Vista desde la perspectiva de los principales partidos políticos contendientes y sus aliados, la elección del domingo 4 de junio de 2017 ofrece sólo dos caminos posibles: continuidad o alternancia. Ciertamente el triunfo del candidato de la alianza que encabeza el PRI representaría no sólo la prolongación por seis años del dominio de este partido sobre la entidad, sino la permanencia del régimen moreirista que está por cumplir la docena de años. De igual forma, el triunfo del candidato de la coalición que lidera el PAN significaría el arribo de la alternancia a Coahuila tras casi nueve décadas de dominio tricolor y el fin del Moreirato. Pero desde una perspectiva ciudadana, ambos escenarios encierran riesgos insoslayables en caso de que no sea posible, una vez más, trascender la coyuntura electoral y la dimensión del resultado, y que las decisiones políticas continúen siendo como hasta ahora patrimonio casi exclusivo de los grupos en el poder y sus patrocinadores, cómplices o clientes.
En el primer escenario, el del triunfo priista, uno de los riesgos que se corre es el endurecimiento del régimen, desacreditando, descalificando o, incluso, reprimiendo cualquier crítica amparado en el triunfo en las urnas, como si éste fuera un aval total de su forma de hacer política y borrara en automático los errores cometidos en el pasado, a la par de que sirviera como una especie de carta blanca para tomar decisiones sin considerar ningún otro criterio o interés más que el de los ganadores. Otro de los riesgos subyace en la profundización de la polarización social, entre quienes saldrán a defender ciegamente al régimen y denostar a los críticos del mismo, y quienes se replegarán a la posición de vociferar su disgusto o hartazgo sin buscar construir alternativas ciudadanas que no necesariamente deberán estar ligadas a la agenda electoral. En ese camino lo que observaríamos es un régimen cada vez más agazapado e intolerante, una oposición nuevamente replegada y un sector crítico de la ciudadanía radicalizado, pero con poco margen de maniobra. Además, el continuismo bajo dichas condiciones abre la puerta a la perpetuación de la impunidad en casos como la deuda, masacres, desapariciones, empresas fantasma, sólo por mencionar algunos casos.
En el segundo escenario, el del triunfo panista, el mayor riesgo está en llegar a creer que la alternancia por sí misma va a resolver los problemas de la entidad y a eliminar los rezagos que hay en materia de justicia, sobre todo en lo concerniente al desaseo y opacidad de la deuda estatal. Si bien el cambio de colores en el gobierno representa una oportunidad para oxigenar y sanear el ejercicio del poder público, dicha oportunidad así como llega puede irse si quienes tomen las riendas se instalan en la zona de confort de asumirse sólo como quienes sacaron al PRI del Palacio Rosa. Ya lo vimos a nivel federal con dos gobiernos panistas, en los cuales no sólo muchos problemas no se resolvieron, sino que se agudizaron, lo que allanó el camino para el regreso de un priismo que sin el oficio de antaño, pero con todos los vicios de siempre repotenciados, ha llevado al país a una situación preocupante en momentos en donde más probidad y capacidad se requiere. Hacer cama con los laureles del triunfo para echarse a dormir es lo peor que le puede ocurrir a un gobierno de alternancia, el cual puede terminar no sólo traicionando la confianza ciudadana sino también reproduciendo los vicios de régimen derrotado.
Para que dichos riesgos se conjuren es importante una sociedad civil organizada y participativa, fuerte. Pero no para rivalizar o enemistarse con el poder político formal, lo cual llevaría a una polarización que no sólo conviene al régimen sino que termina por justificar su cerrazón, endurecimiento y censura. Más bien una sociedad civil fuerte para servir como contrapeso, incidir en la toma de decisiones de la vida pública, vigilar el desempeño del gobierno y sus funcionarios y evitar o, en su defecto, disminuir desviaciones y los vicios recurrentes de nuestra política. Y esto no significa que la ciudadanía sea "buena" en sí misma y el gobierno "malo" siempre. Nada más equivocado que esta dicotomía. Se trata de un ejercicio de lógica democrática: entre más ojos, oídos, voces y manos se involucren en la construcción de las soluciones a los problemas que arrastra la entidad, menor será el riesgo de que quienes sean elegidos como representantes traicionen la confianza de sus representados.
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