El enojo y las consecuentes protestas derivadas del aumento de 20 por ciento en el precio de los combustibles son perfectamente comprensibles y hasta necesarios en una sociedad que aspira a ser democrática. Ese enojo se ha manifestado hasta ahora de distintas maneras: desde marchas y concentraciones pacíficas en vías y plazas públicas, hasta bloqueos en carreteras y centrales de distribución de Petróleos Mexicanos. Contrario a lo que algunos desde las ópticas partidistas o catastrofistas aseguran, hasta el momento la gran mayoría de las protestas ha pasado sin incidentes mayores. No obstante, hay quienes han hecho pasar como protestas disturbios que nada tienen que ver con ellas.
Los saqueos perpetrados contra establecimientos comerciales o los actos vandálicos no deben ser incluidos en el espectro de la manifestación ciudadana, porque responden a otras dinámicas que deben investigarse. Asumir el saqueo y el vandalismo como parte de la protesta es altamente peligroso y puede llevar a justificar acciones represivas e indiscriminadas por parte de las autoridades. Es igual de absurdo pensar que ninguna protesta va a causar incomodidad a terceros o a la propia autoridad como creer que es justificable cualquier acto vandálico en el contexto de una agitación social.
México vive días complicados, con más que brotes de marcado descontento ciudadano. Hoy más que nunca debe quedar claro a la sociedad que se manifiesta y a las autoridades que reaccionan, cuáles son los límites del estado de derecho en un régimen democrático. Si bien éste permite y avala que un grupo de personas pueda salir a la calle a gritar o manifestar de cualquier otra forma que no están de acuerdo con una decisión de un gobierno, también un estado de derecho debe velar por quienes pueden resultar afectados con esa manifestación.
Pero no sólo eso. Incluso, en un estado de derecho el actuar de las fuerzas de orden está estrictamente regulado. Cuando las protestas cruzan los límites al grado de, por ejemplo, poner en riesgo el abasto de alimentos, insumos o combustible de una población, o cuando se trata de acciones ajenas a la manifestación, como los actos vandálicos y los saqueos, es necesaria y obligada la utilización de la fuerza pública. Pero la intervención de los cuerpos antimotines no debe ser desmedida ni atentar contra los derechos humanos, pues de lo contrario estarían violando el estado de derecho.
Como puede observarse, el equilibrio es complicado. Sin embargo, en medio del clima de agitación y descontento justificado que existe en México, no nos podemos dar el lujo de caer en posiciones extremistas. Y en eso deben ser claros, tajantes y congruentes quienes dicen defender el orden democrático. Tan indeseables son los disturbios y el vandalismo como la represión con violencia desmedida de la manifestación. Por otra parte, es obligación también de los gobiernos investigar quiénes están detrás de los saqueos o si se trata de la acción de oportunistas. Hasta ahora, por lo que se sabe, todo apunta a acciones perfectamente orquestadas con intereses completamente ajenos a la protesta. Eso sí no debe tolerarse.
