Impunidad significa cualidad de impune, es decir, lo que se queda sin castigo. En su significado más amplio se puede definir como la condición en la que un delito, abuso o exceso carecen de freno o sanción alguna. La impunidad socava al estado de derecho, base de un régimen constitucional. Una sociedad en la que se permiten, toleran o alientan delitos, abusos o excesos es una sociedad que tiende al caos. Un Estado incapaz de frenar o sancionar tales conductas antisociales es un Estado débil que, de no hacer los ajustes necesarios, puede convertirse en un Estado fallido. La criminalidad, corrupción y violación a los derechos humanos son consecuencia y a la vez indicador, medible, del grado de impunidad de un país o región. En este sentido ¿qué evidencian esos tres fenómenos respecto al nivel de impunidad que existe en la República mexicana? ¿Qué dicen de lo que ocurre en las entidades federativas? ¿Cuáles son las necesidades y tareas a cumplir?
En abril de 2015, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla lanzaron la primera edición del Índice Global de Impunidad (http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf), con el objetivo de medir un fenómeno concebido en tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos; y bajo dos criterios: la funcionalidad de los sistemas y la capacidad estructural de los Estados. El modelo de medición es complejo y utiliza decenas indicadores que abarcan las tres dimensiones y los dos criterios, y van desde la disponibilidad de policías y jueces por cada 100,000 habitantes hasta el número de personas encarceladas por homicidio entre homicidios totales, pasando por frecuencia de casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos. De los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas sólo 59 fueron incluidos en el índice debido a que son los que cuentan con la información suficiente para hacer el análisis.
De esos 59 países, México se ubica en el lugar 58 con el mayor nivel de impunidad, sólo por encima de Filipinas, y por debajo de Rusia, Colombia y Turquía. Las cinco naciones con menor nivel de impunidad son, sorprendentemente, de Europa del Este: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria. Si bien se reconoce que México está, junto con otros once países, a la vanguardia en lo que a generación de información se refiere, esta información permite observar cuáles son las principales deficiencias del Estado mexicano. El reporte establece que, de acuerdo a los indicadores, la prioridad en México debe ser mejorar la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura del sistema de justicia. Respecto al primer punto, más que contratar más policías, lo que se requiere es incrementar su eficiencia, así como aumentar la efectividad de los procesos de investigación de ilícitos; por ejemplo, existe poca correspondencia entre el número de personas detenidas por homicidio y la cantidad de denuncias por este delito. En cuanto al segundo punto, aquí sí hacen falta más jueces para abatir el rezago que existe en la resolución de juicios de personas encarceladas que esperan sentencia, que representan casi la mitad de los reos que hay en el país.
Las instituciones mencionadas arriba aplicaron el mismo modelo de indicadores para obtener el Índice de Impunidad de México (http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf), el cual fue presentado la semana pasada. En él es posible apreciar cómo se distribuye el nivel de impunidad en la República y cuáles son las entidades que tienen mayor trabajo qué hacer. Los datos son elocuentes. Sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian en este país. O sea, la cifra negra es de 93 por ciento. Sólo en 4.4 por ciento de los delitos consumados existe una sentencia condenatoria. Es decir, el nivel de impunidad en México es de alrededor del 95 por ciento. Si se considera la cifra negra y la de delitos consumados, la cifra asciende hasta 99 por ciento. Sólo 1 de cada 100 delitos obtiene castigo. El problema es generalizado. De las 32 entidades federativas, 25 presentan un alto o muy alto nivel de impunidad. Dentro de ellas se ubican los estados de Durango y Coahuila, en la posición 26 y 29, respectivamente, con todo y la propaganda que ambos gobiernos suelen manejar en el tema de seguridad pública y procuración de justicia.
Las principales debilidades de Durango se encuentran en la alta cifra negra de delitos, que supera la media nacional; el rezago en la emisión de sentencias (sólo el 4 por ciento de los imputados), y el rezago en el procesamiento de denuncias (apenas el 9 por ciento). Por su parte, Coahuila registra un número muy bajo de encarcelados por homicidio en comparación con las denuncias por este delito (15.4 por ciento), y por robo (6.6 por ciento); además de que hacen falta jueces y personal en el sistema de justicia, y el número de personas inculpadas ha aumentado mientras que el de encarceladas ha disminuido, lo que refleja fallas en el procesamiento de delitos.
En suma, si bien ambos índices son perfectibles, ofrecen un panorama amplio y detallado sobre el imperio de la impunidad en México, a la par que permite identificar las rutas a seguir para superar este enorme obstáculo para el fortalecimiento del estado de derecho en el país. Por ejemplo: profesionalizar en verdad las policías locales; revisar capacidades, facultades y autonomía de fiscalías; reformar el sistema penitenciario; limitar los espacios de impunidad de los servidores públicos; sanciones ejemplares en casos de conflicto de interés; mejorar la coordinación institucional, y aplicar mecanismos de evaluación más efectivos, entre otros. Ojalá que los gobiernos de los tres niveles tomen nota de esto en vez de asumir la postura de la descalificación y el descrédito que ya se ha vuelto un común denominador.
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