La respiración se corta. Los sobresaltos no dan pausa, primero San Juan Chamula, 30 comunidades representadas, más de 2000 asistentes y de pronto una "turba" se lanza contra las autoridades. Caen muertos el alcalde, un edil, un regidor y varias personas más. Le reclamaban obras, los ánimos se encendieron en ese paraje de heridas centenarias y de allí en segundos a la vejación y la muerte. Algo está podrido en México.
Pocas horas después Pungarabato, cae otro acalde después de una lluvia de tiros. Los Templarios o la Familia circulan como versión. La plaza está totalmente penetrada por los narcos. De noche en una zona muy peligrosa, se arriesgó dicen, las autoridades locales. Vaya argumento. Surgen dudas. Todo es posible. Chamula y Pungarabato, sucesos inconexos o quizá nos resistimos a leer lo evidente. La violencia, con distintas caretas, se está apoderando -¿se ha apoderado?- de México. En 10 años han caído 45 munícipes, más legisladores locales, un candidato a gobernador y un largo etcétera. La persecución y asesinato de periodistas ha obligado a Freedom House a retirarle a nuestro país la calidad de libre. Hay un amasijo de violencia que nos ahoga.
El amasijo incluye, por supuesto, la "guerra" contra el narco y sus derivados, los desaparecidos. Dentro de esa masa amorfa todos los actos violentos que no tienen consecuencias jurídicas -que quedan impunes- abonan a la extendida creencia de que todo se puede en México, desde golpear o violar o matar con una altísima probabilidad (97 %) de salir tan campante de la aventura. Es el mismo país que estrena una nuevo sistema de justicia, el que se ufana de venir preparando una fuerza federal desde hace décadas, el que anuncia la creación de los centros de inteligencia, el que discute las policías únicas, el que presume con la exitosa detención de decenas de capos. Es el México que desconcierta porque -a pesar de los avances- es incapaz de mandar una señal congruente de que aquí impera el estado de derecho. Esa es la mayor contrahechura de México, el claro registro de que la impunidad es nuestra forma de vida.
Llegan nuevas leyes e instituciones, el Sistema Nacional Anticorrupción y el fiscal son grandes avances, pero si no vienen acompañados de una auténtica cruzada en contra de la impunidad, de poco servirá. La reacción contra los Duartes y Borge es sólo un primer paso, pero debería derivar en acciones jurídicas. Que el flamante presidente del PRI anuncie cero tolerancia hacia los corruptos es alentador, pero deberá haber expulsiones, una auténtica poda que también necesitan sus contrincantes. La gobernadora de Sonora está apostando a esa carta en el entendido de que la ciudadanía mexicana, por fortuna, ya es otra y ha elevado a la corrupción a ser la segunda causa de inconformidad ciudadana sólo superada por la violencia. Por eso el asunto de la llamada "casa blanca" ha tenido un costo político tan alto para EPN, porque la cultura ciudadana giró en menos de dos décadas de una tácita tolerancia hacia la corrupción a un hartazgo y rechazo abierto. México avanzó mucho y rápido en materia de transparencia, pero se quedó anclado en impunidad.
Está en todas partes, desde los accidentes sistemáticos de los dobles remolques a los que nadie detiene, pasando por la guardería ABC, las decenas de muertos del Lobohombo, New's Divine o el Casino Royale. Si el presidente desea recuperar credibilidad, además de ofrecer disculpas que es un hecho sin precedente, debería abocarse a dar seguimiento a los casos paradigmáticos de impunidad. De entrada brinca la estrategia frente a la CNTE que se ha convertido en emblema de impunidad por connivencia entre las autoridades y esa organización. Cómo pretender que la imagen del estado de derecho mexicano se fortalezca si hay miles de contenedores varados en Lázaro Cárdenas por unas cuantas personas que atravesaron unos troncos y se instalaron en las vías a chacotear. ¿Qué no conocen la Ley de Vías Generales de Comunicación que establece con toda claridad los delitos en que se incurre hoy a diario? ¿Cómo explicar que varias pequeñas pandillas sean capaces de impedir el tránsito de miles de vehículos con alimentos para los mexicanos hambrientos y que la autoridad sólo contemple? Ciudades enteras amenazadas como Acapulco o paralizadas como Oaxaca, con su Guelaguetza, su turismo y los ingresos de miles tambaleándose y nada ocurre. El espectáculo es patético.
¿Cómo evitar que las "turbas" asesinas vuelvan a aparecer, si el gobierno las fomenta con impunidad institucionalizada? Cómo convencer al mundo y a los mexicanos de las bondades de las reformas y de la prosperidad anunciada de México, si la autoridad es cómplice ostentoso de la principal afrenta a un ciudadano: la impunidad. Deforme, contrahecho, monstruoso, así se mira el estado mexicano.
