En la columna anterior comentábamos la importancia de que los candidatos a alcalde de Torreón se manifestaran sobre el posible esquema o modelo de gobernanza local que puede surgir de la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana, elaborado por regidores del actual Cabildo y sometido a consulta en un foro realizado en la Universidad Iberoamericana. Al respecto mencionamos la conveniencia de que esa consulta se ampliara y profundizara en virtud de que con esta normativa se definirán los mecanismos institucionales que regirán la relación entre los gobernantes y los ciudadanos torreonenses.
Valdría la pena comentar imaginando las implicaciones que tendría la aprobación e implementación de algunos de los instrumentos contemplados en dicho proyecto de reglamento, es el caso del Presupuesto Participativo. Este es definido en el artículo 34 del proyecto de reglamento como "el mecanismo mediante el cual los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, en foros públicos con los integrantes del Cabildo y los funcionarios de la Administración Pública Municipal. Los resultados de los foros no serán vinculatorios para la Administración Pública Municipal".
Sobre el Presupuesto Participativo una de las preguntas que surgen es ¿cuál sería el mejor mecanismo de participación ciudadana que involucre a los torreonenses en la identificación, selección, aprobación, implementación, supervisión y evaluación del gasto público en el municipio durante los tres años que gobernará el alcalde? ¿hasta dónde debe ser vinculante dicho mecanismo desde la primera hasta la última de las fases señaladas? o, en otras palabras, ¿cómo se presentaría la participación ciudadana en un aspecto clave como es la definición y el ejercicio del gasto público, en el que algunos gobernantes y la propia imagen del gobierno (local estatal y nacional) ha perdido la confianza de una gran parte de los ciudadanos?
En síntesis, ¿qué modelo de gobernanza local sería el adecuado para que el ejercicio de gobernar en general, y en particular el del gasto público, sea lo suficientemente transparente para recuperar esa confianza? La incorporación de mecanismos institucionales como el Presupuesto Participativo que cubra todas las fases señaladas es un elemento que debe ampliarse y profundizarse en el Reglamento de Participación Ciudadana que apruebe el Cabildo.
Un aspecto laxo que presenta la propuesta de Presupuesto Participativo es el carácter no vinculante de los acuerdos que surjan de los foros temáticos organizados como los espacios que el gobierno municipal abre a los ciudadanos para que se involucren; en él se indica que las relatorías que surjan de los foros temáticos serán valoradas por el Cabildo, siendo esta la instancia que selecciona los proyectos o acciones que se aprobarán y el alcalde estará obligado a considerar en su programa de gobierno.
Tal parece que debe existir un filtro conformado y supervisado por los regidores y/o el Implan y organismos de la sociedad civil, que no sólo convoque y coordine los foros temáticos, sino que procese los productos de estos basándose en la relatoría, y algún mecanismo de construcción de consensos sobre las prioridades que deban atenderse durante el trienio que les corresponde gobernar, la definición última de la planeación y el ejercicio del gasto público hasta la evaluación de los recursos aplicados, proceso que sea público con amplia difusión para que los ciudadanos compartan una agenda local de desarrollo del municipio y que dicho proceso no se base únicamente en los arreglos o entendimientos de hecho que surgen entre los gobernantes y los grupos de interés que desean acceder a los recursos públicos.
La controversia que surge de esos arreglos es un aspecto clave que ha minado la confianza ciudadana en sus gobernantes, podríamos decir que sean del partido que sean, los hechos indican que es necesario definir mecanismos institucionales que regulen la relación entre gobernantes y gobernados. Para que la confianza se recupere es indispensable conciliar el interés de esos grupos con el de los ciudadanos, que los gobiernos locales funcionen con base a políticas ciudadanas donde prioricen el interés público sobre el privado, pero que también éste sea un actor con una actuación que ocurra con reglas claras y no que determinados funcionarios públicos le condicionen el acceso a los recursos públicos mediante actos de corrupción.
La relación entre gobernantes y gobernados debe incluir este tipo de instrumentos como el Presupuesto Participativo, pero lo cierto es que las instancias y mecanismos institucionales actuales no han posibilitado reestablecer la confianza de los segundos a los primeros.
Sin especificar hechos particulares que soporten lo anterior, debemos aceptar que el vacío o la existencia de mecanismos insuficientes en esa relación nos lleva a insistir en que se debe precisar el modelo de gobernanza local que muestre una avance democráticos en una municipalidad, una mejor gobernanza posibilita una mejor gobernabilidad, porque ésta depende de la confianza que los ciudadanos expresen a sus gobernantes y del consenso que se tenga de sus actos de gobierno. La legitimidad de un gobierno se mide en la aceptación que los ciudadanos tienen de él.
