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Caso ABC

Quieren penas más altas para culpables

LOS DUEÑOS FUERON BENEFICIADOS CON UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA

Nunca se olvidará. Hace siete años sucedió el incendio  en la Guardería ABC de Hermosillo.

Nunca se olvidará. Hace siete años sucedió el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo.

AGENCIAS

Tanto padres de familia de las víctimas del incendio en la Guardería ABC como sentenciados apelaron la resolución que el juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, emitió el pasado 13 de mayo. El juzgador condenó hasta por 29 años a 19 personas por los delitos de homicidio culposo y absolvió a tres.

Además, los familiares de las víctimas del incendio del 5 de junio de 2009, donde murieron 49 niños, preparan una demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia, mientras que recurrirán a su homóloga en México, la próxima semana, para reiterar a la procuradora general de la República, Arely Gómez, que no ha cumplido con sus derechos de audiencia.

Inicialmente había 32 personas procesadas -se incluía a funcionarios de alto rango de los tres niveles de gobierno- por este caso, pero la lista se depuró a 22. Los 10 restantes obtuvieron una sentencia absolutoria, hubo un sobreseimiento o se extinguió la acción penal, tras el perdón otorgado por los ofendidos.

Desde hace más de cinco años fueron beneficiados con una sentencia absolutoria anticipada (sobreseimiento) dos de los cuatro dueños de la Guardería ABC: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex primera dama, Margarita Zavala, y Gildardo Urquídez Serrano.

Por una resolución judicial a su favor, tampoco fueron sentenciados el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours; Ernesto Vargas Gaytán, exsecretario de Hacienda; Daniel Karam, director del IMSS; Carla Rochín, directora de Guarderías Subrogadas del IMSS, y ex alcalde Ernesto Gándara.

Los representantes legales de los Movimientos 5 de Junio, Lorenzo Ramos, y de Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado, aseguraron que se trata de una resolución parcial de justicia, pues no se llega a la verdad histórica de los hechos y aunque la escena del crimen se encuentra modificada, a siete años esperan un nuevo peritaje y un nuevo expediente con otra línea de investigación que involucre a los que no fueron procesados.

 EN BUSCA DE JUSTICIA INTERNACIONAL

El fallo que se dio en mayo pasado, en el que se sentenció a dos de los cinco dueños de la Guardería ABC a 28 años de prisión, no es suficiente para padres de los niños que murieron en el incendio. Ante ello, preparan una demanda que presentarán ante la CIDH, aunque el juicio continúa en México.

"No tenemos que esperar a lo que falte legalmente, porque la justicia ha dilatado mucho, y eso también es una injusticia. A partir de todo lo que hemos vivido, podemos hacer una solicitud a instancias internacionales y lo estamos trabajando desde hace casi un año", dice Julia Escalante, mamá de Fátima Sofía, una de las 49 víctimas mortales.

Considera que el proceso de investigación sobre las causas que originaron el fuego en la bodega contigua a la guardería, que usaba la Secretaría de Hacienda estatal, y que se presume fue un incidente provocado, no ha avanzado por el camino correcto. "Los hechos históricos de Sonora nos han demostrado que cada vez que hay elecciones se quema una bodega del gobierno del estado donde había papeles", afirma.

Recuerda que desde 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una línea de investigación que señalaba que el incendio fue provocado, y no causa de un cortocircuito en un aparato de aire lavado.

Dice que los peritajes no cumplen con los parámetros de justicia internacional, para garantizar que sus resultados sean confiables, por lo que Julia sólo confía en el análisis independiente del perito estadounidense David Smith, en 2010, el único que señaló que había cajas de cartón quemadas y residuos de gasolina en el lugar.

"Te cito un ejemplo, el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, se comprometió con nosotros en la nueva línea de investigación a hacer un peritaje con especialistas extranjeros, con peritos de Inglaterra. Al final de cuentas se hizo con gente de México.

"Y qué pasa, no es que subestimemos a expertos de acá, que tienen muchas cualidades, pero la idea era no contaminar con gente de aquí, que tiene influencias e intereses en el tema. Al final del día se terminó con gente, incluso, del estado de Sonora, involucrada en los anteriores estudios", detalla.

El compromiso que adquirió la actual procuradora Arely Gómez, de realizar un nuevo peritaje con un equipo estadounidense, tampoco alienta mucho a Julia. "Un peritaje a estas alturas es muy difícil, porque en el transcurso del tiempo se han ido borrando muchas evidencias, y otras que se las han llevado, entonces tenemos que buscar otras formas", dice.

 DESAPRUEBAN LA CONDENA

Abogados y padres de los niños desaprobaron la resolución del juez. Insisten en que la mayor tragedia infantil en la historia del país ocurrió por la expansión del incendio de una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, unida en pared y techo con una guardería subrogada del IMSS, con un saldo de 49 menores muertos, 26 con heridas de quemaduras y 81 niños expuestos, con lesiones internas por inhalación de humo.

El juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, el 13 de mayo pasado, emitió una sentencia en relación al expediente 126/2009 integrado a raíz de la tragedia. Condenó por los delitos de homicidio culposo a 19 personas y absolvió a tres, además del pago de una multa y a la reparación del daño.

El juez determinó que estas 19 personas señaladas culpables tienen suspendidos sus derechos políticos y civiles, además de los sustitutivos de la pena privativa de la libertad, lo cual significa que en caso de interponer un amparo y no prosperar, estarán en la cárcel sin derecho a fianza.

De acuerdo con el expediente, las personas sentenciadas no irán a la cárcel de inmediato porque el juez dictó sentencia por el delito de homicidio y lesiones culposas, considerados delitos no graves, por lo que las siguientes etapas del proceso estarán libres hasta que finalicen las etapas legales subsecuentes y la sentencia quede firme.

Este proceso podría durar de tres a cinco años más, explicaron abogados de los padres de familia. En la expedición de permisos de operación de la Guardería ABC participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno; unos 10 funcionarios han estado en la cárcel y han salido libres bajo fianza. Hoy no hay personas privadas de la libertad.

Los primeros 10 funcionarios sin sentencia -recursos obtenidos en diversos años-, inicialmente fueron señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya resolución de noviembre de 2010 documentaba su responsabilidad, como en el caso de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien falleció en mayo de 2015, pues como director general del IMSS autorizó la operación de la guardería.

Otros de los responsables, según el dictamen, fue Eduardo Bours Castelo, gobernador de Sonora de 2003 a 2009, al considerar que era el responsable directo de la operación del Sistema Estatal de Protección Civil y encargado del diseño de las políticas públicas en la materia.

En el caso de Ernesto Gándara, alcalde de Hermosillo cuando ocurrió el incidente, fue señalado de ser responsable al encabezar la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil, por lo que se le atribuye la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.

La hora de la siesta, un doloroso recuento

Como parte de las actividades que organizan cada año los padres de los niños víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, será proyectado el documental "La hora de la siesta".

La ciudad de Puebla fue elegida como el sitio para exhibir este material y estarán presentes Abraham Fraijo, padre de Emilia, niña fallecida en esta tragedia, y Caro Platt, directora del documental.

El documental narra en 83 minutos las vidas de los pequeños César, Yeyé, Márquez, y Emilia Fraijo, a través de los testimonios de sus padres Julio César y Abraham.

En la introducción del tráiler publicado en la plataforma de internet http://lahoradelasiesta.mx/ trata sobre lo difícil que ha sido para las familias de estos niños vivir con la tragedia a cuestas.

"Imagina una mañana cualquiera abrir los ojos, despertar, las cosquillas, el zapato perdido, las sábanas recién abandonadas, imagina que es viernes, imagina no saber que es una mañana cualquiera por última vez.

"Vivir la ausencia es vivir en mundos paralelos, el de los recursos donde todo vive y encuentra su lugar y el mundo del presente, donde la mayor parte de tiempo nada tiene sentido", narra la grabación.

La sinópsis señala: "Atravesamos los mares del recuerdo y la ausencia para contar las historias de Emilia y Yeyé, dos de los 49 niños que perdieron la vida en la Guardería ABC en un incendio que pudo ser evitado y que mostró las terribles consecuencias de la corrupción y el tráfico de influencias dentro del sistema de guarderías subrogadas por el gobierno en México".

La hora de la Siesta es una elegía visual a la memoria de estos niños y a la valiente lucha de sus familias por retomar su vida.

La historia de la estancia

Los dueños de la Guardería ABC solicitaron por escrito el 26 de marzo de 2001 a la delegación de IMSS, permiso para instalar una guardería. Se les otorgó el 5 de junio del mismo año.

Se celebraron dos contratos de subrogación del servicio. El segundo con vigencia del 2 de enero 2007 al 31 de diciembre de 2009. En representación del IMSS, los firmó Molinar Horcasitas y, por la sociedad, su apoderada Sandra Lucía Téllez Méndez. Además, intervinieron otros funcionarios del IMSS, como Fernando Gutiérrez, director Jurídico; Dora García Kobeh, coordinadora de Guarderías, y Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora.

El 11 de diciembre de 2006 quedó certificado el expediente, pues estaba completo y actualizado. No obstante, el dictamen de seguridad se agregó el 5 de octubre de 2007, signado por Roberto Copado Gutiérrez, entonces director de la Unidad de Protección Civil Municipal, expedido por oficio DBT/576/07.

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