Confrontados. El titular de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón pidió ver el caso en un contexto más amplio antes de juzgar a toda la corporación.
La violencia sexual es "una práctica rutinaria" en los arrestos de mujeres por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, pero "hay un casi nulo castigo" para estos crímenes, alerta un informe de Amnistía Internacional (AI).
Para la realización del informe, la organización habló con cien mujeres recluidas en prisiones federales, quienes en su totalidad dijeron haber sufrido acoso sexual o maltrato psicológico durante su detención o en las horas posteriores.
Además, 72 de ellas afirmaron haber padecido abusos sexuales y 33 de ellas haber sido violadas.
Con cifras así, "no podemos sostener la hipótesis de unas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad de México", señaló en una entrevista Madeleine Penman, autora del informe.
UN CASO DOCUMENTADO EN TORREÓN
En el estudio publicado por Amnistía ayer en su sitio web, destaca un caso registrado el 12 de febrero de 2013 en la ciudad de Torreón, en el que Mónica, madre de cuatro hijos, fue violada por seis agentes de Seguridad Pública Municipal frente a su hermano y esposo, además de ser torturada con descargas eléctricas en los genitales, asfixiada con una bolsa de plástico, y su cabeza fue hundida en una cubeta con agua.
Todo esto con la finalidad de que confesara que formaba parte de una organización criminal.
Mónica viajaba en automóvil con su esposo y su hermano aquel día, cuando agentes policiales les marcaron el alto y sin mostrar orden de aprehensión alguna se los llevaron a un galpón detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.
La mujer al principio se quedó fuera, en una camioneta de la Policía, cuando un oficial llegó y la vio allí, se puso furioso con la agente que la había llevado. Le dijo: "¡Eres una pen...! ¿Por qué la tienes detenida ahí?". Después regresó y la metió al lugar amenazándola con cortarla en pedacitos.
"Bienvenida a la fiesta" le dijo un elemento al entrar al lugar, donde vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados.
Los policías la agarraron y empezaron a simular que la ahogaban sumergiéndole repetidamente la cabeza en una cubeta, para después asfixiarla con bolsas de plástico, la golpearon en los glúteos con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo agarrándola del pelo.
Tras aplicarle descargas eléctricas en los genitales y las piernas, un representante de Seguridad Pública de Torreón comenzó a besarla bruscamente y a morderla en la cara y el cuello, para después violarla delante de su esposo y su hermano. Enseguida seis agentes abusaron de ella uno por uno, se masturbaron en su cara y la obligaron a practicarles sexo oral.
Es importante destacar que durante todos estos actos, elementos del Ejército estuvieron presentes mirando lo ocurrido.
Después de la tortura, llevaron a los tres detenidos a las oficinas de la PGR en Torreón y en el trayecto, el esposo de Mónica falleció en sus brazos en consecuencia de las lesiones que le causaron.
La mujer fue trasladada en avión a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, donde la obligaron a firmar una "confesión" en la que decía que formaba parte del cártel de Los Zetas.
Un año más tarde, expertos forenses de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron que Mónica había sido violada y que su esposo había sido ejecutado arbitrariamente a consecuencia de la tortura.
Actualmente, ella se encuentra presa a la espera de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada.
Amnistía Internacional señala que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo. Si bien desde hace nueve meses el Gobierno estableció un mecanismo sobre tortura sexual, éste permanece "adormecido" y las autoridades responsables no se han vuelto a reunir para avanzar en la materia y castigar a los culpables, denunció la autora del informe.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo que la respuesta del Estado mexicano ante el informe "no ha sido diferente a la de los últimos años", ya que "no existe un reconocimiento pleno de la gravedad de esta crisis".
Ese caso ya está en el pasado: jefe policiaco
Adelaido Flores Díaz, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, habló sobre el informe de Amnistía Internacional que habla sobre abusos sexuales de autoridades en México, mismo que involucra directamente a la Policía de Torreón.
"Realmente no puedo opinar mucho al respecto, creo que ese caso ya está en el pasado y las autoridades dieron sus determinaciones... creo que habría que ver esa situación en un contexto más amplio antes de juzgar a toda la corporación".
Flores Díaz se negó a opinar sobre los abusos sexuales de los elementos municipales, en su lugar resaltó las medidas de capacitación que ha tomado la DSPM de Torreón desde aquel incidente, tanto en el plano de los derechos humanos, como en la capacitación operativa en general.
"El Ayuntamiento acató esas instrucciones de parte de Derechos Humanos, es algo juzgado y desde entonces hemos trabajado para mejorar la corporación, creo que de nuestra parte se han tomado todas las medidas para que no suceda ese tipo de situaciones… pero también habría que cuestionar un poco más el caso de la detenida, lo más claro es que actualmente ella está en espera de un juicio y más allá de eso no hay", afirmó el jefe policiaco.
"Como corporación hemos tenido avances importantes, creo que tienen que revisarse también las investigaciones que hacen las autoridades en su momento", finalizó Flores Díaz.
MUJERES
recluidas en prisiones fueron entrevistadas
‘Epidemia de tortura’
Los datos que proporciona Amnistía Internacional hacen ver que lo que este caso pone en evidencia está lejos de ser una conducta excepcional.
En el caso de la Marina, de los 10 casos descritos ocho incluyeron la violación, según las denuncias de las mujeres. Respecto a otras fuerzas de seguridad, los porcentajes rondan el 50 %, señaló Penman.
Pero "cuando hablamos con las Fuerzas Armadas, el Ejército no nos pudo mencionar un solo soldado suspendido por abuso sexual o violación en estos años", sostuvo.
Los nombres de elementos llevados ante la Justicia, enfatizó la investigadora, "son casi inexistentes". Y desde 1991, solo 15 casos de denuncia de tortura han terminado en sentencias condenatorias a nivel federal.
Otra de las conclusiones del reporte es que la estrategia de seguridad está basada en muchas ocasiones en "arrestos arbitrarios que suelen tener como blanco a las mujeres más marginales" y sin recursos, quienes muchas veces acaban sufriendo abusos y siendo prácticamente obligadas a firmar "confesiones" de los delitos.
Por todo ello, la ley general contra la tortura, que aún tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados tras pasar por el Senado, sólo será efectiva si se consagra "el principio de exclusión de las pruebas ilegales en los juicios", de tal forma que queden descartadas todas aquellas que se hayan conseguido bajo tortura, sostuvo la investigadora.
Amnistía no duda en calificar la situación que se vive en México como una "epidemia de tortura". Sólo ante la Procuraduría General de la República se interpusieron durante 2014 unas 2,403 denuncias por este delito.
