En medio de un escenario de guerra entre cárteles de la droga, la participación de las fuerzas policiacas estatales y municipales en el arresto, detención, secuestro y privación de libertad de personas ha sido cada vez más frecuente en distintas regiones de Veracruz.
Los agentes del estado privaron de la libertad a decenas de personas y ocultaron el paradero de sus víctimas durante los últimos cuatro años, aunque fue a partir de junio de 2014 cuando legalmente se creó el delito de desaparición forzada.
Han sido documentados de enero de 2013 a octubre de 2016 un total de 87 casos de personas desaparecidas que pueden tipificarse — según los convenios internacionales firmados por México — como “desaparición forzada” por la participación de elementos de la Policía Estatal y, en menor medida, de las corporaciones municipales.
En un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, obtenido por vía de transparencia, se detalla que de las 87 averiguaciones previas abiertas, en 54 casos hay señalamientos de presunta participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa (2011-2016) estuvo al frente de dicha dependencia Arturo Bermúdez Zurita, quien tenía como sus mandos más fuertes a Roberto González Meza, director general de la Fuerza Civil y el principal mando de los grupos especiales, y a José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Operaciones.
A partir de 2014, como resultado de la creación de la Fiscalía General del Estado (FGE), y hasta la fecha, suman 33 policías estatales y municipales detenidos, acusados por los delitos de desaparición forzada, secuestro agravado y homicidio.
Fue precisamente en junio de 2014 cuando el pleno del Congreso del estado creó el delito de desaparición forzada, que se castiga hasta con 30 años de prisión para aquel agente del estado que prive de la libertad a una persona o que ayude a algún grupo a hacerlo.
El artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, advierte que la práctica generalizada o sistemática de este delito podría constituir un crimen de lesa humanidad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Tapia Olivares, explicó que existen varios factores para considerar como “generalizadas o sistemáticas” las desapariciones forzadas.
“Los factores no se refieren a una cantidad específica, los tribunales internacionales han establecido criterios: si hay una gran zona geográfica para que se cometan estos crímenes y si, aunque sea una zona geográfica reducida, el número es alto. En esa medida podríamos hablar que 30 personas podría ser considerado un crimen generalizado para efectos de lesa humanidad o miles de personas”, explicó.
Pleito por 100 pesos y se lo llevaron
En el audio registrado en el centro de emergencias 066 se escucha la voz del joven Ivanhoe Mass González solicitando ayuda y a oficiales de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río-Medellín amedrentándolo.
Era el 14 de marzo de 2010 y el hombre de 31 años se encontraba en las palapas de Boca del Río, zona conurbada al puerto turístico de Veracruz, los meseros reclamaban un pago extra de entre 50 y 100 pesos, cargo que no aceptó.
Entre los reclamos solicitó ayuda a la policía, enviaron a dos patrullas con elementos abordo, pero fue detenido, junto con su novia, esposado y sacado del lugar en los vehículos oficiales.
“Desde entonces nunca más lo volví a ver”, relata la madre del joven Ivanhoe , Sara González Rodríguez. Durante tres meses, la mujer investigó y descubrió que las patrullas 400 y 322 fueron las que participaron y que eran conducidas por dos comandantes de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río-Medellín, corporación que dos años después fue desaparecida por sus vínculos con la delincuencia organizada.
“No hay palabras para explicarlo, sería muy lépera, es una ofensa de la mayor magnitud para un pueblo que trabaja. Es una aberración que la gente que se supone que tiene que resguardar y salvaguardar tu seguridad, esté coludida con la delincuencia organizada”, afirmó.
La mujer, quien a la postre fundó la organización Colectivo por La Paz Xalapa, un grupo de búsqueda de personas desaparecidas, descubrió que al automóvil de su hijo, un Nissan Almera 2002, le cambiaron de propietario en las oficinas de Hacienda del estado y se le otorgaron placas nuevas.
Sus investigaciones también determinaron que los oficiales policiacos entregaron a su hijo y a la mujer a una célula del Cártel de Los Zetas, que en ese año operaban en todo el estado de Veracruz.
A partir de entonces, el dolor nunca se acaba y la desconfianza hacia todas las instituciones de seguridad es permanente.
“Hubo una dilación en las investigaciones, la prueba está en que llevan desaparecidos 5 años 8 meses y 15 días y no sabemos su paradero y no hay detenidos”, denunció.
El comandante Gregorio “N”, “El Goyito”, fue detenido por la desaparición de la pareja y recluido en el penal de Tuxpan, pero un año y medio después, un juez lo declaró libre de cargos y fue puesto en libertad.
De manera paralela, la PGR abrió la investigación número 11/UECS-DIM/2010, pero por delitos contra la salud y no por desaparición forzada, cuando —dice la ahora activista— son comunes los casos.
La situación que vivió la pareja ocurrió en 2010 y no pudo ser tipificada como desaparición forzada porque el delito no había sido creado legalmente y, por tanto, los responsables no podrán ser castigados más severamente.
“Es común, muchísimas situaciones, la mayoría son desaparición forzada, nosotros lo estamos viendo y no es sólo por atacar a la policía, es porque realmente están inmiscuidos en la mayoría de los casos y lo peor es que están inmiscuidos también elementos de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], [Secretaría] Marina y Policía Estatal”, acusó.
Las cifras del desastre
Si bien en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguran que es difícil contabilizar las desapariciones forzadas porque las autoridades no siempre integran la carpeta de investigación bajo ese delito, lo cierto es que en Veracruz hay 87 indagatorias por casos similares de personas que son buscadas por sus familiares y en los que estarían involucrados agentes.
El director Jurídico de la organización detalló que otro factor para que estos ilícitos sean considerados como de lesa humanidad, implica que tiene que ser una política de Estado; sin embargo, la jurisprudencia señala que el responsable no precisamente debe conocer todos los extremos del ataque.
“Es más complejo porque tiene que ver con la cadena de mando, es difícil pensar que un grupo de desapariciones realizadas por policías fue hecho sin conocimiento de sus superiores, esa es una cosa que se alega mucho, [pero] hay una cadena de mando y esos policías están obligados a rendir cuentas de su trabajo”, afirmó.
En 2011 y 2012 no hubo un sólo registro de denuncia penal por desaparición de personas en la que se involucrara a oficiales del estado, pero en 2013 se recibieron ocho en las regiones de Xalapa (3), Córdoba (4) y Veracruz (1).
En siete de los casos fueron señalados como probables responsables elementos de la SSP-Estatal y en uno no se especificó la corporación policiaca presuntamente involucrada.
Un año después, en 2014 sumaron 37 las investigaciones por la presunta participación de policías en la desaparición de hombres y mujeres en las zonas de Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos.
En 19 se responsabilizó también a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en dos más a policías municipales de Córdoba y en 16 desapariciones existen indicios de que participaron efectivos de seguridad, pero se desconoce a qué corporación pertenecían.
Se desconoce paradero de empresario
Fue en octubre de 2014 cuando elementos de la Policía Municipal de Orizaba detuvieron al empresario poblano Zito Ángel Zanatta (hermano del diputado local priísta de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri) después que se peleó con un joven y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades ministeriales detuvieron a ocho oficiales de la Policía Municipal, incluido el supervisor de esa corporación.
Para 2015 se integraron 27 investigaciones ministeriales en las zonas de Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos, donde nuevamente los guardianes estatales fueron los más señalados (en 15 casos), el las demás pesquisas no se identificó la corporación a la que pertenecían.
Y de enero a octubre del presente año se reportan 15 denuncias en los municipios de Xalapa, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos.
De las 15 investigaciones, en 13 fueron mencionados efectivos de la SSP, en una averiguación señalaron a policías municipales de Córdoba y en otra más se desconoce la corporación a la que pertenecían.
En enero de 2016, en el municipio de Tierra Blanca fueron detenidos cuatro hombres y una mujer que viajaban en un auto compacto porque “les parecían sospechosos”.
Los oficiales de la Policía Estatal los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes les dieron muerte y desaparecieron al menos dos cuerpos triturándolos.
Siete integrantes de la SSP fueron detenidos, entre ellos Marcos Conde Hernández, delegado de la corporación en la Región 10.
“Somos un pueblo estúpido y agachado que no defendemos a nuestros país, a nuestros hijos ni a nuestros familiares, somos gente inhumana”, afirma Sara González, la líder de uno de los grupos más reconocidos de búsqueda de personas desaparecidas.
