Seis personas resultaron muertas en una operación llevada a cabo hoy por las fuerzas de seguridad de Filipinas en el recinto residencial de Rolando Espinosa, alcalde de la localidad de Albuera, en la provincia de Leyte, acusado de ser un destacado narcotraficante de la zona, informan medios locales.
Según datos ofrecidos por el portal de información Rappler, sobre las 05.30 hora local del miércoles (21.30 GMT del martes) se inició un tiroteo entre miembros de la Policía de Filipinas y empleados de Espinosa que se encontraban en la vivienda del alcalde.
El suceso se produjo después de que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, acusara públicamente al regidor y a su hijo, Kerwin, de estar involucrados en el tráfico de drogas y les diera 24 horas para entregarse.
Mientras que Espinosa se entregó ayer en Manila y admitió que su hijo estaba involucrado en el narcotráfico, Kerwin ha ignorado las instrucciones de Duterte y sigue en libertad, aunque se encuentra en paradero desconocido.
Las fuentes detallaron que dentro del recinto residencial, dos de las víctimas murieron en la vivienda de Espinosa, dos en la de Kerwin, y otras dos en la primera residencia del alcalde.
Las autoridades, que aún buscan a otros cuatro sospechosos, encontraron en el lugar del suceso trece fusiles, cuatro pistolas de calibre 45 y granadas de mortero.
El pasado jueves, dos guardaespaldas y otros tres empleados del alcalde Espinosa fueron arrestados durante una operación policial antidrogas en la que los agentes encontraron bolsas de shabú, una potente metanfetamina, por valor de 1,9 millones de pesos (36.000 euros o 40.000 dólares) en el mercado negro.
La operación contra el político de Leyte forma parte de la agresiva campaña contra los estupefacientes iniciada por Duterte, que antes de ser elegido presidente en las elecciones del pasado 9 de mayo prometió que acabaría con las drogas y el crimen en menos de 6 meses.
Su polémica lucha contra las drogas ha dejado desde los comicios más de 500 supuestos traficantes y drogadictos muertos en operaciones policiales o a manos de grupos de ciudadanos conocidos como "vigilantes", según recuentos que llevan a cabo los medios locales de Filipinas.
Sin embargo, los críticos de Duterte destacan que no se están respetando los derechos humanos de los sospechosos, y apuntan además que entre los muertos hay escasos capos del narcotráfico, que consideran deberían ser el objetivo principal de las operaciones anti-droga de la Policía de Filipinas.
Hasta la fecha, el presidente ha publicado los nombres de 5 generales de la Policía supuestamente relacionados con el narcotráfico, así como a tres capos de la droga de nacionalidad china que actúan en el país. EFE
