En diciembre pasado comentamos sobre el estado de la agenda ambiental regional al finalizar 2016, quizá ahora es pertinente comentar qué esperamos para este año. En el mismo orden en que expusimos los asuntos en aquella columna podríamos referirnos en ésta, empezando por la agenda azul, sobre el agua.
En aquel artículo se destacó el problema crónico de sobreexplotación y contaminación de nuestros acuíferos subterráneos, y digo nuestros es porque el agua es un recurso o bien común, no privado, que el usuario usa conforme al título de concesión que le es otorgado actualmente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La región se abastece de ocho acuíferos.
Como ciudadanos habitantes de esta región, la Comarca Lagunera, observamos que no se realiza un uso sostenible del recurso, es decir, que la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua dulce subterráneos es un asunto de gestión de los recursos hídricos que involucra actores institucionales y sociales.
Involucra a quienes deben regular el uso del agua y a quienes la usan, a las instituciones que surgen del mandato de una ley para actuar como reguladores del uso de un bien común y que son designadas para aplicar políticas públicas que hagan posible esa regulación, pero también involucra a los usuarios, aquellas personas a quienes se les extiende los títulos de concesión, permisos para extraer agua del subsuelo. Ambos son los actores clave de la gestión del agua.
Cuando un problema como éste se vuelve crónico es porque no ha sido posible resolverlo durante un largo tiempo, y cada vez se vuelve más severo como lo indican los abatimientos anuales que sufre y la persistencia o empeoramiento de los valores que determinan su contaminación; también indica que las estrategias no han dado como resultado recuperar los acuíferos. Habrá que valorar si tienen un diseño y aplicación insuficiente o la presencia de factores que limitan o impiden su aplicación.
Una valoración global sobre la gestión del agua es revisar si se cumplen las metas del Programa Hídrico Regional, un instrumento de planeación de esa gestión a largo plazo, en él se determina una brecha hídrica equivalente a la diferencia entre la oferta de agua disponible y su demanda real, indicador regional que nos expresa la presión antrópica que realizamos sobre este recurso natural. La demanda crece conforme la población exige y lo usa en mayores volúmenes que los disponibles.
La presencia de una brecha hídrica tan ensanchada como la de la Comarca Lagunera indica que existe un serio problema de sustentabilidad en la gestión del agua, que las formas de manejo y uso no son los adecuadas y por tanto insostenibles; el simple hecho de que en el acuífero principal se extraiga un volumen equivalente al doble del que se recarga, de que se extraigan ilícitamente 300 millones de m2 por encima del concesionado o que éste sea mayor al que se recarga, hay pues, indicadores que soportan la afirmación de que no se realiza un manejo y uso sostenible del agua.
Este problema no es, sin embargo, sólo local; los diagnósticos nacionales, incluidos los que aparecen en el Programa Hídrico Nacional y los propios en que se soportaron los programas hídricos regionales, denotan una problemática común en algunos casos como la cantidad existente de acuíferos sobreexplotados y contaminados, la intensificación de actividades agrícolas a escala con mayor demanda de agua y donde no acceden los pequeños productores campesinos.
Esta gestión liberalizadora del agua provocó una concentración de los títulos de concesión, principalmente en el sector agrícola, en nuevas élites rurales residentes en los conglomerados urbanos que con base a las reformas salinistas en la legislación del agua y la aplicación de una política hídrica orientada a crear mercados, el recurso se usara en las actividades agrícolas más rentables. Tal parece que el monopolio privado de las concesiones otorgó un poder capaz de limitar las capacidades institucionales de las entidades gubernamentales responsables de la regulación y gestión del agua, Semarnat y Conagua.
Tal traba estructural o sistémica que le atora no parece vaya a resolverse desde estas instituciones o al menos no ha ocurrido con los gobiernos de las últimas décadas, ni tampoco de una actitud corresponsable de los principales usuarios que presionan este recurso donde se comprometan a reducir las extracciones hasta lograr balances hidráulicos equilibrados en los acuíferos, han adoptado patrones de uso con alta demanda de agua, por encima de la disponible, en que sustentan sus empresas y las economías que éstas generan. Hay en ellos una enorme resistencia cultural para transitar hacia un desarrollo sostenible.
Lo anterior, como en aquellos casos en que la política pública no es eficaz, nos hace creen a algunos ciudadanos o grupos civiles, que la legislación y la política pública vigente en materia hídrica debe cambiar, ya existe la amenaza gubernamental de una nueva ley de aguas que acentuara su mercantilización subordinando a ella el derecho humano al este recurso natural.
Es necesario que los ciudadanos, desde el ámbito de la sociedad civil contribuyamos a reorientar el cambio en la ley y la política hídrica con un enfoque que incida en la gestión del agua para que ésta sea sostenible. Esa es la preocupación central que tenemos en la red nacional Agua para la #vida#@Agua para todos, y en el colectivo local Encuentro Ciudadano Lagunero.
Para ello estamos apoyando una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y donde, además de insistir a través de los medios de comunicación y con acciones colectivas, promovemos acciones jurídicas que incidan en la aplicación de la política hídrica en nuestra región, tales como denuncias populares ante la Profepa y la CNDH, o amparos ante jueces federales. Esperemos que este año den resultados.
