E L anuncio de la extradición de Juan Manuel Muñoz Luévano de España hacia los Estados Unidos, ofrece un nuevo capítulo en la novela por entregas en que se ha convertido el tema del maridaje entre política y crimen organizado en el Estado de Coahuila, en los actuales tiempos del moreirato.
De acuerdo a la información sobre el caso la extradición no ha sido objetada por la defensa, lo que aunado al contacto habido con fiscales norteamericanos que viajaron a España con el propósito específico de recoger la declaración del inculpado, hace sospechar que existe un arreglo entre la defensa y la justicia estadounidense, que ofrece la reducción de la pena contra la entrega de información que determine la participación de otros implicados, incluidos los funcionarios del moreirato del más alto nivel.
El material que se espera de esta fuente de información aporta un rayo de esperanza a muchos coahuilenses conscientes de que la referida alianza entre gobierno y delincuencia es la responsable de los males que hemos padecido en los últimos años, y hace pensar en que todo lo ocurrido salga a la luz en todo su esplendor y como consecuencia la verdad nos haga libres.
Lo anterior es así porque la información que fluya de este acontecimiento, confirmará la necesidad imperiosa de que el moreirato concluya de una vez por todas como condición indispensable para un nuevo comienzo para sociedad y estado.
En el escenario de la extradición el repaso de los acontecimientos dolorosos más relevantes de los últimos años está presente en los medios con fuerza de viva actualidad, porque la ausencia de miles de personas desaparecidas continúa lacerando a sus familias; el luto por los muertos permanece; el hallazgo de nuevas áreas de exterminio no cesa; el torrente de recursos malversados continúa en nuevas formas de operación como ocurre en el caso de las empresas fantasmas que hasta el día de hoy son proveedoras del Gobierno, y la megadeuda que mantiene en quiebra a las finanzas públicas estatales genera intereses todos los días, que hay que pagar mes a mes. Todo ello constituye una sangría irrefrenable de recursos que enferma de anemia a la planta productiva y a la calidad de vida de los coahuilenses.
En tal escenario llega el tiempo de las campañas para renovar Gubernatura y Congreso, lo que nos compromete a echar del poder al PRI de los Moreira, y a elegir autoridades que sean capaces de dar vuelta a la página para emprender mejores derroteros, pero eso sí, manteniendo viva y actuante la exigencia de hacer justicia, recuperar en lo posible el patrimonio malversado y castigar a los culpables.
En esa tarea obligada los coahuilenses estamos solos. A estas alturas poco podemos esperar de la justicia norteamericana que se ha limitado hasta la fecha a incautar en su provecho los bienes robados que se encuentren dentro de sus fronteras, y a mantener reservada la información contra los Moreira para utilizarla como elemento de presión y negociación con el gobierno priista de Peña Nieto en el tópico de la extracción del gas natural, el muro fronterizo, o cualquier otro tema que se les ocurra.
Los tribunales norteamericanos se limitarán a expulsar la basura de su territorio y enviarla al nuestro con el exclusivo propósito de proteger sus fronteras, de suerte que es de esperar que la delincuencia que hoy trasiega de un lado a otro de la frontera, se va a atrincherar en territorio de nuestro Estado para empeorar las cosas.
Sólo queda a los ciudadanos de Coahuila la alternativa de utilizar el voto como herramienta de última instancia, construyendo un gran acuerdo social y político que por encima de las siglas partidistas concentre la fuerza del sufragio en el candidato que por su perfil y trayectoria, garantice la restauración del orden trastocado por once años de moreirato.
De esta tarea colosal, depende el futuro de los coahuilenses de la presente generación y de las que están por venir.
