Amparo. Embotelladora interpuso un amparo para vender bebidas azucaradas en universidades.
A pesar de la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México, la ministra Margarita Luna Ramos pretende proteger el consumo de bebidas azucaradas en instituciones de educación superior, aseguró la asociación civil El Poder del Consumidor.
El 16 de mayo de 2014 entró en vigor la prohibición de venta de alimentos procesados en las instituciones educativas de todos los niveles del país, el cual se inscribe en el artículo 24 bis de la Ley de Educación.
Pero esta medida no se ha cumplido, aseguró la organización. De acuerdo con Fiorella Espinosa, sólo 3 % de las escuelas de nivel básico tiene un comité que vigila la venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas.
El 22 de agosto de 2014 la embotelladora Del Fuerte, SA, que trabaja para Coca-cola, Power-ade, Fuzz tea y Frutsi, interpuso una demanda de amparo en contra de la disposición oficial para vender bebidas azucaradas en universidades.
En 2015 un juez de distrito otorgó el amparo y en 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó la revisión de la sentencia, que hoy miércoles espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El proyecto de la sentencia está bajo responsabilidad de la ministra Luna Ramos, luego de que cuatro de los cinco ministros de la Segunda Sala votaron en contra de un primer proyecto que presentó el ministro Franco González Salas, a favor de desechar el amparo concedido a la embotelladora.
Julio Salazar, abogado de la organización, explicó que este segundo proyecto elaborado por la ministra, el cual mantiene el amparo para la empresa, tiene como argumentos que las bebidas azucaradas no representan daños a la salud, la obesidad se resuelve con educación, son productos legales y los consumidores tienen la mayoría de edad.
Además, advierte que si este tipo de bebidas deja de venderse en las instituciones, la gente podría considerarlas peligrosas para la salud, lo que desincentivaría su consumo y afectaría a las empresas y el Estado, que dejaría de recibir recursos por concepto de IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).
Alejandro Calvillo enfatizó que los argumentos de la magistrada Luna contradicen los criterios del gobierno para establecer el IEPS en bebidas azucaradas, cuyo propósito era desincentivar su consumo.
Los representantes de la organización señalaron que el país está "cocacolonizado", pues existen alrededor de 1.5 millones de puntos de venta. "En todas las regiones se consume Coca-Cola, desde ciudades hasta comunidades rurales", dijo Espinosa.
De acuerdo con sus datos, 70 % del azúcar que consumen los mexicanos proviene de bebidas azucaradas. Una lata al día es suficiente para ser 60 % más propenso a tener obesidad y 20 % diabetes, afirmaron.
El año pasado la diabetes ocasionó 96,000 muertes, lo que colocó a México como el país con mayor incidencia de muertes por esta enfermedad entre los "megapaíses" del mundo.
Espinosa dijo que en el proyecto de la ministra Luna no considera el costo social y económico del consumo desmedido de este tipo de bebidas.
"Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la salud y, particularmente, en instituciones educativas deben ser regulados por el Estado", dijo.
Salazar señaló que si resulta favorable el amparo para la empresa Del Fuerte, no sólo la empresa tendría la posibilidad de vender sus productos dentro de las instituciones de educación superior, "también habría un precedente y otra empresa podría actuar de la misma manera".
Al respecto del lanzamiento de la campaña "Checa y Elige", promovida por la organización civil Movimiento por una Vida Saludable (Movisa), Espinosa dijo que sólo es una simulación. Las etiquetas son promovidas por las mismas empresas y son ilegibles incluso para los nutriólogos.
Calvillo comparó la campaña que se realizó en Chile, donde el etiquetado sólo se basa en colores. Si la etiqueta de un producto tiene una marca negra significa que no es saludable, por lo que lo entienden hasta niños de cuatro años.
