El Gobierno federal debe reducir el gasto en 1.5 por ciento del PIB, lo cual equivale a 300 mil millones de pesos, o de lo contrario habrá más volatilidad, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Luis Foncerrada, director general del CEESP, consideró que hay espacio para hacer un recorte al gasto en 2017.
"Hay muchos programas asistenciales, a eso nos referimos cuando hablamos de subsidios que no han tenido ningún efecto, ni en reducir la pobreza ni en reducir la desigualdad.
"Desgraciadamente lo que se ha recortado es pues la inversión física que tiene un efecto muy peligroso para el futuro del país", afirmó Foncerrada.
Comentó que el sector privado está trabajando en conjunto con la Secretaría de Hacienda para identificar las áreas en las cuales se puede recortar el gasto.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, también consideró que la reducción del gasto público se ha concentrado en la inversión física, que tiene costos muy altos para la economía.
Además, Castañón afirmó que hasta el momento no hay un acuerdo para elevar el salario mínimo, por lo que sería difícil anunciarlo a mediados de junio como lo ha anticipado la Secretaría del Trabajo.
EXIGE APROBAR SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Porque el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se destina a corrupción, las cúpulas empresariales de Jalisco solicitaron que el Senado apruebe durante el período extraordinario, que arranca el 13 de junio, las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
"Los legisladores tienen una oportunidad histórica para dejar los cimientos de un verdadero sistema para acabar con la corrupción en México", expresó José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco.
De acuerdo con el líder empresarial, invitarán a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otros organismos internacionales para ser observadores.
En el período ordinario, que concluyó el pasado 30 de abril, sólo se dictaminaron cinco de las siete leyes secundarias y quedó pendiente la ley para contar con un fiscal anticorrupción autónomo, añadió Medina Mora.
Por su parte, Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), dijo que el 14 por ciento de los ingresos de las familias mexicanas se destina para actos de corrupción.
