Ganas de tirar la toalla. Darnos por vencidos. Abandonar el ring. Declarar que el país no tiene remedio ni solución ni camino, ni horizonte ni salida. Aquí, ahora, el cinismo se impone sin tregua y sin salvación. A pesar de las críticas y las marchas y las movilizaciones y las investigaciones, el poder está de plácemes. Impune. Intocado. Inamovible. Paseándose en aviones presidenciales, acogiéndose en la justicia mexicana y el abrazo impune que provee, armando visitas papales cuyo objetivo es distraer, tapar, entretener. Políticos y empresarios y tantos más, gozando una corrupción que le cuesta al país 9 por ciento del PIB anual. 347 mil millones de pesos al año que van del erario a la cloaca, de nuestro bolsillo a OHL, del presupuesto a la Casa Blanca. La transa institucionalizada: el enemigo público número uno.
Sin embargo, allí siguen los mexicanos que se niegan a claudicar, a darse por vencidos, a pedir que el último que se vaya apague la luz. Los desafiantes, los propositivos, los ciudadanos de a pie. Los que creen en el imperativo -como decía Havel- de trabajar por algo solo porque es bueno y no porque va a triunfar. Los que han armado la iniciativa ciudadana #Ley3de3 con la esperanza de reunir 120,000 firmas para que el Congreso se vea obligada a debatirla, dictaminarla, votarla. A sabiendas de que la corrupción no es nada más un acto individual o aislado. Forma parte de redes de servidores públicos, de empresarios, de mexicanos acostumbrados a que México es así.
Y esas redes persisten porque las leyes han sido armadas para proteger su existencia y expansión. Por ello Virgilio Andrade pudo declarar que las acciones vinculadas a la Casa Blanca fueron "legales". Que el conflicto de interés no existió. Que el tráfico de influencias fue inexistente. Que la primera dama compró el inmueble multimillonario con el sudor de su frente, y el Grupo Higa obtuvo contratos por su eficacia, y que Luis Videgaray pagó su casa en Malinalco con un cheque no cobrado y que todo ello era normal. Porque lo que hicieron forma parte de un fenómeno sistemático, enraizado, con reglas informales aceptadas.
Conductas como el soborno, evidenciado en los audios de OHL. Como el peculado, evidenciado por el uso de la deuda contraída en Coahuila por Humberto Moreira. Como el tráfico de influencias evidenciado por Juan Armando Hinojosa del Grupo Higa, y la forma en la cual obtuvo jugosos contratos. Como el abuso de funciones, evidenciado por Luis Videgaray por obtener un crédito no bancario para la compra de una casa en Malinalco que le vendió un constructor. Enriquecimiento oculto, evidenciado por las lagunas en la declaración patrimonial de Enrique Peña Nieto. Obstrucción de justicia, como en todos los casos relacionados con la familia Salinas. Colusión, evidenciada en los acuerdos off the books entre Televisa y TV Azteca para obtener beneficios de recursos públicos. Uso ilegal de información falsa o confidencial, como en las filtraciones que ha hecho la PGR en el caso de Kate del Castillo y "El Chapo".
Tantas instancias de pagos a cambio de beneficios ilegales, de sustracción de recursos para uso personal, de relaciones personales para generar situaciones favorables, de abusos de autoridad para obtener un beneficio indebido. El manglar Tajamar. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La protección política y jurídica a los responsables de la Guardería ABC. La pensión vitalicia a Humberto Moreira. La designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. La postergación de la justicia para los involucrados en el montaje ilegal de Florence Cassez. La colusión que se dio entre el gobierno de México y los jerarcas de la Iglesia para anular el primer matrimonio de Angélica Rivera y permitir su boda con Enrique Peña Nieto. En cada uno de estos eventos hay responsables, cómplices, coludidos. Personajes que deberían cuidar la cosa pública y no lo hicieron.
La #Ley3de3 busca llenar los huecos legislativos y los vacíos normativos. Busca describir como debe comportarse un servidor público mediante un código de directrices y obligaciones. Busca tipificar con claridad tipos de actos de corrupción. Busca coordinar, capacitar, crear pesos y contrapesos. Busca sanciones severas para que el corrupto lo pierda todo. Y sí, no es perfecta ni omnicomprensiva. Pero constituye un primer paso ciudadano, desde abajo, para encarar un problema que la clase política -de todas las ideologías- pretende soslayar. Es un llamado para no tirar la toalla, sino recogerla y prepararse para el próximo round.
