El asesinato de 49 reos en el penal del Topo Chico, en Monterrey, N.L. el pasado miércoles 10 de febrero, es únicamente una muestra más de la grave crisis que vive el sistema carcelario mexicano, ante la complacencia de las más altas autoridades mexicanas, que en lugar de buscar soluciones de fondo a la crisis se limitan a implementar remedios inmediatos y encarcelar a funcionarios menores.
Del 2008 a la fecha se pueden contabilizar, al menos, 9 matanzas y 5 fugas masivas en los penales mexicanos. Sin pretender ser exhaustivo (tomando como guía una recopilación realizada por el portal circulorojomx) destacan entre las masacres: el motín en la cárcel de Tijuana, Baja California, el 17 de septiembre de 2008, con saldo de 19 muertos; el enfrentamiento por el control del penal en Reynosa, Tamaulipas, el 20 de octubre del mismo año, que dejó 21 muertos; la riña entre pandillas en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 4 de marzo de 2009, que provocó la muerte de 20 personas; el 14 de julio de 2010, en el penal de Mazatlán, Sinaloa, el asesinato de 29 reos; la riña entre reos el 2 de noviembre del 2011, que dejó como saldo 11 muertos en el Penal de Durango; el asesinato de 44 reos, el 19 de febrero del 2012, en el Penal de Apodaca, Nuevo León, para facilitar la fuga de 30 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas; el 27 de abril del 2013, el asesinato de 13 personas en el penal de La Pila, en San Luis Potosí; y esta última.
Y entre las fugas: en marzo del 2010, escaparon 41 presos del penal de Matamoros, Tamaulipas; el 18 de septiembre de 2010, se fugaron 141 reos del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas; ese mismo mes se escaparon 86 internos del penal de Reynosa, Tamaulipas; el 16 de julio de 2011, otra fuga de 41 reos del mismo penal; y el 17 de septiembre de 2012, la fuga de 129 reos del Penal de Piedras Negras, Coahuila.
En todos los casos la reacción de la autoridad es idéntica: de inmediato interviene las fuerzas federales; arraigo o detención de la máxima autoridad del centro penitenciario; arraigo o detención de custodios; destitución de los directores del sistema penitenciario estatal y, eventualmente, su arraigo o detención; traslado de reos federales a otras cárceles; y las declaraciones de las altas autoridades estatales (gobernador, procurador, secretario de seguridad) de que estaban al tanto de la grave situación que se vivía al interior del reclusorio, pero carecían de recursos para resolver dicha problemática.
En los días posteriores empiezan a difundirse evidencias que revelan el autogobierno, la falta absoluta de control por parte de las autoridades responsables y, en algunos casos, la colusión de custodios e incluso altas autoridades.
En esta última masacre, casi como receta de cocina, se han repetido todos estos pasos; pero además había advertencias previas, que lo hacían más previsible: desde las reuniones de transición del gobierno, los funcionarios públicos salientes advirtieron al hoy procurador, Roberto Flores Treviño, que había una sobrepoblación del 40% en los penales estatales y la carencia de suficientes custodios.
En septiembre de 2015 (un mes antes de que el actual gobernador tomara posesión), la CNDH dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, donde advertía sobre los riesgos en el Penal del Topo Chico, pues en el mismo se afirmaba que había 4,585 internos, cuando el penal tenía capacidad para 3 mil 635. La evaluación general del penal del Topo Chico, en una escala de 0 a 10, fue de 5.72 y, particularmente, destacaba la baja calificación en gobernabilidad, con 4.44 y el riesgo para la integridad física de los reos, con 4.74. Nuevo León fue la cuarta entidad peor evaluada del país, en materia de sistema carcelario, con promedio de 5.2, es decir, la situación en los otros dos centros (Apodaca y Cadereyta) debe ser peor ya que el promedio es inferior a la calificación del de Topo Chico.
Y, desde luego, hay 2 datos que revelan el caos prevaleciente en el penal: uno, el que la riña se haya desarrollado en los patios a partir de las 11:30 de la noche, cuando los reos debían estar en sus celdas; y otro verdaderamente insólito: no se tiene ningún registro de cuatro de los 49 masacrados, lo cual implica que en el interior del Penal estaban personas que nada tenían que hacer en el inmueble a esas horas.
El gobernador Jaime Rodríguez, declaró al periódico El Norte, que sabía que era una bomba de tiempo, pero que no contaba con recursos suficientes para desactivarla, sin embargo, las evidencias dejan claro que el problema no era únicamente de falta de recursos, sino de la violación flagrante de protocolos mínimos de seguridad y esto no sólo es responsabilidad de la directora del penal y el Comisario de Administración Penitenciaria (ambos ya consignados como responsables materiales del homicidio masivo), pues sus superiores debieron estar al tanto de estas prácticas y si no estaban, también tienen responsabilidad ya sea por complicidad o por incapacidad.
Y el problema de la mala operación de los penales estatales no se superará únicamente con la construcción de un nuevo penal, como ya anunció, la disminución de la sobrepoblación y la contratación de más custodios, requiere la atención de las causas estructurales, en las que hay que incluir algunas otras que no están tan directamente vinculadas al factor económico.
