Desde el sexenio de Luis Echeverría se convirtió en una mala costumbre del gobierno de la República consentir a su burocracia con prebendas extraordinarias, principalmente por la presión que ejercen los sindicatos oficiales y que las administraciones no se han decidido enfrentar, ya sea por temor o conveniencia.
La semana pasada se dieron a conocer números que indican que este vicio se sigue cometiendo. En 2016 el gobierno federal gastó 29,170.4 millones de pesos el fiestas y premios para tener contenta a la burocracia. Ese dinero, cada centavo, provino del erario, es decir, del bolsillo de los ciudadanos contribuyentes.
En la nota publicada en este diario se da cuenta de que los casi 30,000 millones de pesos se fueron para los festejos de todas las fechas especiales del calendario como el Día de la Madre, Día del Niño, Día de Reyes, además de premiar la puntualidad y asistencia de los trabajadores del Estado. Esa cantidad equivale a poco más que el Presupuesto de Egresos del Estado de Durango para 2017.
Sólo por poner un ejemplo, para festejar a los burócratas de las distintas oficinas y dependencias federales en el Día de Reyes, que se celebra con la tradicional rosca, se erogaron 231.4 millones de pesos, cantidad con la que pudieran construirse tres complejos deportivos y culturales como el de la Jabonera en Torreón.
Pero no es todo. El gobierno federal, además del salario, premia a sus empleados por asistir a trabajar, lo cual cuesta 10,099 millones. Para motivarlos a que lleguen a tiempo, gasta 10,885 millones, recurso con el cual pudieran construirse 26 hospitales generales como el de Torreón.
Llama la atención que estos gastos evidentemente superfluos se dieron incluso en medio de un programa de austeridad lanzado desde 2015 por la Secretaría de Hacienda y motivado por la caída de los precios del petróleo y la depreciación del peso, y luego de los recortes al gasto federal que, por lo visto, no toca los intereses de la burocracia y los acuerdos con sus sindicatos.
Además, esta información se da a conocer en el contexto de un aumento del malestar y temor ciudadano por el llamado gasolinazo, el incremento de insumos, una espiral inflacionaria que no se había experimentado en dos décadas y la amenaza de los efectos económicos de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Pero no sólo se trata de un asunto de sensibilidad de parte del gobierno federal. Mientras que el grueso de los ciudadanos sufre para salir al paso con los gastos cada día, la burocracia se ha convertido en una clase social de facto ajena a la problemática que vive el país gracias al erario con el que se cubren incluso sus divertimentos.
Si a lo anterior se suma que la gran mayoría de los sueldos y prestaciones del aparato burocrático están muy por encima de lo que percibe el ciudadano promedio y no corresponden a la realidad social y económica del país, se vuelve más urgente y necesario que se legisle para ajustar el gasto corriente de los gobiernos a niveles prudentes. De no hacerse, el divorcio entre gobierno y sociedad continuará ahondándose.
