Reuters
ASUNCIÓN, PARAGUAY.- La cámara de Diputados de Paraguay aprobó ayer por mayoría el inicio de un proceso de juicio político al presidente Luis González Macchi por cinco cargos de corrupción y mal desempeño de funciones, pero el mandatario calificó la iniciativa como “puramente” partidista.
De 61 diputados presentes en la sesión, 50 votaron por el juicio, en tanto 11 legisladores oficialistas se abstuvieron pero no se opusieron. La cámara tiene 80 integrantes. Los cargos fueron propuestos de forma sorpresiva por el diputado opositor Blas Llano y recibieron la adhesión de facciones disidentes del gobernante Partido Colorado.
“No tenemos claro si las actuaciones son fundamentadas (...) Es un tema eminentemente político para quitar réditos políticos a las elecciones internas de sus partidos”, dijo González Macchi en Brasilia, donde asiste a una cumbre de la unión aduanera Mercosur.
En una comunicación telefónica con una cadena televisiva de Asunción, el mandatario aseguró que “de ninguna manera” dimitiría y aseveró que entregaría el cargo que le corresponde hasta el 15 de agosto “sólo si el Congreso así lo dispone”, o en caso de que la constitución sea reformada.
Paraguay tomará hoy su turno en la presidencia pro témpore semestral del Mercosur, la unión aduanera que integra con Brasil, Argentina y Uruguay.
La presidencia es ejercida en ausencia de González Macchi por el titular del congreso, el senador oficialista Juan Carlos Galaverna.
La vicepresidencia paraguaya está vacante desde la renuncia del dirigente opositor Julio César Franco, quien dimitió en octubre para postular a la presidencia en las elecciones generales previstas para el 27 de abril.
“Yo no tengo la más mínima intención de quedarme en la presidencia. Ejerceré el cargo por las horas que haga falta y nada más (porque) soy pato de esta laguna”, dijo Galaverna a periodistas, consultado acerca de su eventual llegada a la presidencia.
Por el hecho de representar al opositor Partido Liberal y estar en la primera línea de sucesión, la presencia de Franco representaba para González Macchi una especie de reaseguro contra los sectores disidentes del Partido Colorado, que no quieren aparecer como responsables de entregar el poder.
El listado de acusaciones incluye el uso de un automóvil robado en Brasil como móvil presidencial, desvío de fondos de bancos privados intervenidos por el Estado, mal uso de fondos de la presidencia, fraude en un frustrado proceso de privatización de empresas públicas, y mala gestión.
La Cámara Baja nombró a cuatro diputados como encargados de estudiar y redactar la acusación oficial, que sería presentada como máximo 20 de diciembre ante el Senado, en coincidencia con el inicio del periodo de receso parlamentario.
“Es altamente probable que presentemos la acusación formalmente redactada y documentada incluso antes de este plazo”, dijo el diputado opositor Rafael Filizzola, quien preside la comisión de acusación.
Según la legislación paraguaya, los cargos deben ser evaluados por el Senado, de 45 miembros, que actúa como juez y necesita 30 votos para destituir al mandatario.
El Partido Colorado y sus aliados podrían tener la cantidad de votos suficientes para impedir que los partidarios de la remoción del presidente reúnan los votos necesarios para la destitución en la cámara alta.
González Macchi pudo impedir en seis ocasiones anteriores la radicación de un proceso de enjuiciamiento, urdiendo alianzas ya en la cámara de diputados.
“Parece que esta vez la historia puede ser diferente, porque el Partido Colorado necesita tomar distancia de González Macchi en las elecciones de abril, y su presencia es un costo político demasiado alto”, dijo Filizzola. “Incluso su escudo en Diputados está roto”.
González Macchi asumió el gobierno cuando éste quedó acéfalo en marzo de 1999, luego del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas, por ser titular del Congreso y tercero en la línea de sucesión del poder.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia le adjudicó el poder hasta agosto de 2003, pese a que la constitución indicaba que debía cumplir apenas un gobierno provisorio hasta la elección de un nuevo presidente.
Según encuestas, tiene el rechazo de más de 77 por ciento de la población, y se ha visto envuelto en los mayores escándalos de corrupción desde el fin de la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner, en 1989.
Argaña fue asesinado a balazos en un atentado callejero atribuido a Cubas y su mentor, el ex general golpista Lino Oviedo.
Oviedo está exiliado en Brasil, prófugo de una condena a diez años por un intento de golpe de Estado de 1996, y es acusado de ser además el ideólogo de otros dos intentos de levantamiento militar.
El ex militar escindió el Partido Colorado en mayo para fundar su propio partido, que espera candidatearlo a la presidencia por medio de una amnistía que lo habilite a presentarse a los comicios de abril.
Legisladores afines a Oviedo votaron ayer sin excepción por el juicio político al presidente.
