El primer memorando, sobre control migratorio interno, establece siete categorías de indocumentados considerados prioridades de deportación.
Millones de indocumentados en Estados Unidos están en riesgo de ser deportados después de que la Administración del presidente Donald Trump ampliara en dos memorandos las categorías consideradas como prioridades de expulsión de migrantes.
El primer memorando, sobre control migratorio interno, establece siete categorías de indocumentados considerados prioridades de deportación, las cuales suponen una ampliación del universo de deportables previo.
"El Departamento debe dar prioridad a extranjeros deportables que (...) hayan cometido actos que pueden ser motivo para ser 'acusados' de una ofensa criminal", dice el memo firmado por el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly.
A pesar de que el presidente Trump insistió en su campaña presidencial que buscaría enfocarse en deportar sólo a personas con crímenes graves -como asesinato, violación o venta de drogas- el detalle del documento es sumamente general y podría englobar a todos los 'sin papeles'.
Ayer sin embargo, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió la medida asegurando que el universo máximo de personas afectadas sería de alrededor de 1 millón, todos con récord criminal probado.
Sin embargo, la medida ha provocado críticas de defensores de los derechos de migrantes.
"Con estos memos, el DHS está transformando el control migratorio en una forma que es contraria a los valores de Estados Unidos y a nuestro compromiso histórico con la justicia", dijo William A. Stock, el presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) por dicha provisión.
En un segundo memorando, sobre control fronterizo, Kelly amplía también el universo de indocumentados que pueden estar sujetos a expulsión inmediata del país, ya que incluye a todos aquellos que en presencia de un oficial de inmigración no demuestren haber estado más de dos años en el país.
Antes, la práctica de expulsión inmediata -que permite la deportación de un indocumentado hasta en menos de 24 horas sin pasar por un juez de inmigración- estaba limitada a aquellos en los estados contiguos a las frontera, así como a indocumentados que llevaran menos de 14 días en Estados Unidos.
Para la oposición demócrata y los grupos de defensa de los inmigrantes, los dos memorandos constituyen una política de deportación masiva con el potencial de destruir familias inmigrantes aún cuando 750 mil jóvenes indocumentados, los dreamers, no fueron señalados en los documentos.
"El presidente Trump no tiene la última palabra en esto. Las Cortes y el público no permitirán que esta 'Pesadilla Americana' se vuelva una realidad", dijo ayer Omar Jadwat, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que podría presentar una demanda en las Cortes.
EMPEZARÁ EL MURO EN TRES PUNTOS CLAVE
El Gobierno de EU quiere empezar la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos de El Paso, Texas, Tucson, Arizona y El Centro, California y pagarlo con dinero aprobado por el Congreso, según informó el DHS.
Estos enclaves hacen frontera con las ciudades de Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora) y Mexicali (Baja California), respectivamente.
"Hemos identificado las posiciones alrededor de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) para construir un muro en las áreas en las que las vallas o las zanjas ya no son efectivas", apuntó el DHS en un memorando sobre inmigración.
En el año fiscal 2016, la Patrulla Fronteriza realizó 408,870 detenciones de indocumentados en el límite sur, 64,891 de ellas en el área de Tucson (la segunda con mayor actividad solo por detrás del Río Bravo), 25,634 en la de El Paso y 19.448 en la de El Centro.
El departamento liderado por el general retirado John Kelly también ha pedido a la Patrulla Fronteriza que "identifique áreas prioritarias para construir un muro donde ahora no exista en la frontera".
