Decenas de mujeres marchan en México contra la violencia de género (Guadalajara,2011). Foto: EFE
En México, cada año hay cerca de 15 mil denuncias por violación, entre los victimarios hay desde esposos hasta policías. Ningún lugar es seguro y prácticamente la totalidad de las mexicanas ha conocido la violencia contra su sexo.
México, además de un territorio lleno de riquezas, es una tierra de oportunidades para violar la ley con escaso riesgo de ser atrapado.
Según el INEGI, la cifra negra -delitos que no se denuncian- abarcó en 2015 al 92.8 por ciento de los ilícitos cometidos en territorio nacional; de las fechorías que sí se reportan, pocas llegan a tribunales y aún menos terminan en sentencias.
Un caso ubicado dentro de la escasa proporción de crímenes expuestos, seguido con atención por la sociedad mexicana, ya sea a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, es el protagonizado por Daphne Fernández, veracruzana que era menor de edad cuando se convirtió en una cifra más entre las víctimas de transgresiones de alto impacto.
La violación de Daphne por jóvenes que hoy son internacionalmente conocidos como los Porkys de Costa de Oro reúne tres características que incendian el ánimo de la población: la violencia hacia el sexo femenino, la impunidad y los favores de la justicia hacia las familias pudientes.
Su demanda cayó como un alka seltzer en el vaso de agua de la opinión pública. Lo demás ha sido una historia multipublicitada, con ataques y réplicas de acusadores y acusados.
En los casos de asalto sexual los juristas tienen la obligación, eso es lo que recomiendan organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de dar mayor peso al testimonio de la víctima.
Sin embargo, la nación mexicana atraviesa una crisis en la salvaguarda de las garantías básicas, un despelote que, entre sus muchas manifestaciones, conduce a enfrentarse con la inercia, la desatención y una interpretación corrupta de los hechos en las instancias de procuración y administración de justicia.
Uno de los juniors, Gerardo Rodríguez Acosta, ya camina como hombre libre de culpa, sin mayor condena que el de su rostro ligado a los de sus tres amigos prófugos de la justicia.
El caso de la joven Fernández sacó a la vitrina esas cuatro caras. Sin embargo, en el lado oscuro del país, en la penumbra de la impunidad, siguen otros cientos, acaso miles, de victimarios desconocidos. La mayor parte de ellos, a juzgar por los estudios y las cifras sobre violencia sexual en territorio nacional, jamás estarán en un sitio iluminado, como las salas para exhibir a sospechosos, que permitan la debida identificación de los responsables.
DATOS VIOLENTOS
Cada año, estiman en la oficina de ONU Mujeres en México, hay cerca de 15 mil denuncias por violación en las 32 entidades federativas. Dicho de otra forma, en el territorio nacional cada 24 horas son asaltadas sexualmente cerca de 40 personas y apenas uno de cada cinco casos termina con sentencia.
Una conclusión del estudio titulado La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014 dice que la tendencia hacia el crimen sin castigo crece al compás de un aumento en el número de denuncias y una disminución en el renglón de los casos resueltos, es decir, las autoridades abren más expedientes y el número de detenidos va a la baja.
ONU Mujeres observa que de 1997 a 2004 casi ocho de cada diez de los presuntos culpables capturados fueron sentenciados.
En el período de 2009 a 2012 los sentenciados no alcanzaron ni la mitad de los presuntos responsables aprehendidos.
Un ejemplo numérico da una mejor idea del retroceso obrado. En 2012 se registraron 14 mil 566 denuncias de las que salieron mil 947 procesados por el delito de violación. Se obtuvieron 299 sentencias condenatorias.
En 2002, con 14 mil 372 expedientes integrados por los ministerios públicos, se tuvieron cuatro mil 012 sujetos a proceso y de ahí salieron tres mil 167 destinados a purgar su culpa.
Las mexicanas, según la oficina de Naciones Unidas, son objeto de un triple castigo: no tienen acceso a la justicia, tampoco a la reparación del daño y viven en uno de los 25 países más peligrosos para quienes nacieron del lado femenino del género humano, cada día seis mujeres son asesinadas por motivos relacionados con su sexo.
INCIDENCIA
En el primer trimestre del año, los ministerios públicos de Coahuila integraron 45 denuncias por delitos sexuales en su modalidad de violación.
El ejercicio 2015 cerró con 105 averiguaciones iniciadas, es el menor número consignado en la breve historia de los registros disponibles, llega a 1997.
En 2014, por ejemplo, hubo 178 reportes, un año antes se denunciaron 200 casos; en 2012 hubo 207 denuncias, en 2011 fueron 204, mientras que en 2010 se armaron 180 expedientes.
Durango cerró el primer trimestre empatado con su vecino: 45 denuncias. El año pasado cerró con 190 averiguaciones; en 2014 el total fue de 265 casos; en 2013 los agentes ministeriales recibieron 245 reportes; en 2012 se abrieron 189 carpetas de investigación; en 2011 fueron 225 reportes; 2010 sumó 85 expedientes.
Las penas por el íntimo asalto en la Comarca Lagunera varían dependiendo de en qué lado del vado del río Nazas se cometa la tropelía.
El artículo 384 del Código Penal de Coahuila indica que se aplicará prisión de siete a 14 años y multa a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin su voluntad, cualquiera que sea su sexo.
En el 385 se establece que habrá cárcel de tres a seis años y multa para quien tenga cópula con su cónyuge sin la voluntad de éste.
Violar a menores de 15 años conduce al presidio por una temporada de mínimo nueve y máximo 16 años, además de la consabida multa.
Los mínimos y los máximos de las sanciones se incrementan en una mitad cuando en la incursión no autorizada participen dos o más personas.
Del lado duranguense el artículo 176 de su código castiga el copular por medio de la violencia con persona de cualquier sexo con un mínimo de ocho y un máximo de 14 años en el penitenciario y una multa cuyas posibilidades abarcan desde los 41 mil 632 pesos (570 cuotas de salario mínimo) hasta los 438 mil 824.32 pesos (6 mil 008 días de salario).
En el 177 se establece que quien tenga cópula con menores de 14 años pasará de 10 a 15 años a la sombra además de pagar entre 52 mil 588 y 78 mil 883 pesos.
Además, según el artículo 180, las penas por violación se incrementan en dos terceras partes cuando intervienen dos o más personas.
CURIOSIDADES RELACIONADAS
En las disposiciones con respecto al infanticidio en la entidad coahuilense, el artículo 356 ofrece penas de uno a seis años y multa al padre o a la madre que, por motivos graves, priven de la vida a su hijo en el momento del nacimiento o dentro de las 72 horas siguientes.
Según la ley, la segunda causa de gravedad superlativa es: "cuando el recién nacido sea fruto de una violación".
El artículo 358, sanciones al aborto consentido, manda a readaptación social por entre uno y tres años a la mujer que procure malograr el producto.
Si la embarazada alega que fue por motivos graves, las consecuencias legales se reducen a un mínimo de tres días y un máximo de seis meses tras los barrotes. La segunda causa grave es: "cuando el embarazo sea resultado de una violación y el aborto se practique después de los noventa días de la concepción". El aborto por el origen violento de la concepción no es punible cuando se realiza antes de los tres meses de gestación.
En Durango, la legislación impone de 1 a 3 años de prisión además de un castigo monetario de entre cinco mil 258 y 15 mil 776 pesos a la madre que da muerte al producto. Se hacen excepciones cuando el embarazo es resultado de una incursión violenta no autorizada.
Otra curiosidad de las leyes mexicanas es que si bien tener relaciones con púberes, ya sea por la fuerza o valiéndose de cierta astucia, conduce al presidio, todavía existe, en las legislaciones de Sonora, Campeche y Baja California, una salida al castigo por la vía del matrimonio.
Una cuestión dispareja es que en Sonora y Baja California no se considera entre las víctimas de estupro a los adolescentes del sexo masculino, la descripción del ilícito contempla solamente la cópula con una mujer menor de 18 años.
En Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa la ley no considera menores de edad a las víctimas de violación de 17 años.
TRADICIÓN CULTURAL
Dar a la mujer lo inmerecido, según diversos estudios, va más allá de las cifras de víctimas y de los cientos de miles de testimonios, se trata de un asunto de orden cultural.
En un documento de 2004, Violencia contra la mujer en México, la coordinadora del volúmen, Teresa Fernández de Juan, expone que es un fenómeno que trasciende fronteras y generaciones.
También explica que se trata de un mal polifacético: encuentra innumerables formas de manifestarse en los ámbitos público y privado.
Maltratar física o psicológicamente a una representante del llamado sexo débil, señala Fernández de Juan, es el resultado de la suma de prejuicios así como de la cotidiana práctica de torcer los derechos y obligaciones según la conveniente distinción por sexos, entre otros factores.
También hay que agregar cuestiones como la necesidad de los varones por "cumplir con las expectativas de masculinidad", es decir, cosas como mantener a la esposa, ya sea por las buenas o por las malas, en la senda de la obediencia.
La desigualdad social y política entre hombres y mujeres, según Teresa Fernández, es un caldo de cultivo en el que se generan niñas maltradadas que probablemente engrosarán las filas de las mujeres maltratadas.
Otro par de investigadores, Irene Casique y Roberto Castro, en un volumen de 2007 titulado Estudios sobre Cultura, Género y Violencia contra las Mujeres, destacaron que la cultura cumple un papel en la reproducción y perpetuación de patrones específicos de dominación de los hombres sobre las mujeres.
Señalan que hay un constructo social que 'legitima' las agresiones contra las representantes del sexo femenino, patrones de razonamiento que justifican el ser violentos con una mujer en el hogar, en el trabajo, en cualquier espacio público.
Según el estudio Violencia contra las Mujeres en el Estado de México, fechado en 2012, los gritos, los malos tratos, las amenazas y demás surgen de una tradición cultural histórica basada en la desigualdad. A eso se agregan elementos como la indiferencia y aquiescencia por parte de las autoridades.
Aportan a esa tradición la familia, la escuela, los medios de comunicación, el lenguaje, las ideas estereotipadas, las actitudes y prácticas que consciente o inconscientemente legitiman la discriminación y la violencia contra el sexo femenino especialmente cuando la víctima se aleja de 'su rol históricamente estabecido'.
24 DE ABRIL
Ese día se realizó la Marcha Nacional de las Mujeres contra la Violencia. Participaron mujeres de 30 estados. Además del cese a las agresiones exigieron un alto a la criminalización de las víctimas y la adopción de protocolos adecuados para atender a las ofendidas y humilladas.
En México, clamaron las manifestantes, siete mujeres son asesinadas diariamente por violencia machista y en muy pocos casos se obtiene justicia.
Una proclama de este movimiento es: Antes de ser estadística, por una vida libre de violencia.
La marcha realizada en la Ciudad de México con cerca de seis mil participantes se replicó en al menos 27 ciudades del país.
Días después de la marcha, el movimiento apuntó su mira hacia la fiscalía de Aguascalientes porque "considera criminal sufrir un aborto espontáneo".
Plantean echar abajo esa consideración de las autoridades estatales con información, ya que según la Organización Mundial de la Salud entre el 12 y el 15 por ciento de los embarazos clínicamente reconocidos culminan en un aborto espontáneo.
También pasan la voz en casos de mujeres desaparecidas, de discriminación laboral, de acosos, violaciones y demás prácticas nocivas que apuntan hacia el cuerpo femenino.
"Se trata de que las violencias machistas se vayan y no vuelvan más", señalan.
El objetivo de la marcha, comentaron organizadoras a medios de comunicación, fue reunir a las personas que desean pasar de las palabras a la acción para visibilizar, cuestionar y denunciar los males provenientes del sexo masculino que las mujeres padecen todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar.
VERACRUZ
Los Porkys de Costa de Oro responden a los nombres de Jorge Cotaita Cabrales, Enrique Capitaine, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.
Las órdenes de aprehensión contra los tres primeros llegaron después de que Capitaine, hijo de un expresidente del municipio de Nautla, y Diego Cruz, vástago de un prominente empresario, salieron del país, uno con destino a Texas, Estados Unidos, y otro para atender compromisos en Madrid, España. Luego se supo que Cotaita también cruzó el río Bravo.
La Organización Policial Internacional (Interpol) los busca en 190 países. Sobre ellos pesan acusaciones por pederastia simple y agravada atendiendo a la edad de Daphne en el momento del lance punible.
Enrique Capitaine, señalado como el agresor principal, sale ganando en el reparto de presuntas responsabilidades, lo persiguen por pederasta simple, conducta que reserva un espacio en readaptación social por un mínimo de seis y un máximo de 30 años.
Diego Cruz y Jorge Cotaita, que abusaron de la chica a bordo del vehículo nuevo, tienen más tiempo que perder en caso de ser condenados. Son señalados por pederastia tumultuaria (de 12 a 40 años tras las rejas).
A Gerardo Rodríguez Acosta, el cuarto junior, lo dejaron libre porque, a juicio de un juez, no cometió agresión ninguna.
En la familia el descontento hacia la postura exoneradora tiene una explicación basada en la ascendencia del muchacho: es nieto del exgobernador Agustín Acosta Lagunes.
No se consideró, reclaman los Fernández, el delito por omisión, su nula interferencia para interrumpir la diversión de los amigos.
A mediados de abril, Rocío Acosta, madre de Gerardo, publicó una carta en la que atacaba la veracidad de la denuncia hecha por la joven y su familia. Sus argumentos fueron que el reporte no se hizo inmediatamente y que, desde su perspectiva, ni siquiera se sabe si los hechos "existieron realmente". A la madre le duele que su hijo, gracias a la campaña de linchamiento mediático, ya es culpable y por siempre lo será.
Daphne respondió en redes sociales. Sus padres, al principio, no hicieron nada porque nada sabían y no observaron las marcas del asalto porque se ubicaban en "zonas íntimas". En casos de violación, dicen especialistas en estas cuestiones, el testimonio de la víctima debe tener más peso.
CRISIS FEMENINA
Las conclusiones del estudio de la ONU pintan a México como un país donde "La discriminación contra las mujeres y las niñas, (...) tiene su expresión extrema en los actos cotidiano y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas".
En las 32 entidades, según el documento, prácticamente la totalidad de las mexicanas ha sido víctima de violencia o ha experimentado alguna amenaza por su sexo.
Los sistemas no ayudan, ni el encargado de perseguir los abusos ni el responsable de administrar justicia. Son dados a omitir "información fundamental sobre la víctima". Un ejemplo de ello es que no separan por sexo las denuncias de violación. Ante esa displicencia no queda sino "suponer que en la gran mayoría de las violaciones la víctima es una mujer".
Las mexicanas, advierte ONU Mujeres, no tienen garantizada una vida libre de violencia. Tampoco están a su alcance ni la justicia ni la reparación del daño.
El "panorama desolador" y los "niveles inaceptablemente altos" de asaltos sexuales que señalan en Naciones Unidas se refleja en unas 15 mil denuncias de violaciones registradas al año en territorio mexicano. La "cifra negra" encubre un horror mucho mayor.
El paisaje no cambia cuando el pintor es el INEGI. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 ofrece la vista de una violencia contra las mujeres capaz de aparecer en cualquier lugar y con las maneras de los perpetradores más diversos.
Según la encuesta, de un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años, 11 millones 018 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal.
La violencia física ejercida por la pareja tocó a dos millones 842 mil 309 mujeres. Las agresiones amplificadas hasta alcanzar el asalto sexual se han reproducido en los hogares de un millón 288 mil 793 mexicanas.
La violencia económica es un común denominador de la relación hogareña de 56 de cada 100 mujeres. Los ataques emocionales son los más frecuentes, tanto que amasan nueve millones 826 mil 235 de víctimas.
Además, 16 de cada 100 mujeres casadas o unidas y violentadas por su compañero han sufrido agresiones de extrema gravedad. Esto significa la existencia de un un millón 785 mil 469 víctimas.
La cultura de la no denuncia es abundante, tanto que el 90.7 por ciento de las agredidas no violaron el secreto conyugal o de pareja luego del desaguisado.
NOVIAZGO Y ESCUELA
Las solteras tampoco la tienen fácil. Los novios o 'exes' de calidad no abundan. Las novias mexicanas suelen cargar con abusos en su vertiente emocional, traducida en exigencias terminantes para modificar la forma de vestir, depurar la lista de contactos o cambiar algo en su conducta.
Humillación, intimidación, restricción de movimientos, vigilancia, aislamiento, amenazas, son algunas de las prácticas de cajón en el manual de la violencia en el noviazgo. La rama económica de las agresiones incluye el control del dinero y de los bienes así como la negativa de permiso para que la compañera estudie o trabaje.
El 99.4 por ciento de las solteras mexicanas ha sido violentada alguna vez por su novio o exnovio con ataques directos a la psique o al bolsillo.
Según la Endireh, un 9.4 por ciento de las solteras mexicanas ha sido victimada de forma extrema por los galanes, es decir, con golpes, ataques con arma de fuego, robo de dinero, despojo de bienes, y demás agresiones que derivan en hospitalización y la necesidad de atención médica o psicológica.
El 77.6 por ciento de las solteras violentadas no denunció a los violentos.
La plaza pública tampoco es un lugar en el que el sexo femenino esté a salvo. El 31.8 por ciento de las mexicanas de 15 años y más ha sido víctima de alguna agresión fuera de su domicilio y de su relación de pareja. Los ataques incluyen desde insultos hasta violaciones. De esas mujeres, el 86.5 por ciento sufrió algún tipo de intimidación, el 38.3 por ciento reportó alguna forma de abuso sexual, el 8.7 por ciento acusó recibo de agravio físico.
En la violencia extrema de tipo público (sufrir violación o ser obligada a ejercer la prostitución) la Endireh calculó la existencia de 357 mil 121 víctimas.
En las aulas tampoco hay tregua. En el año previo al levantamiento de la encuesta (2011), 395 mil mujeres sintieron el rigor de la violencia de género en alguna de sus vertientes: discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual.
La violencia escolar es ejercida por maestros, autoridades del centro educativo y, principalmente, compañeros de estudios.
HUMAN RIGHT WATCH
La encuesta del INEGI incluye una relación de formas de lanzarse contra blancos femeninos que no desentonarían en un campo de batalla: ser amarrada, pateada, sufrir intentos de ahorcamiento o asfixia, ser atacada con un cuchillo o navaja o disparada con un arma, sin olvidar desde luego el uso de la fuerza para obtener satisfacción sexual.
Los resultados de la desigual batalla incluyen: operaciones, cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, fracturas, abortos, partos prematuros, inmovilidad de al menos una parte de su cuerpo, fallecimiento de algún miembro del hogar.
La crisis de derechos humanos en materia de ataques contra el llamado bando débil no ha pasado desapercibido a nivel internacional.
La organización Human Right Watch (HRW), en su reporte 2015, expone que el derecho mexicano incumple su misión de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica y sexual. Y es que en el país existen disposiciones por debajo del mínimo aceptable a la hora de abordar tareas como condenar a un agresor. Como ejemplo se menciona que en algunos casos, a la hora de dictar sentencia, en los tribunales de México se otorga peso a los argumentos de la defensa sobre la "castidad" de la víctima.
HRW también critica que las autoridades fomentan la cultura de la no denuncia. En las oficinas creadas para auxiliar a las ofendidas, agredidas y abusadas los servidores públicos suelen ser eficientes a la hora de prodigar sospecha, apatía y menosprecio.
La organización reconoce que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo obligatorio que las entidades mexicanas permitan el aborto a víctimas de violación sexual. No obstante, señala, en la práctica las mujeres enfrentan graves obstáculos, incluida la información errónea y la intimidación por parte de funcionarios.
#MIPRIMERACOSO
"Cuando tenía diez años me sentó en sus piernas a la fuerza", dice una cibernauta que ha aceptado contar su historia en menos de 140 caracteres.
La activista colombiana Catalina Ruiz-Navarro fue la creadora de este ejercicio viral en su versión en español.
El 23 de abril pasado publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: ¿Cuándo y cómo fue tu primer acoso? Luego hizo la invitación a usar el hashtag y cerró con la frase: Todas tenemos una historia, levanta la voz.
La idea, contó Ruiz-Navarro a BBC Mundo, surgió en Sao Paulo, Brasil, cuando participaba en un foro sobre el virus zika y los derechos sexuales y reproductivos.
Allí le contaron del hashtag #PrimeiroAsseido creado por una organización llamada Think Olga.
La idea es que las mujeres tengan un espacio para hablar de sus experiencias oscursas con el sexo opuesto. El objetivo es que la discusión sobre la violencia que hizo blanco en ellas se traslade de las redes sociales a otros ámbitos.
Según un investigador de la UNAM, Adrán Santuario Hernández, #MiPrimerAcoso ha revelado un grave problema de abusos contra niñas.
El profesor universitario analizó las publicaciones que se hicieron en las tres semanas siguientes a la aparición del hashtag.
Utilizó un programa creado por él mismo para analizar los 183 mil tuits publicados en el lapso en cuestión.
Depuró el padrón total hasta dejar solamente 78 mil tuits de gente real. El 93 por ciento de los mensajes eran de mujeres y el siete por ciento de varones.
Santuario Hernández encontró que la mayoría de las experiencias retratadas, cerca del 59 por ciento, ocurrieron cuando las víctimas tenían entre seis y 10 años de edad.
Un 33 por ciento de los casos tuvo por víctimas a personas entre los 12 y los 16 años de edad. El ocho por ciento de los agredidos se ubicaron en el rango de los 18 a los 22 años.
El catálogo de ofensores y victimarios incluía a familiares, profesores y desconocidos.
ANDREA NOEL
Es una periodista norteamericana. Escribe sobre feminicidios. Vivía en la Ciudad de México desde hace tres años. Decidió marcharse del país luego de recibir insultos, amenazas y un trato insospechadamente tortuoso por parte de las autoridades cuando denunció una agresión sufrida.
Andrea Noel caminaba por una calle de La Condesa. Un hombre la alcanzó, levantó el vestido de la periodista, le bajó la ropa interior y corrió hacia la impunidad.
La víctima consiguió el video de una cámara de seguridad y lo subió en su cuenta de Twitter.
También presentó su denuncia y ha recreado, para medios internacionales, la rabia, la amargura y la inutilidad sentidas mientras le hacían pasar por el trámite de iniciar un expediente.
"Te preguntan a qué edad te desvirgaron, cómo era la relación con tu padre, cómo defines la palabra sexualidad, dibuja una casa, un árbol, un hombre y narra en un párrafo sobre el hombre que dibujaste (...), estaba llorando, temblando y dibujando un puto árbol, es ofensivo", relató la periodista.
El argumento de las autoridades mexicanas fue que el dictamen psicológico era necesario porque "su agresor tenía derecho a saber quién lo acusaba y si estaba loca o no".
En redes sociales la respuesta obtenida no fue mejor. Le llegó un aluvión de mensajes ofensivos, insultos y hasta amenazas de muerte.
Unos días después su caso tuvo un sospechoso: Andoni Echave, co-conductor del programa Master Troll.
Andrea Noel retiró la demanda cuando el acusado presentó un video y fotografías que demostraron su inocencia.
En la cuenta de Twitter de la periodista, que ahora radica en Nueva York, la primer publicación disponible es la del video de la agresión acompañado por el siguiente comentario: Si alguien reconocer a este imbécil, favor de identificarlo. Las mujeres deberían ser capaces de caminar de forma segura.
LOS HOMBRES TAMBIÉN SUFREN
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal presentó en marzo pasado el Primer Diagnóstico sobre la Atención de la Violencia Sexual en México.
El informe fue duro con el sistema de justicia penal, en especial con los fiscales y jueces. En esas dos profesiones los investigadores de la CEAV hallaron un amplio desconocimiento sobre los derechos de las ofendidas y humilladas.
La impunidad, una de grandes dimensiones, encuentra valiosos promotores en los funcionarios que tienden a culpabilizar a las víctimas y considerar normales conductas como el acoso y el hostigamiento sexual.
El diagnóstico encontró que en tres entidades (Tamaulipas, Zacatecas y el Distrito Federal) un requisito para ingresar la denuncia por hostigamiento sexual es presentar un "resultado material consistente" causado por el agresor.
Se trata, explican en la comisión, de un elemento irrelevante porque el bien jurídico protegido es la libertad y seguridad sexual.
Si bien la CEAV realizó su informe con datos parciales de las entidades federativas, su documento ofrece una mirada, entrecerrada pero al fin mirada, de características que no se mencionan en los estudios citados en párrafos anteriores.
La oficina federal encontró que ocho de cada diez personas que figuran como víctimas en las averiguaciones previas son mujeres.
La ocupación más mencionada entre las personas agredidas es "estudiante" (25.63 por ciento), seguida por "empleado" (19.45 por ciento). Sin embargo, "las acciones de detección de la violencia sexual en los ámbitos laboral y docente son débiles o nulas".
Además, personal de los Tribunales Superiores de Justicia reconoció que son pocos los casos de violencia sexual que derivan en la consignación del responsable y la ulterior sentencia.
La CEAV recibió datos de 15 Tribunales Superiores de Justicia que hacen un total de 29 mil 349 expedientes de consignados por delitos sexuales en el periodo de 2010 a 2015. Los ilícitos más frecuentes contenidos en las fojas son violaciones (38 por ciento) y abusos sexuales (32.5 por ciento). Empero, el promedio de consignaciones, menos de seis mil por año, es un número "bastante bajo".
De acuerdo a la información brindada por instituciones de salud de 22 estados, en el quinquenio en cuestión recibieron atención médica dos millones 549 mil 849 víctimas de violencia sexual. En el 54.3 por ciento de los casos se prestó ayuda a representantes del sexo masculino.
DURAS NARRACIONES
Hay quienes tienen la suerte de conocer sólo por testimonios escritos el trámite de un abuso como el sufrido por Daphne Fernández y miles de mexicanas.
Sin embargo, las palabras cumplen con su función de erizar el entendimiento.
En el portal de HRW están disponibles varios relatos al respecto. Los argumentos están debidamente editados para no sobresaltar en demasía al lector. Enseguida un par de ejemplos.
Una mujer violada por un taxista, queda embarazada, había sido insultada e ignorada por las autoridades cuando denunció que su marido la golpeaba (en una ocasión con un martillo). Abortó por canales no oficiales.
Una joven de 17 años con discapacidad mental es violada, su madre pide que se interrumpa el embarazo. Las dos mujeres entran en el carrusel de la burocracia hasta que un juez emite una sentencia que ni permite ni cierra la puerta al aborto. Las autoridades lo permiten pero con una doble condición: el procedimiento no quedará asentado en los registros del hospital ni en ningún otro tipo de registros como un aborto por violación y la madre no difundirá nada sobre el caso.
El pasado 28 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 2/2016, por abuso sexual cometido en una Escuela Médico Militar en el estado de Guanajuato.
Corrían los meses de marzo a mayo de 2013, la hora del espanto llegaba entre la medianoche y las 2:20 horas. Los demás cadetes dormían. El agresor levantaba a la Víctima 1 y la obligaba a ir al baño. Ya en los sanitarios, el agresor "sacaba una bolsa negra de plástico en donde guardaba guantes de látex de cirugía y un tipo de gel (...), le ordenaba bajarse los pantalones, su ropa interior e inclinar el tronco de tal forma que su rostro bajara a nivel de las rodillas; una vez que su rostro estaba frente a sus rodillas tenía que sujetar sus tobillos con las manos", luego "introducía el dedo al recto de V1, ocasionándole dolor".
Los peritos de la CNDH encontraron en el ofendido y humillado síntomas de los que suelen referir varones agredidos sexualmente: sentimientos de vulnerabilidad, desolación y desamparo atizados por la certeza de que lo habían denigrado en su masculinidad, además de culpa, ansiedad, depresión agitada, desconfianza, temor, sensación de peligro, ideas de ser perseguido.
CERRAR LOS OJOS
El relato contenido en la recomendación 15/2016 emitida el pasado 13 de abril por la CNDH invita de forma frecuente a dejar de leer. Sus protagonistas son tres víctimas y siete agentes de la Policía Municipal de Torreón. La historia se desarrolla en febrero de 2013.
Los tres (dos hombres y una mujer) presuntos integrantes de una banda criminal fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública. Allí estuvieron alojados durante cerca de 15 horas.
A la representante del sexo femenino los policías le dieron toques eléctricos en el cuerpo, le metieron la cabeza en un tambo de agua, le dieron patadas en el estómago, le pegaron en las pompas con una tabla, la violaron vía anal y vaginal.
Testigos de los hechos fueron elementos mudos e inertes que portaban uniformes con la palabra SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional).
La descripción hecha por la mujer retrata horas de "mucho dolor, sensación de desgarro interno, inflamación interna y abundante sangrado, ardor en el área vaginal, cortadas abiertas", y demás. Fue violada por seis policías porque el séptimo era un agente femenino.
Uno de los varones falleció no sin antes sufrir "la introducción de una botella de vidrio" por el ano.
Así es el infierno en el que cuatro juniors introdujeron a una menor de edad que había salido de fiesta. A juzgar por relatos como el de la recomendación 15/2016, la joven veracruzana tuvo, a pesar de la desgracia, la fortuna de que sus captores no fueran elementos policíacos.
Luego de que sus victimarios la dejaron ir, Daphne comenzó a preguntarse “¿por qué?”.
La respuesta brindada por los Porkys de Costa de Oro fue tan simple como insuficiente. "Por pendejos". La joven no considera que tan corta y vaga explicación sea válida.
Millones de mujeres en México se han hecho la misma pregunta que Daphne, pero sus casos no hacen sino aumentar la acidez de una tierra fértil para la impunidad.
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