La aprobación con 303 votos de priistas, panistas y afines de una reforma que borra de la escena la tabla actual para determinar enfermedades susceptibles de incapacidad laboral ha provocado una ola de indignación en las redes sociales al considerar que se vulnera desde un ángulo los derechos de los trabajadores y desde otro el del Instituto Mexicano del Seguro Social para tasar grados de riesgo
La aprobación se dio bajo el argumento de que la lista no se había actualizado desde 1970, lo que la deja ayuna del nuevo escenario en que la tecnología se vuelve clave en una la producción mecanizada.
El nuevo escenario lo planteará ahora, con posibilidad de actualización permanente, la Secretaría del Trabajo vía la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que participan patrones y trabajadores, en este caso los sindicatos tradicionales de filiación priista.
De acuerdo a la ley que lo regula, el organismo realiza investigaciones y estudios necesarios conforme al avance de la medicina del trabajo, a fin de actualizar las tablas de enfermedades y la valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.
El ruido lo provocó el que bajo la reforma turnada al cernimiento del Senado, se coloca a los patrones en calidad de juez y parte, rechazada una propuesta de Morena para que en tal caso la tabla la elaboren instancias neutrales como las universidades y centros de investigación.
A juicio de la fracción legislativa de ese partido, en el terreno práctico, aun cuando las incapacidades eventuales se plantearan por enfermedades incluidas en la tabla, su monto equivaldría a 50% del salario diario de un trabajador.
En el caso de las permanentes, se podría llegar a una reducción drástica de los porcentajes del salario a que se tiene derecho. Así, si actualmente un trabajador que pierda un dedo pulgar en accidente laboral recibe una pensión de 40% a 45% de su salario, ahora ésta podría bajar a la mitad o menos.
Naturalmente, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social tasa las primas por riesgo de trabajo en función de la tabla, con la actualización podría sufrir una grave merma en sus ingresos.
Desde 2012, al impacto de la reforma laboral, se había suprimido la tabla de evaluación para ubicar cuáles enfermedades reclaman incapacidad total o permanente, fijando en tal caso el porcentaje en salario al que equivaldría la pensión.
El asunto provocó mayor sorpresa, dado que quien impulsó la reforma fue la diputada priista Georgina Zapata, presidenta de la Comisión del Trabajo, quien es hija del secretario general de la Federación de Trabajadores de Chihuahua, apéndice de la CTM, Jorge Doroteo Zapata García.
De darle el Senado luz verde a la minuta habrá un período de transición para que la Comisión Mixta emanada de la Secretaría del Trabajo expida la nueva tabla.
El plazo es de seis meses.
La reforma, empero, mantiene vigente el artículo 155 de la Ley Federal del Trabajo en el que se le otorgan facultades al Presidente de la República para que promueva ante el Poder Legislativo una adecuación periódica de las tablas de enfermedades.
Naturalmente, esto abre una coyuntura para que los sindicatos independientes pudieran ampararse contra el nuevo marco, alegando confusión.
La pregunta es si era oportuno arrojar combustible a la pradera seca.
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina, al impacto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios a bebidas azucaradas se ha inhibido drásticamente su consumo.
Sin embargo, para el Consejo Nacional de la Industria de Alimentos y Bebidas (ConMéxico), el consumo se ha intensificado, quedando como el gran vencedor el fisco.
Aunque durante la puesta en escena del tributo, es decir, en 2014, se cayó la venta en 1.9%, al año siguiente se estabilizó, para empezar a crecer a ritmo de 1.6% anual.
Antes del gravamen el crecimiento era de entre 1.5% y 2%.
Ahora que en el camino la Secretaría de Hacienda incrementó el año pasado la recaudación en 9.1%, para llegar a 23 mil millones de pesos.
Sumados los 21 mil de 2016, 17% más que el año previo, y los 19 mil de 2014, la recaudación del tributo alcanza 63 mil millones… equivalentes al PIB de un país como Belice, ubicado en la frontera con Quintana Roo.
El razonamiento es simple: los impuestos no son la vía para modificar hábitos de consumo.
Según la agencia de publicidad Circle, durante el año pasado los medios digitales tuvieron un espectacular crecimiento en sus ventas alcanzando una facturación de 76 mil millones de pesos.
Sin embargo, a juicio de su directora, Alejandra Jiménez, aunque los sitios de internet tienen la mayor demanda, no se puede soslayar a los medios tradicionales en las estrategias de posicionamiento.
En concordancia con el escenario actual, las grandes agencias o centrales del ramo están obligadas a generar estrategias para optimizar los recursos, lo que exige mayor rigor en las investigaciones de mercado.
A pesar de las denuncias planteadas por decenas de damnificados, se mantiene invicta la empresa Grupo Comercializador Productivo encabezada por Eurisaces Ibarra Mercado, quien compromete recursos de particulares y aún de bancos en proyectos mineros que nunca detonan.
Con los planos de supuestas vetas en la mano, el individuo logra vender porcentajes de capital para subir socios a un barco que se queda anclado.
El anzuelo plantea la recepción casi inmediata de jugosos rendimientos… que se convierten en carretadas de bilis.
CRECE GINGROUP
La más dinámica empresa de outsourcing en el país, GINGroup, encabezada por Raúl Beyruti Sánchez, acaba de adquirir la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Dinse.
La adquisición apunta a financiar los servicios de administración integral de nómina y facilitar préstamos a los 125 mil trabajadores y empleados que participan en las tercerías de diversas empresas.
La intención, además, es transformar a la intermediaria en una Sociedad Financiera Popular, como paso para convertirse en banco.
Hace siete años GINgroup había adquirido la Sofom Financial Business Mexico.
PEGAR DONDE DUELE
Aunque pareciera difícil que lo apruebe el pleno, el Senado aceptó un punto de acuerdo planteado por el legislador independiente Armando Ríos Piter, en que se exhortaría al gobierno a cambiar de ruta en la compra de maíz amarillo para apuntar a Brasil y Argentina, lo que en el terreno práctico implicaría una probadita a Estados Unidos de lo que sería una guerra comercial.
El país del norte no tiene más mercado que el nuestro para el producto.
