La llamada "razón de Estado" es una de las mayores sinrazones que han inventado los políticos. Sirve para justificar aun los más grandes delitos, con el alegato de que se cometen para salvar a la institución estatal. Por "razón de Estado" se priva de libertad a las personas, se les tortura y se les mata, y quienes incurren en esos crímenes se quedan muy tranquilos pensando que los perpetraron en aras del Estado y que "el fin justifica los medios".
Aquel día 31 de marzo de 1856 don Ignacio Comonfort invocó la "razón de Estado" para ordenar una intervención de los bienes de la Iglesia en Puebla como "castigo" por haber dado apoyo a la revolución en contra del gobierno. No usó el presidente esa frase, "razón de Estado", pero empleó otra muy parecida: "alta política".
Leamos la parte pertinente de ese decreto interventor:
"... Cuando se dejan extraviar por un espíritu de sedición las clases de la sociedad que ejercen en ella, por sus riquezas, una considerable influencia, no se les puede reprimir, sino por medidas de alta política, pues de no ser así ellas eludirían todo juicio y se sobrepondrían a toda autoridad...".
Digámoslo de otra manera. El presidente juzgaba por sí mismo que la Iglesia Católica había aportado en Puebla fondos para apoyar la revolución que en su contra se levantó en Zacapoaxtla. No podía aplicar a sus jerarcas una sanción prescrita por la ley, dado que éstos ejercían sobre la sociedad una considerable influencia. Así, al no poderlos someter a la justicia común, les aplicaba una medida de "alta política": sin mediar juicio alguno, y sin que los afectados tuvieran ninguna posibilidad jurídica de defenderse, decretaba una expropiación de los bienes del clero. Al margen de todo derecho aplicaba de motu proprio una medida de "alta política". Es decir, actuaba por "razón de Estado".
Este suceso está muy lejos de constituir un incidente aislado. Es quizá el primer caso en que se observa, paladinamente aplicada, una concepción que los gobernantes de México tienen hasta ahora, concepción que constituye una de las mayores lacras que sufrimos, pues atenta gravemente contra nuestra libertad y nos pone en riesgos cuantiosísimos. Esa concepción es la que hace que los detentadores del poder en México se sientan "absolutos". En este caso la palabra "absolutos" viene a significar "absueltos", es decir, exceptuados de cumplir las leyes. Hasta nuestros días los gobernantes -del presidente de la República hacia abajo- se sienten por encima de la ley, como si las normas no los obligara a ellos, sino sólo a nosotros los gobernados. Así, "por alta política", por "razón de Estado", se hacen cosas como las que recientemente vimos en Guanajuato, en que al margen de la legislación se hizo y se deshizo en forma tal que no se podría tolerar en un país en que el Derecho rigiera para todos por igual, gobernantes y gobernados.
En el caso de Comonfort lo de menos es que haya sido la Iglesia Católica la víctima de su "alta política". Lo de más es que el gobierno mexicano hacía los primeros ensayos de aplicación de su voluntad por encima de la ley. Esa práctica sigue vigente hasta ahora, y debemos denunciarla, protestar por ella y luchar por su desaparición. De otra manera seguiremos sujetos a vivir en forma muy parecida a como vivían nuestros antepasados de hace 150 años. Es decir, seguiremos sujetos nosotros también a "la alta política", que es la más baja de todas; a la "razón de Estado", que es suma sinrazón.
