Función. Empleados se han hecho de la vista gorda al tiempo que de drogas y miles de inmigrantes.
En el 2012, Joohoon David Lee, un agente federal del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, fue asignado para investigar el caso de un empresario coreano acusado de tráfico sexual.
En lugar de realizar una investigación rigurosa, Lee solicitó y recibió casi 13 mil dólares en sobornos y otros regalos del empresario y sus parientes a cambio de hacer que el "problema de inmigración desapareciera", muestran registros del tribunal. Pero después de que otro agente alertó a investigadores internos sobre la interferencia de Lee en otro caso, su historial fue examinado y se presentaron cargos en su contra por soborno. En julio se declaró culpable y fue sentenciado a 10 meses en prisión.
No era un caso aislado. Un análisis de miles de registros de tribunales y documentos internos de agencias realizado por The New York Times mostró que, durante los últimos 10 años, casi 200 empleados y trabajadores por contrato del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) han recibido casi 15 millones de dólares en sobornos al tiempo que se les paga un sueldo para proteger las fronteras de su nación y hacer cumplir las leyes migratorias.
Estos empleados se han hecho de la vista gorda al tiempo que toneladas de drogas y miles de inmigrantes indocumentados entraban de contrabando a Estados Unidos, muestran los registros. Han vendido ilegalmente permisos de residencia y otros documentos migratorios, ingresado a bases de datos de agencias de impartición de justicia y proporcionado información delicada a cárteles de la droga. En un caso, la información fue usada para organizar el intento de homicidio de un informante.
Es muy probable que los hallazgos de The Times se estén quedando cortos en la cantidad de sobornos debido a que, en muchos casos, los registros de los tribunales no presentan un conteo. Los hallazgos tampoco incluyen regalos, viajes o dinero robado por empleados del DHS.
Durante toda su campaña, el Presidente electo Donald J. Trump dijo que la seguridad fronteriza sería una de sus prioridades. Mientras se prepara para asumir el puesto, descubrirá que muchos de los problemas parecen ser internos.
Documentos muestran que oficiales de la Patrulla Fronteriza y agentes aduanales, que protegen más de 11 mil 200 kilómetros de frontera y lidian de forma más directa con cárteles y contrabandistas, han recibido la mayor cantidad de sobornos, casi 11 millones de dólares.
Pero el problema de los sobornos se extiende mucho más allá de los agentes en la línea del frente en la frontera. Empleados del DHS que hacen cumplir las leyes de inmigración y aduanas y que otorgan beneficios de ciudadanía y brindan seguridad para aviación también han sido arrestados o acusados formalmente de aceptar sobornos.
Un reporte del Departamento de Seguridad Nacional dado a conocer en mayo señalaba que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia bajo la cual opera la Patrulla Fronteriza, carece actualmente de programas proactivos para erradicar la corrupción.
James Tomsheck, ex director de asuntos internos en la CBP, dijo que muchos de los problemas que enfrenta la agencia con agentes corruptos tenían que ver con inadecuados programas de reclutamiento de empleados.
La investigación de antecedentes y las pruebas con polígrafo no han logrado erradicar a miembros de cárteles que, en algunos casos, fueron contratados por la Patrulla Fronteriza, dijo.
Tras triunfo de Trump crecen incidentes de odio
Desde el 9 de noviembre, un día después del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se han registrado mil 94 incidentes de odio en toda la Unión Americana; de éstos, 315 están relacionados con el tema migratorio.
Cartas intimidatorias, pintas, groserías y amenazas, son algunos de los hechos que se han presentado tras el triunfo del magnate estadounidense y que se han considerado como actos de odio contra las minorías.
Un reporte de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), detalla que de los 315 incidentes relacionados con el tema migratorio, 152 fueron hacia personas por su origen latino, en tanto que 134 por sentimientos antiárabes y 64 por un perfil asiático.
Aparte de los reportes con un perfil migratorio, otros 221 fueron levantados por cuestiones raciales contra los afroamericanos,112 hacia personas que practican la religión musulmana, así como 109 por ataques contra la comunidad LGTTTBI.
En el reporte de incidencias se detallan ataques contra las mujeres, por cuestiones electorales, así como pintas con la figura de suásticas. El SPLC ha recibido notificación de la distribución de carteles con mensajes nacionalistas, antisemitas y de propaganda de la organización supremacista Ku Klux Klan.
También indica que en el estado de California se ha registrado la mayor cantidad de agresiones con 125, seguido por Nueva York con 94 y Texas con 71. Wyoming, Dakota del Norte y Hawai son los estados donde hasta el momento no ha ocurrido ninguno.
La organización detalla que de los mil 94 reportes, 226 acciones han ocurrido en escuelas, 203 en negocios como cafeterías, supermercados y restaurantes; en universidades y centros de educación superior se han reportado 172 actos.
Fueron 140 incidentes reportados en la calle, 134 en propiedades privadas, 68 al ir conduciendo, 46 en el transporte público, 44 en parques públicos.
El documento señala que si bien el número total de reportes ha superado los mil, los informes se han desacelerado significativamente en comparación con los días inmediatamente posteriores a las elecciones. La organización indica que los reportes son "desgarradores y exasperantes como antes".
Por ejemplo, detalla que cuando una empleada de servicio de 18 años en Kalamazoo, Michigan, le preguntó a un hombre si necesitaba ayuda, éste respondió: "No necesito pedirte ninguna chingadera. Donald Trump es el presidente". Luego la llamó "perra negra" y escupió sus zapatos.
En otro hecho, suscitado el 21 de noviembre, un mensaje dejado en el correo de voz del teléfono de una iglesia en Grand Rapids, Michigan, advertía que sabían que en ese sitio apoyaban a los homosexuales y a los inmigrantes sin documentos, lo que facilitaba poder ser expulsados de Estados Unidos.
