— Lorenzo Meyer
Según The New York Times, (27 de mayo), las estadísticas oficiales permiten afirmar una de dos cosas: que las tropas mexicanas encargadas de enfrentar al crimen organizado son tiradores excepcionales -y los marinos más que los soldados- o que en México hay una política de ejecución sumaria de prisioneros. Y es que según datos de la Cruz Roja, en los conflictos armados de los últimos cuarenta años en el mundo, el promedio de bajas es de cuatro heridos por cada combatiente muerto. Sin embargo, en México las cifras son muy diferentes: 8 muertos por cada herido cuando el encuentro involucra al Ejército y 30 muertos cuando se trata de la Marina. Esto significa que cuando en México el Ejército reporta cuatro adversarios heridos es porque el enemigo sufrió 32 bajas fatales y en el caso de la armada ¡120!
En otras partes estos datos serían de escándalo, pues lo que revelan no es la excepcional puntería de soldados y marinos sino que en la "guerra contra el narco" ideada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto, se optó por aplicar sistemáticamente lo que podríamos denominar la "solución Tlatlaya", es decir, una política de ejecuciones sumarias de los prisioneros pues llevarlos ante el juez les permitiría comprar su libertad. Como se sabe en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, tras un breve encuentro nocturno entre elementos del 102 batallón de infantería y un grupo de gente armada en una bodega, dejó un saldo de 22 civiles muertos y un militar herido. Sin embargo, en esa ocasión el testimonio de una testigo, cuya hija menor de edad fue una de las personas muertas, permitió saber que de los 22 civiles sólo uno murió en el encuentro y que a 21 restantes se les ejecutó ya rendidos o heridos. El caso se conoció porque la revista Esquire difundió la versión de una testigo, pero fácilmente hubiera pasado desapercibido pues el gobernador del Estado de México ya se había dado por satisfecho con la versión original del Ejército -durante un patrullaje y al repeler un ataque, murieron todos los 22 civiles, incluyendo la menor de edad, (Esquire, http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/). Ante lo revelado por la revista la CNDH entró en acción y algunos soldados fueron arrestados, pero hoy ya ninguno de ellos está en prisión.
La Persistencia de una Vieja Práctica. La ejecución de los rendidos es una práctica muy antigua. En México, durante la guerra de independencia, por sistema, se fusilaba o degollaba a los combatientes capturados. Al nacer México como nación también perdió lo que quedaba del orden colonial y brotó el bandidaje en gran escala; en esas circunstancias la ejecución in situ de los bandidos capturados era vista como justa y necesaria. En la dura guerra civil entre liberales y conservadores, se llegó a ejecutar incluso al personal de sanidad de los vencidos. Luego vino La Revolución (con mayúsculas) y en "La fiesta de las balas" Martín Luis Guzmán recreó con maestría la ejecución masiva de 300 prisioneros "colorados" personalmente por el general villista Rodolfo Fierro -se le hinchó el dedo de tanto apretar el gatillo-, algo que en diferentes formas y magnitudes se repitió hasta el final de la Guerra Cristera de los 1920 y 1930.
No todos los que cayeron prisioneros durante la "Guerra Sucia" de los 1970 fueron liquidados, pero el Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Hilda Navarrete Gorjón et. al., (15 de octubre, 2014, s.p.i., 237 pp.) ofrece nombres y circunstancias de ejecuciones de prisioneros en la época en que estuvieron activas las guerrillas de los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El general Mario Arturo Acosta Chaparro, entre otros, ejecutaba personalmente y en una sola jornada en la Base Militar de Pie de la Cuesta no a 300 cautivos como lo hizo Fierro, pero sí a grupos de 14 a 16 prisioneros con un disparo en la nuca usando siempre una pistola calibre 380 con silenciador a la que llamaban "la espada justiciera" -la ejecución era ilegal, pero "justa"-; los cadáveres se arrojaban al mar. Se calcula que se eliminó así a 1,500 prisioneros, (pp. 38 y 39). Y finalmente vino la "Guerra de Calderón" que se convirtió en otro eslabón de esta cadena. Obviamente, una buena parte de las 140 mil muertes violentas que se calcula que ocurrieron entre 2006 y 2015 son resultado de la guerra actual, (Semanario Zeta, en Aristegui Noticias, 31 de mayo). ¿Cuántas han sido ejecuciones a la Tlatlaya? No lo sabemos, pero ya Fernando Escalante había subrayado la correlación a partir de 2008 entre presencia masiva de las fuerzas armadas federales y un aumento notable en muertes violentas.
¿Y la Sociedad? A la sociedad mexicana le preocupa primordialmente el problema de la inseguridad y la violencia, (Inegi, Encig de 2015) y confía en el Ejército más que en cualquiera otra institución gubernamental. Todo indica, por tanto, que la eliminación sin juicio de posibles delincuentes no es algo que le inquiete mucho, lo que es un error, pues las campanas que hoy no doblan por los ejecutados en las Tlatlayas que puede haber habido, mañana tampoco tocarán por aquellos indiferentes que llegaran a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
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