La política de drogas ha llevado a un antagonismo entre los jóvenes que las consumen y las policías que los persiguen
Esta semana tuvo lugar en El Colegio de México el seminario internacional: La agenda social y las relaciones internacionales de México. Un tema de fundamental importancia para nuestro país, si consideramos que sus principales rezagos están precisamente en la agenda social. Uno de los temas a tratar llevaba el elocuente título: Drogas, violencia y jóvenes. La calidad de los expertos participantes prometía una sesión interesante.
Y ciertamente lo fue, aunque también un poco sorprendente, pues después de la presentación de cuadros, cifras y gráficas, como corresponde a los buenos académicos, aterrizaron en la realidad mexicana, mucho más cruda cuando se presentó comparativamente con otros países de América Latina.
La mayor preocupación de estos académicos resultó ser la criminalización del consumo y posesión de drogas entre los jóvenes mexicanos, situación que califican como la más grave entre los países estudiados. Su principal objeción al paradigma actual es la forma en que se privilegia la parte delictiva y la persecución del delito, sobre la compleja problemática socio-económica que lleva a estos jóvenes al consumo de drogas.
Destacaron los académicos que esta política de drogas ha llevado a un antagonismo creciente entre los jóvenes que las consumen y las policías que los persiguen. Los policías cuentan con un marco legal que les permite detener, chantajear y extorsionar a los jóvenes por consumo o posesión de drogas. Para la mayoría de estos jóvenes su contacto con la autoridad se reduce a esta mala relación con las policías. Nadie más suele ocuparse de ellos.
Probado esta que la mayor parte de los jóvenes en situación de riesgo no son criminales, que las pandillas juveniles no son sinónimo de crimen organizado y que en la mayor parte de los casos no representan una amenaza a sus comunidades.
A pesar de que los académicos no suelen coincidir con facilidad entre ellos, en este caso la condena de los enfoques legalistas que privilegian la persecución del delito fue unánime. Interesante, porque nadie habló de legalización ni de una política liberal en materia de drogas. Y sin embargo fueron muy claros al afirmar que mientras no se cambie el paradigma el problema seguirá creciendo.
La principal crítica que se hace al actual paradigma es su visión reduccionista. Dicho en otras palabras, la ausencia de diálogo entre las políticas sociales y las políticas de seguridad. En el caso de los jóvenes mexicanos, consideran que esta política ha resultado inadecuada y contraproducente. Ni dejan de consumir y se vuelven más violentos.
Entre los componentes del nuevo paradigma mencionaron la necesidad de proteger antes que sancionar, ayudar a los jóvenes a cambiar su situación en lugar de atacar una de sus manifestaciones negativas. Subrayan las acciones de prevención y contención, sobre la persecución del delito. Enfatizan el tema de la regulación, no la penalización. Hablan de acercar la prevención policial a la prevención social del delito. No sugieren un cambio de leyes, sino de paradigma.
Ciertamente, se mencionó la actual política de prevención social del delito y la violencia del gobierno de México como una estrategia en la dirección correcta, aunque también se dijo que si nuestras políticas de seguridad son en realidad integrales, esto debe reflejarse en programas y presupuestos, y no sólo en los análisis y los diagnósticos. Queda claro que aún hay mucho camino por recorrer para acercar el conocimiento a las políticas públicas. Enhorabuena por la celebración de esta reunión y por el trabajo de los académicos.
Correo: [email protected]
