Coordinación metropolitana y participación ciudadana fueron los puntos que resaltaron en la primera reunión del Grupo de Coordinación Operativa realizada el sábado pasado con el fin de lograr acuerdos y reforzar estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en la Comarca Lagunera.
Tras el cambio de poderes en el estado de Durango, es la primera reunión que con este objetivo se realiza entre el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y el de Durango, José Rosas Aispuro, los alcaldes de Torreón, Miguel Riquelme, y de Gómez Palacio, Leticia Herrera, y los generales Uribe Toledo de la XI Región y Juan Manuel Díaz, del Mando Especial de La Laguna.
Como se ha visto en estos años, en una región dividida por dos estados, el combate al crimen requiere de una visión metropolitana y una coordinación que vaya más allá de las jurisdicciones o de cuestiones políticas. No basta con reforzar las medidas de vigilancia en un municipio para inhibir los delitos o polemizar sobre el lugar de procedencia de los delincuentes. La realidad es que a los criminales no los detiene la frontera del vado del río Nazas y los ciudadanos de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo padecen por igual las consecuencias de la inseguridad independientemente del estado al que pertenezcan o el partido que esté en el poder.
A favor de esta coordinación, los gobernantes se comprometieron a intercambiar información y labor de inteligencia sobre las personas que cometen ilícitos en los límites de ambos estados y a mantener el esquema operativo de la Fuerza Metropolitana Laguna, que arrancó en marzo de este año con el aval del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El interés en reforzar la colaboración entre las autoridades se ha manifestado de manera constante en los recientes años, por lo que la novedad de la reunión fue la propuesta del gobernador de Durango sobre involucrar a la sociedad civil en este asunto a través del modelo de Mesas de Seguridad y Justicia que promueve la Fundación México SOS.
En 2008, el empresario Alejandro Martí fundó esta organización de la sociedad civil tras el secuestro y muerte de su hijo para contribuir en la consolidación de un sistema de seguridad y justicia eficaz a través de una ciudadanía más participativa.
El modelo de operación de las mesas de trabajo busca activar la corresponsabilidad de los ciudadanos y el gobierno en las acciones a favor de la paz a partir de experiencias exitosas en otras ciudades.
En los años recientes se ha visto cómo los ciudadanos han perdido el temor a organizarse y han crecido las propuestas para para dar soluciones al fénomeno de la violencia. Algunas de estos planteamientos nacieron a partir de las dificiencias de las autoridades y del hartazgo de la sociedad ante la falta de justicia.
Impulsar la colaboración de la sociedad y el gobierno es una estrategia que puede ser fructífera para la región. Las autoridades requieren estar en contacto con la visión y el trabajo ciudadano para el adecuado ejercicio del poder y cumplir sus compromisos a favor de la comunidad.
