Los expertos acudieron a la sede de la Procuraduría, donde tuvieron dos reuniones, una con el equipo responsable del caso y otra con la procuradora Arely Gómez. (NOTIMEX)
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregaron un documento a la Procuraría General de la República (PGR) con 20 recomendaciones para dar continuidad al trabajo de investigación del caso Ayotzinapa.
El grupo recomendó una investigación integral de los hechos, llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes, la plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso y cambiar la narrativa del caso conocida como “la verdad histórica”, entre otros puntos.
A unas horas de concluir su segundo periodo de mandato y su trabajo de asistencia técnica sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, los expertos acudieron a la sede de la Procuraduría, donde tuvieron dos reuniones, una con el equipo responsable del caso y otra con la procuradora Arely Gómez.
El GIEI indicó que se requiere una unificación de las distintas causas penales para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa.
En un comunicado dio a conocer que pidió evitar la fragmentación. “Las distintas Averiguaciones Previas que se han iniciado en contra de los procesados vinculados con la investigación 1-2015 deben incorporarse a esta investigación en su totalidad, para evitar la fragmentación de la investigación y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi”.
Asimismo, reiteraron la necesidad de una investigación integral, pues no es posible separar el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que participó en los mismos.
El grupo de expertos sostuvo que es necesario investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre ellos: desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.
“Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso”, señalaron.
Además, destacaron la necesidad de agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, especialmente las de las autoridades políticas del Estado de Guerrero que se encontraban en funciones en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal y la declaración de las personas que se encontraban en barandillas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa II”, recomendaron.
Respecto a las víctimas, el GIEI señala la importancia de que se tomen y sean incluidos en el expediente los testimonios de familiares del equipo de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones relevantes para la investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa II, y que deben ser escuchadas por la PGR.
Como sexto punto, recomendaron trazar con la información de telefonía incorporada en el expediente nuevas líneas de investigación y establecerse la identidad de los usuarios de los teléfonos con quienes se comunican perpetradores y autoridades clave en ese momento y que no han sido investigadas.
Respecto a los estudiantes, deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de detención, se siguieron activando sus teléfonos.
Asimismo, recomendaron realizar la confrontación de la evidencia balística recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de las armas asignadas a la Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal, Policía Federal ya que hay evidencias de la posible participación de algunos de sus miembros en los sucesos violentos ocurridos esa noche.
También debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento para esta nueva diligencia en la cual se levantan 42 casquillos en la zona alta del basurero cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así como porque no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Se debe establecer una fecha para la recepción de los resultados de Innsbruck. La PGR debe evitar transmitir información pública sobre las fechas específicas de dichas comunicaciones dado que aumentan el nivel de expectativa, presión sobre los familiares y estrés”, precisaron como octavo punto.
Sobre los documentos y videos, el grupo de expertos independientes dijo que la PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación.
En el décimo punto, señalan la necesidad de darle seguimiento a la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas y socios.
En su recomendación número 11 piden plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso.
Asimismo, pide investigar las denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías. Refieren que en el segundo informe se presentan 17 casos que revisten serios indicios de torturas.
La recomendación numero 13 pide investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho. Especialmente investigar la posible participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.
Como últimas recomendaciones, el GIEI recomendó capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala.
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o ha habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser incorporadas al expediente y a las causas penales abiertas.
Además, investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.
“La investigación llevada a cabo por el GIEI en sus dos informes Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada 'verdad histórica'. En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos”.
Recomiendan continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones, mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares y evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad.
El Grupo espera que los hallazgos y líneas de investigación propuestas, así como las recomendaciones estructurales respecto a la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas, fortalezcan el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.
