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Gasolinazo potencia apoyo electoral de la oposición

JESÚS CANTÚ

El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete consideraron que liberalizar el precio de las gasolinas en enero del 2018 sería devastador para sus intenciones de retener la Presidencia de la República, en las elecciones de ese año, por lo que decidieron adelantarlo un año; pero parece que la decisión les puede resultar contraproducente, pues la implementación de la medida fue en el momento más inoportuno por la inestabilidad financiera generada por el triunfo de Donald Trump.

Originalmente un transitorio de la Ley de Hidrocarburos establecía que la liberalización de los precios de la gasolina se haría en enero del 2018, sin embargo, en noviembre del año pasado adelantaron la fecha un año, para ubicarlo en enero de este año pensando que eso les permitiría diluir su impacto electoral.

A juzgar por lo improvisado de sus respuestas ante la indignación popular, nunca esperaron las reacciones que generó. Y aunque lograron adelantar los impactos es muy probable que el aumentó tan desproporcionado del precio de las gasolinas y el diésel cobre su factura en las elecciones de gobernador de este año 2017 y, como consecuencia de ello, les cueste la Presidencia de la República.

El domingo 4 de junio de este año se celebrarán elecciones en 4 estados de la república, pero las que acaparan la atención son las de gobernador en el Estado de México y Coahuila, por ser 2 de las 5 entidades que todavía hoy no conocen a un gobierno de un partido diferente al PRI (las otras son Campeche, Colima e Hidalgo) y, a pesar de que en algunas elecciones federales el electorado de ambas entidades ha votado mayoritariamente por candidatos de otros partidos, hasta el momento la maquinaria electoral tricolor ha mostrado su efectividad en las elecciones de gobernador.

Complicaban más el panorama electoral para el tricolor en este año, los resultados electorales del 2016, caracterizados por la alternancia en 7 de las 12 gubernaturas que se renovaron y la debacle tricolor que ganó únicamente 5 de los puestos en disputa, lo que implica que obtuvo 4 menos de las que gobernaba previamente, pero especialmente perdió 4 de sus tradicionales bastiones: Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

A esto había que agregar, en el caso de Coahuila, que el escándalo del llamado moreirazo explotó hasta después del proceso electoral para elegir al actual gobernador, por lo que el impacto del mismo no afectó dicho proceso, pero sí está presente en la opinión pública. Coahuila ha resentido los impactos de unas maltrechas finanzas estatales, de la creciente inseguridad y la irritante impunidad.

La historia electoral muestra que Coahuila es un estado fundamentalmente bipartidista y la disputa es entre el PRI y el PAN; para esta elección el blanquiazul tiene algunos buenos candidatos, como el alcalde con licencia de Saltillo, el empresario Isidro López; el actual senador Francisco Salazar y el ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya; mientras el PRI ya sufrió la primera fractura, con la decisión de Javier Guerrero de competir por la vía independiente ante lo que considera una cancha muy dispareja por la intervención del gobernador en apoyo del actual alcalde de Torreón, Miguel Riquelme.

Además del independiente todo indica que el también empresario Guadiana será el abanderado de Morena, cuyas posibilidades electorales reales todavía son desconocidas. A pesar de ello todo indica que la lucha por la gubernatura se polarizará entre el PAN y el PRI y si los blanquiazules logran superar el proceso interno civilizadamente sus probabilidades de triunfo son altas.

En el caso del Estado de México aunque el actual gobierno no ha visto desplomarse la aprobación general, es un hecho que los grupos de la delincuencia organizada encontraron un espacio propicio para establecerse y eso se evidencia con los índices delictivos y la violencia imperante, que obligó incluso a que el gobierno federal asumiera directamente ciertas funciones, como lo hizo en su momento en Michoacán. No puede obviarse el incremento acelerado de los feminicidios y la incapacidad para resolverlos.

Aquí la distribución de las preferencias electorales es muy diferente, pues es un estado tripartidista (PRI, PAN y PRD) a lo que hay que sumar la creciente presencia de Morena, que sí logró el 10% de la votación en el 2015, principalmente por lo que le arrebató al PRD, con lo cual un escenario posible es que la dispersión del voto de la oposición le permita al PRI conservar el poder, aunque sea con un porcentaje muy bajo de votación.

Evidentemente, incluso antes del gasolinazo, el escenario electoral no lucía muy favorable al PRI, sin embargo, con buenas campañas y su eficaz operación electoral tenía posibilidades de retener ambas gubernaturas. Pero el convulsionado inicio de año reduce todavía más sus posibilidades, pero sobre todo prácticamente deja al PRI inerme y ahora todo depende de que una de las fuerzas opositoras sea capaz de capitalizar el descontento popular.

Lo más preocupante para los tricolores es que una derrota en estos dos bastiones, prácticamente lo dejaría sin posibilidades de retener la Presidencia en el 2018, pues las fuerzas políticas distintas al PRI serían gobierno en 18 entidades del país, entre las cuales se encuentran 4 de las 5 más pobladas (Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Puebla), con lo cual el PRI se quedaría únicamente con 14 y Jalisco, como la única de las 5 más pobladas. Así que todo parece indicar que el adelantar las fechas del gasolinazo, no los salvo del impacto en las preferencias electorales y sus probabilidades de perder la Presidencia son muy elevadas.

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