El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, señaló en un comunicado de prensa que 'investigará y buscará hacer justicia con respecto a las denuncias' del ex alcalde de Maracaibo, Giancarlo di Martino. (ARCHIVO)
La Confederación Sudamericana de Fútbol ordenó el lunes una investigación sobre el proceso de adjudicación de la sede de la final de la Copa América de 2007.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, señaló en un comunicado de prensa que "investigará y buscará hacer justicia con respecto a las denuncias" del ex alcalde de Maracaibo, Giancarlo di Martino, sobre un presunto pago a los defenestrados directivos Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, con el fin de darle a esa ciudad la final del torneo.
"Condeno enérgicamente la corrupción del pasado que tanto daño le ha hecho al fútbol sudamericano. Dentro de nuestro compromiso con esclarecer las cuentas y hacer justicia, he ordenado investigar a fondo estas graves denuncias", dijo Domínguez, quien fue elegido en el cargo en enero de este año.
La respuesta de Domínguez se dio luego que el diario venezolano Panorama citó al exalcalde, quien le habría dicho que se debió pagar un monto de un millón de dólares para asegurar que Maracaibo montara la final del torneo en la que Brasil derrotó a Argentina en el estadio en el estadio José Encarnación "Pachencho" Romero.
Di Martino dijo que la alta dirigencia de la Conmebol en esa época, el presidente Leoz y el vicepresidente Figueredo, solicitaron el pago en una cena en la que estuvo presente el otrora presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter.
Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol, expresó en el mismo comunicado que trabajan para conocer todos los presuntos actos de corrupción de administraciones anteriores.
El paraguayo Leoz y el uruguayo Figueredo quedaron involucrados en el escándalo de corrupción que golpeó a la FIFA en 2015, luego de ser acusados por la justicia de Estados Unidos de recibir sobornos a cambio de contratos por los derechos comerciales de torneos internacionales.
Leoz se encuentra en prisión domiciliaria en Asunción desde junio de 2015 y espera su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por diferentes delitos financieros atribuidos a su presidencia, desde 1986 hasta abril de 2013.
Figueredo, por su parte, se encuentra en Montevideo, procesado por sobornos presuntamente recibidos de empresas comerciales que adquirieron los derechos de transmisión televisiva de la Copa América.
