tanto debe perder su estatus de Acción Diferida y ser deportado.
Pero los abogados que defienden al muchacho alegaron la pasada semana en tribunales que el gobierno “no presentó ninguna prueba de su afiliación a una pandilla”.
Según los abogados, el gobierno no tenía la autoridad para arrestar al joven, que estaba durmiendo en su recámara cuando el ICE llegó a la casa a buscar a su papá, quien tenía una orden de deportación.
