La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió hoy al Estado de Guatemala garantizar la protección de aquellos jueces que deciden romper con "el silencio de la impunidad", como el que denunció a una magistrada por tráfico de influencias.
"Un juez o un magistrado independiente e imparcial se constituye como un defensor de los derechos humanos y en un garante de la lucha contra la impunidad", dijo en un comunicado la representante de este organismo de la ONU para Guatemala, Ana María Upegui.
En el texto, la OACNUDH dijo "tomar nota" de la excusa presentada este miércoles por el juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, para conocer el caso IGSS-Pisa por las presuntas presiones recibidas por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, a la que denunció.
"Llamo al Estado a garantizar la integridad de los jueces que sufren ataques y amenazas por ejercer de manera independiente e imparcial su trabajo", manifestó Upegui, quien agregó que es "urgente e improrrogable" una reforma del sistema de Justicia que garantice la "independencia e imparcialidad" del poder Judicial.
"Las reformas son imprescindibles para que los jueces puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad y sin influencias, presiones o intromisiones indebidas de cualquier sector o por cualquier motivo", agregó.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), tomando como base una grabación que el propio Ruano le hizo a Stalling, pidieron este miércoles retirarle la inmunidad a la magistrada para que pueda ser investigada por un presunto delito de tráfico de influencias.
Stalling negó la tarde de este miércoles haber influido en el juez que lleva el caso de su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de ser uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a una farmacéutica.
La magistrada argumentó que fue el propio juez el que se puso en contacto con ella para tener una reunión e indicó que en ese encuentro Ruano le dijo que quería dejar el caso, algo que Stalling le pidió que no hiciera por "responsabilidad".
"Yo le dije que como profesional tenía la responsabilidad de hacer las cosas bien, que ya muchos jueces se habían inhibido de conocer este proceso", resumió la magistrada, quien pidió a la Justicia actuar y conocer ese caso, en el que su hijo, en prisión preventiva, está acusado de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
Unas 28 organizaciones de la sociedad civil, además del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge De León Duque, pidieron hoy la dimisión de la magistrada, quien aseguró que no renunciará al cargo pero que está dispuesta a someterse a una investigación porque es inocente.
