Ejidatarios llevan su caso a la ONU

Ejidatarios de La Sierrita, en Durango, presentarán hoy martes los detalles de su batalla jurídica contra la minera canadiense Excellon, ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, que ayer lunes comenzó su visita oficial a México para conocer violaciones a derechos humanos cometidas por empresas.

A punto de vencer el plazo para conocer el fallo sobre la demanda que presentaron ante el Tribunal Agrario para rescindir el contrato que firmaron con la minera en 2008, los ejidatarios aprovecharán esta visita de expertos de la ONU para presentar su caso como emblemático en el mapa de conflictos mineros en el país.

"A diferencia del resto de los conflictos, donde las comunidades agrarias, ejidos y comunidades indígenas rechazan los proyectos de minería, nosotros sí les permitimos la entrada para la explotación de la mina, acordado un beneficio para la comunidad con la firma de un contrato que fue totalmente leonino porque entonces nosotros no teníamos asesoría", dice Juan Daniel Pachecho, presidente del comisariado ejidal de La Sierrita.

Cuando Excellon llegó a La Sierrita, encontró una comunidad de 150 habitantes, donde 80 % de los ejidatarios había tenido que emigrar por falta de empleo. Los ejidatarios consideraron que la instalación de la mina la Platosa podía impulsar su desarrollo. Por eso convinieron con la minera y firmaron ese contrato en 2004, y uno más de 2008. Pero la empresa no cumplió con las condiciones acordadas con los ejidatarios, dice Pacheco. "Firmaron el documento y sólo cumplieron con lo que quisieron", afirma.

De allí la particularidad del caso, pues evidencia que, aun con un acuerdo y contrato de por medio, empresas mineras como Excellon no cumplen con las comunidades.

EMPRESA NO CUMPLE

Pacheco explica que la firma cumplió con el pago del dinero por la renta de las 1,100 hectáreas donde está la mina. Sin embargo, asegura, incumplieron con las cláusulas ambientales y sociales, "y hasta violaron una que les prohibía explorar fuera de las 1,100 hectárea arrendadas".

Por el incumplimiento de las condiciones del contrato firmado en 2008, los ejidatarios iniciaron en septiembre de 2012 un juicio para rescindir el contrato con la minera canadiense, que deberá concluir a mediados de septiembre, cuando se cumple el plazo para que el Tribunal Agrario del Sexto Distrito, con sede en Torreón, Coahuila, dicte sentencia en el caso 683/2012.

Los ejidatarios esperan una resolución a su favor si el tribunal considera los más altos estándares de derechos humanos.

Pacheco explica que la rescisión del contrato es un hecho, porque la empresa también demandó ante el Tribunal Agrario su fin. La petición es de ambas partes, pero está en juego "quién le paga daños a quien y la posible permanencia de ellos", dice.

Si la empresa pierde, tendrá que salir del territorio de La Sierrita y cubrir los pagos suspendidos de 3 años de renta por las 1,100 hectáreas que utilizan, 3 años de un fondo social y 3 años de becas para estudiantes. Además, dice Pacheco, "estamos pidiendo 60 millones de pesos por resarcimiento de daños", dice.

Pero si la minera gana se quedaría con 27 hectáreas que reclama como propias porque argumenta que a cambio de ese terreno dio a los ejidatarios 600,000 acciones para el ejido, explica Pacheco.

Excellon demanda la rescisión del contrato y que los ejidatarios devuelvan el dinero que les ha pagado por el terreno que ocupa. Acusa que los ejidatarios pararon la mina 3 meses en 2012, al colocar un campamento para exigir el cumplimiento de las condiciones del contrato, y que con ello provocaron pérdidas económicas por 90 millones de dólares.

"Pero nunca dejó de trabajar porque la mina tiene dos accesos y nosotros colocamos el campamento sólo en uno", afirma Pacheco. Ese campamento además fue desalojado de manera violenta en octubre de 2012, por un grupo de hombres contratados por la minero, afirman los ejidatarios.

Aunque el Tribunal Agrario emita el fallo en las próximas semanas, el camino judicial es todavía largo para ambas partes -ejidatarios y minera-, pues quedan otros recursos de ley para pedir la revisión del fallo, el amparo o "llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dice Pacheco.

Sin embargo, asegura que hay confianza en que el fallo los favorezca porque hay un antecedente: "El Tribunal Agrario se había negado a darnos el pago de arrendamiento correspondiente a 2013 que la minera había depositado en garantía. Nosotros recurrimos al amparo para exigir ese dinero y ganamos en 2015. La mina entonces ya no depositó los pagos en garantía, pero esa resolución sentó un precedente porque consideró como argumento la violación de nuestros derechos humanos".

Por eso confía en que el fallo del Tribunal Agrario considere los argumentos del juzgado federal que otorgó el amparo. "Nuestras expectativas son positivas", dice Pacheco.

Pacheco explica que el contrato firmado con Excellon consideraba la dotación y el tratamiento de agua para uso de la agricultura y consumo humano de los habitantes de La Sierrita, pero en ningún caso cumplieron.

Pacheco en cambio destaca los daños ambientales ocasionados por la mina y el uso indiscriminado de agua, pues extrae 12,000 galones por minuto en una zona que padece sobreexplotación.

"Con el agua que la empresa extrae de la mina -que tiene 5 veces más arsénico que lo permitido por la norma para el consumo humano- inunda los campos donde se produce el forraje para alimentar el ganado lechero", dice el ejidatario.

Pero no sólo eso. El agua que la mina tira también está afectando especies endémicas. "Tira el agua en una zona desértica y provoca el crecimiento de matorrales, pasto y árboles que no son de la zona. La gente piensa que es un beneficio, pero el exceso de agua lo que ha ocasionado es la muerte de las especies que sí son de la zona, como el mezquite".

A pesar de estos daños, Excellon no ha hecho nada para la remediación, afirma Pacheco.

Este pleito legal con Excellon ha traído consecuencias para la vida de La Sierrita, como divisiones entre sus pobladores y la migración de ejidatarios que de nuevo han tenido que buscar mejor suerte lejos de su comunidad.

Hubo expectativas de progreso, dice Pacheco, muchos de los ejidatarios regresaron para trabajar y desarrollar la comunidad, pero ahora de nuevo se están yendo por la falta de oportunidades. "La mina despidió a 56 trabajadores, entre ellos 30 de la comunidad que han salido para buscar empleo", dice Pacheco.

La suspensión de los pagos en 2013 por la renta de las 1,100 hectáreas además ha significado dejar a medias una serie de proyectos productivos que la comunidad había emprendido para mejorar su vida.