A la espera. Aún faltan muchas reformas para poder tener un sistema penal óptimo.
Los estados de la República tardarán en promedio 11 años en alcanzar todos un nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada, aseguró María Novoa, directora del área de Justicia de CIDAC.
Entre los principales problemas detectados por el estudio "Hallazgos 2015", realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC. (CIDAC), se identificó la insuficiencia de operadores importantes como asesores de víctimas o facilitadores, y un enorme rezago en materia de capacitación, especialmente en el ámbito de la policía.
Además hubo un retraso significativo en la armonización con la legislación nacional, lo que ha significado el riesgo de aprobar, con prisas, normas no idóneas para implementar la reforma constitucional, destacó Novoa.
La reforma de justicia implicó el gasto millonario de recursos públicos. Entre 2010 y 2015, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) otorgó a Coahuila 89.9 millones de pesos, y recibió otros 280.2 mdp del fideicomiso de Banobras para inversión en infraestructura y equipo tecnológico.
También contó con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).
CIDAC encontró que los cinco estados con menor desempeño fueron los más beneficiados con el otorgamiento de subsidios.
Las entidades más beneficiadas con subsidios en 2015 fueron el Estado de México (60.9 mdp para 24 proyectos), la Ciudad de México (43 mdp para 21 proyectos) y Nuevo León (38.9 mdp para 15 proyectos).
En cambio, los estados que recibieron menos recursos fueron Baja California Sur (16.8 mdp para 17 proyectos), Aguascalientes (17.6 mdp para 18 proyectos) y Colima (18.8 mdp para 32 proyectos).
Justicia estancada
CIDAC señaló que ningún estado logró alcanzar el estándar establecido para 2014 y únicamente seis han superado el estándar de 2013, lo que evidencia el rezago para contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas.
Alejandro Ponce Rodríguez, director de Investigación de World Justice Project, indicó que en su Índice de Estado de Derecho México ocupó el lugar 79 de una lista de 102 países. "Hay cierta mejoría de 2014 a 2015, pero la mayoría de los países latinoamericanos tiene mejor justicia penal que México".
Los bajos índices de derecho en el país, según Ponce Rodríguez, pueden atribuirse a la falta de voluntad política, cambio constante de autoridades, ausencia de protocolos y falta de acuerdos entre los operadores.
Ante este escenario, CIDAC propone una estrategia para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, que tiene como objetivo contribuir a garantizar su viabilidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazo.
La estrategia contempla una temporalidad de 11 años para garantizar un nivel idóneo de operación y prevé tres ámbitos de aplicación. El primero es sectorial, que se refiere a acciones que integren y aglomeren las distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional. El segundo es institucional, que corresponde atender a las distintas instituciones del SJPA de forma particular. Por último está el ciudadano, que se refiere al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos.
