La megamarcha de organizaciones ciudadanas celebrada el domingo pasado en la ciudad de Torreón, Coahuila, cumplió los pronósticos optimistas que respecto a dicho evento fueron previstos y anunciados.
La afluencia de participantes medida en términos de cantidad no tiene precedentes en nuestra ciudad en los últimos once años, en que el moreirato ha impuesto una camisa de fuerza a la participación ciudadana que en medio de un ambiente contaminado por altos índices delictivos, ha sido hostigada y ninguneada como nunca se había visto en nuestra ciudad y estado, desde la época de la Revolución Mexicana.
En cuanto a la calidad los resultados del evento éstos superaran las expectativas previamente alentadas, porque los participantes de la marcha hartos de los malos gobiernos, por primera vez en mucho tiempo respondieron a la convocatoria de organizaciones ciudadanas que hasta hace poco parecían predicar en el desierto y que hoy ofrecen sus primeros frutos,
Tal es el caso de Participación Ciudadana 29 que surgió hace cinco años como un pequeño grupo de personas que se organizaron en torno a una exigencia en virtud de la cual, han estado interpelando al Gobierno de Coahuila en el área de rendición de cuentas a partir del megarrobo que supone la deuda pública contraída, ocultada y legitimada desde la opacidad y el fraude a la ley.
PC 29 ha transitado desde la obscuridad a la que dicha asociación ciudadana fue condenada por una política represiva de silencio en la mayor parte de los medios de comunicación, para estallar en la plaza pública en la fiesta cívica del domingo cuyo comentario nos ocupa.
Otro es el ejemplo de Renacer Lagunero cuya propuesta ha transcurrido desde la base social a través de medios académicos regionales, a partir de los cuales la agrupación ha generado una agenda de muy amplio espectro desde lo local. La agenda referida abarca en su totalidad la temática social y política en la Comarca Lagunera y es muy probable que para cumplir con su contenido, la respuesta a la convocatoria que se acaba de concretar en la calle se convierta en red social permanente que actuará para bien de nuestra vida pública.
Por eso era de esperarse que al llamado inicial a participar en la marcha, se hayan sumado otras organizaciones ciudadanas y grupos más o menos formales de lucha social que se estiman en un número aproximado de veinte colectivos, unidos en un denominado Frente Ciudadano. El propósito de este esfuerzo de unidad demanda de nuestras autoridades transparencia y rendición de cuentas, y condena la corrupción generalizada a la que el propio presidente Enrique Peña Nieto ha llegado al colmo de tratar con indulgencia, al considerarla fenómeno cultural.
Uno de los grandes factores de éxito de la labor que es objeto de comentario, deriva del acierto con el que los convocantes han aterrizado sus justos reclamos desde el concepto abstracto que implica la lucha contra la corrupción y la impunidad en general, para concretar su lucha en el combate en contra de las raterías específicas en que en el día a día, incurren nuestros malos gobernantes.
A ello corresponde el botón de muestra que ofrece el descubrimiento durante la semana pasada, de una bodega clandestina en el que estaba escondido un parque de apoyo material surtido por la Secretaría de Gobernación a nivel federal, a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Estos bienes consistentes en despensas, cobijas, ropa y otros productos de primera necesidad debieron ser entregados para aliviar los daños causados a familias vulneradas por las lluvias atípicas que azotaron nuestra ciudad y región el año pasado y sin embargo, se encuentran almacenados y escondidos por razones que a falta de justificación alguna por parte de la autoridad en sus tres niveles de gobierno, conducen en forma inevitable a la sospecha de que se pretende utilizarlos a favor de los candidatos del PRI en la compra de votos y conciencias, durante el proceso electoral que se encuentra en curso.
La exigencia que hacen las organizaciones del Frente Ciudadano y que como tal debe ser apoyada por todos coahuilenses es obvia: que se realice una investigación seria que determine la identidad de los responsables del robo y ocultamiento de los bienes públicos descubiertos y se les lleve a la justicia.
