La liberación del exalcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, confirma los vicios señalados en el informe titulado "En el desamparo", publicado el año pasado y elaborado por un grupo de investigadores del Colegio de México encabezados por Sergio Aguayo, que revisa el actuar de las autoridades en el caso de la masacre cometida en ese municipio del norte de Coahuila entre el 18 y 20 de marzo de 2011. Esos vicios se han convertido en los obstáculos que han impedido reconstruir no sólo lo sucedido en Allende, sino en las otras regiones del estado que fueron golpeadas por una acción criminal sin precedentes. Sin esa memoria es difícil hacer sanar las heridas y evitar que las tragedias se repitan.
Lozano fue detenido por agentes estatales el 17 de noviembre de 2016, cinco años y ocho meses después de ocurridos los hechos. Fue acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila del delito de secuestro agravado en el contexto de una desaparición masiva de personas. El exalcalde fue ingresado al penal estatal de Piedras Negras en espera de juicio. El 20 de noviembre fue dictado el auto de formal prisión. El viernes 10 de febrero pasado, el juez de la causa ordenó el auto de libertad por falta de elementos para vincularlo a proceso. Ese mismo día, Lozano Rodríguez salió del penal de Piedras Negras. El caso de la Procuraduría se cayó, y la reacción de la autoridad no se hizo esperar. La oficina que encabeza Homero Ramos Gloria manifestó públicamente su inconformidad por la resolución del juez y adelantó que fortalecerán los medios de prueba para solicitar una nueva orden de aprehensión.
Desde el principio, el caso Allende, como los de las otras tragedias que se presentaron en Coahuila entre 2010 y 2013, mostró deficiencias en su conformación. El informe citado al inicio describe lo que bien pudiera considerarse un catálogo de malas prácticas ministeriales, aunque reconoce la voluntad del gobierno estatal actual de encarar la tragedia. Entre las deficiencias menciona la lentitud en la integración de las averiguaciones y la debilidad de las investigaciones, las cuales privilegian las declaraciones -la mayoría de ellas contradictorias en sí mismas y entre sí-, en detrimento de las pruebas científicas, inspecciones de campo detalladas y los muestreos sistematizados. En resumen, las autoridades trabajan más para fabricar culpables que para dar con los responsables y saber exactamente qué fue lo que pasó, un vicio que -hay que decirlo- no es exclusivo de la entidad.
Bajo esta lógica, no resulta extraño que el exalcalde de Allende haya sido liberado. Según el juez, la Procuraduría simplemente no presentó pruebas suficientes para continuar el proceso. Tampoco resulta extraño que hasta ahora no se haya inculpado o procesado prácticamente a ningún funcionario o exfuncionario estatal o federal, sólo a agentes municipales a los que se les ha señalado por actuar en complicidad con los criminales que llevaron a cabo la masacre. Misteriosamente, "nadie" en las policías estatales y federales, ni en las Fuerzas Armadas, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y es en buena medida esta falta de pericia, celeridad y pulcritud en el manejo de la investigación, lo que ha impedido construir una memoria de lo que sucedió en Coahuila durante aquellos aciagos años.
Es por ello que ante los vacíos de la autoridad en este y otros casos, es digno de todo reconocimiento el esfuerzo que ha emprendido el Centro de Investigación Institucional y el departamento de Humanidades de la Ibero Torreón para echar a andar el proyecto "Memoria Coahuila", el cual tiene como objetivo documentar "la mayor cantidad de acontecimientos vividos en la sociedad" durante el período 2006-2015, es decir, los años de la violencia. Documentar "como una forma de entender y explicar nuestro presente y avizorar nuestro futuro", se lee en la justificación del proyecto.
De alguna manera es lo que han venido haciendo y empujando las organizaciones como Fuundec y Vida, quienes no han cesado, a pesar de su dolor, de buscar a sus familiares desaparecidos y de averiguar qué fue lo que ocurrió. Las búsquedas emprendidas por estas incansables y admirables personas han derivado en hallazgos relevantes lo mismo que escalofriantes. Al día de hoy, sin tener la certeza aún de cuántos coahuilenses desaparecieron o murieron en masacres como la de Allende, han sido encontrados 26,000 restos óseos en cuatro campos distintos. Se desconoce a cuántas personas pertenecen, pero el hecho de que recientemente hayan podido ser identificados ocho perfiles distintos a partir de una muestra de 250 fragmentos, nos da una idea de la dimensión del hallazgo.
Para construir esta memoria, debemos partir de la realidad de que gobierno y sociedad, medios incluidos, nos vimos rebasados y pasmados ante un fenómeno nunca antes experimentado, al menos en la historia reciente de la entidad. Debemos reconocer además que esa memoria es necesaria para reconstruir, sancionar, encontrar, sanar, pero sobre todo, para evitar que se repita en estas tierras una tragedia así. Y este es un trabajo que no ha podido ni podrá hacer la autoridad por sí sola. El esfuerzo de la sociedad es obligado.
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