Invasión. En México no sólo los servicios de inteligencia adquieren software de espionaje sino también las autoridades.
El relator especial de la ONU en materia de Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, advirtió que en México se gasta casi el doble que otros países en la compra de software que invade la privacidad.
Puntualizó que se deben revisar cuáles son las dependencias y autoridades del Estado que han invertido en esos sofisticados sistemas que afectan el derecho de los ciudadanos a la privacidad.
Durante su participación en el Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el relator especial expresó que "cuando buscan quién compró qué en México encontrarán que no sólo son servicios de inteligencia los que adquieren el software, también la policía, autoridades financieras, autoridades fiscales y todos parecen creer que este software es útil".
Cannataci aseguró que en el contexto del análisis que hace la Cámara de Diputados para aprobar la Ley General de Protección de Datos, es una oportunidad para que el país demuestre su compromiso con la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos personales y la privacidad.
"Esta es una oportunidad dorada para que México demuestre cuáles son sus credenciales democráticas, el poner nuevos bloqueos de seguridad, asegurarse de que México muestre que le importa la seguridad de los datos personales", sostuvo.
Cannataci consideró recomendable que la referida ley general otorgue facultades al Inai para sancionar a quienes violenten el derecho a la privacidad: "Mi consejo es que le den 'dientes' a esta agencia".
El diplomático y experto en derecho a la privacidad consideró que la ley mexicana debe contar con mecanismos de protección de los datos personales, por parte de los órganos de seguridad e impartición de justicia.
"Y un régimen legal nuevo que se introduzca a México también debe tener salvaguardas y remedios para el uso de datos personales y de privacidad para las actividades hechas por parte de la justicia federal y la policía", argumentó.
