La organización defensora de los derechos humanos ACCEDER pidió hoy a las autoridades de Costa Rica practicar un aborto terapéutico a una menor de 13 años que tiene dos meses de embarazo producto de una violación de su padre.
La abogada de ACCEDER, Larissa Arroyo, declaró hoy a Efe que la legislación costarricense permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la madre se encuentran en riesgo, como considera que sucede en este caso.
"Ella es una víctima de violencia sexual e incesto. Hay que ver lo que esto implicará en el proyecto de vida de la niña, el trauma emocional que le provocará cargar con un hijo que es de su propio padre", manifestó Arroyo.
El Canal 6 de la televisión local emitió un reportaje en el que dio a conocer este caso e informó que desde el 27 de enero pasado hay una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de Limón (Caribe) en contra del padre de la menor, un hombre de 49 años de edad.
La menor cumplió 13 años este mes y según su madre, cuya identidad fue protegida por el medio de comunicación, la niña se encuentra en tratamiento psicológico por las secuelas que está sufriendo.
Según la denuncia, la niña fue violada cuando fue junto a su hermano, también menor, a visitar a su padre en la localidad de Matina, provincia de Limón.
Aparentemente el hombre también amenazó de muerte a la familia para que no le denunciaran.
"En Costa Rica tenemos una norma legal explícita que permite interrumpir el embarazo para evitar riesgos a la salud y la vida, de la madre. No obstante en los servicios de salud se interpreta que el único caso válido para interrumpir el embarazo es cuando la vida está en riesgo. Es una costumbre institucional", comentó Arroyo.
El artículo 121 del Código Penal costarricense señala que "No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios".
Este es el único tipo de aborto legal en Costa Rica.
Para Arroyo, la salud física y mental de la menor se encuentra en peligro, ante lo que instó a las autoridades de salud del país a practicarle el aborto terapéutico.
La abogada también hizo un llamado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para que velen por el interés superior de la niña en su condición de víctima de incesto.
Arroyo, cuya organización está dispuesta a brindar acompañamiento legal a la menor y su familia, afirmó que están siendo vulnerados los derechos de la niña a la salud, a la vida personal y al de no discriminación.
"Obligarla a llevar este embarazo, que no desea, es también un trato cruel, inhumano y degradante. Ella tiene el derecho a vivir libre de violencia", expresó.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que entre 2014 y 2015 se han contabilizado 29 embarazos en niñas entre los 10 y los 13 años.
