La decisión supone de momento un alivio para el mayor conglomerado del país, que ya vio golpeada su credibilidad a final de 2016. (ARCHIVO)
El Tribunal del Distrito Central de Seúl denegó hoy la detención del heredero y responsable de facto del emporio Samsung, Lee Jae-yong, solicitada esta semana por la fiscalía surcoreana por su conexión con la trama de corrupción de la "Rasputina".
El equipo de fiscales que investiga el caso pidió el lunes una orden de detención contra Lee por entender que existen pruebas sobre donaciones multimillonarias de Samsung a fundaciones y empresas controladas supuestamente por Choi Soon-il, apodada la "Rasputina" y amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye, a cambio de favores.
La decisión supone de momento un alivio para el mayor conglomerado del país, que ya vio golpeada su credibilidad a final de 2016 debido a los peligrosos casos de combustión de sus teléfonos móviles, y para la economía de Corea del Sur, ya que Samsung representa cerca de una quinta parte de su PIB.
La fiscalía, que atribuía a Lee cargos de corrupción, malversación y perjurio (por variar a lo largo de la investigación su declaración inicial ante el Parlamento), consideraba que las donaciones se realizaron a cambio de que el Gobierno de Park apoyara una controvertida fusión de dos subsidiarias de Samsung en 2015.
"Nos resulta difícil entender la razón, la necesidad y lo apropiado de la orden de arresto a estas alturas (de la investigación)", explicó la corte en su veredicto, recogido por la agencia Yonhap, en el que se subraya que aún no queda claro que las donaciones se realizara en el marco de una cadena de favores.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (33,7 millones de euros/ 35,8 millones de dólares) a entidades controladas supuestamente la "Rasputina", pero han negado que fuera para lograr el apoyo del Gobierno Park en el proceso de fusión de 2015.
La fiscalía cree que Choi, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados la propia presidenta, miembros de su Gobierno y los principales "Chaebol" (los grandes conglomerados empresariales surcoreanos) del país.
El escándalo ha indignado a los surcoreanos, que se han manifestado en las calles del país cada sábado desde hace tres meses para pedir el cese de Park y su Gobierno.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre destituir a la presidenta de su cargo y la decisión definitiva está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir a favor o en contra de tal proceso ("impeachment").
