Rlevante. La energía limpia es un tema vital para México en el mediano y largo plazo, coinciden legisladores y empresarios.
El Senado aprobó en comisiones la iniciativa de Ley de Transición Energética (LTE), para flexibilizar los costos y plazos para adquirir los Certificados de Energía Limpia (CEL), lo cual era una demanda de la industria.
Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos aprobaron posponer hasta por dos años las obligaciones de los usuarios derivadas de los primeros años de aplicación de los CEL, con el fin de que suministradores y consumidores obtengan los certificados con anticipación, sin incurrir en sobrecostos cuando no exista suficiente liquidez en el mercado de los CELs.
La Ley de la Industria Eléctrica prevé que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgue CEL a generadores y distribuidores que tengan excedentes en su generación de energía eléctrica a partir de energía limpia.
En caso de no alcanzar la meta, deben comprar CEL, o de lo contrario serán multados.
Los CEL se compran y se venden a fin de proporcionar un subsidio para fomentar el desarrollo y uso de fuentes de energía renovables, por ejemplo, un parque eólico ganará CEL por la electricidad que produce y puede luego venderlos en el mercado.
El artículo transitorio que se adicionó prevé una salvaguarda en caso de desabasto de CEL durante los primeros años, por falta de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
"Los posibles casos de excepción no los está previendo la LTE, nos referimos a los posibles casos de desabasto. En este momento la redacción arroja que se tendría que ir al esquema de las multas, donde realmente no hay culpa si no hay abasto.
"Había que buscar una salvaguarda que protegiera a los usuarios del sector para efecto de que puedan tener una alternativa jurídica ante cualquier caso de incumplimiento por parte de los generadores en la oferta de los certificados", señaló el senador Jorge Luis Lavalle, del PAN.
Explicó que se busca dar transitoriedad en los costos de los CEL, cuya fórmula recae en la CRE, pues se quiere dar certeza y tener claridad de los retornos de esa inversión, para lo cual se busca que se fijen costos máximos por un tiempo determinado.
El transitorio 22 indica que durante los primeros cuatro años de vigencia de las obligaciones en materia de energías limpias se establecerá un mecanismo de flexibilidad para que los participantes obligados puedan diferir la liquidación de hasta el 50 por ciento de sus obligaciones hasta por dos años.
David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, recordó que la LTE es la ley adjetiva de la Ley de la Industria Eléctrica y reiteró que el único cambio de fondo es el 22 transitorio, aunque se reservaron 17 artículos por motivos de redacción.
La minuta fue aprobada en lo general y en lo particular, y será remitido a la Mesa Directiva del Senado para que sea desahogada en pleno de la Cámara alta.
Cargan a IP costos de ley superverde
Los empresarios cuestionaron ayer que deban cargar con el compromiso autoimpuesto por México de consumir, para 2024, el 35 por ciento de energía limpia, como lo presume en París el presidente Enrique Peña.
"La industria va a terminar financiando los costos de energías limpias, al final del día se modifican los esquemas de los pagos, pero la industria es la que tendrá que erogar una cantidad importante de recursos por motivos de la aplicación de la ley", señaló José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Economía de Concamin.
En el dictamen de la Ley de Transición Energética, aprobado ayer en comisiones y que se votaría hoy en el pleno del Senado de la República, se señala que México generará 35 por ciento de su electricidad con fuentes limpias a 2024.
Además, se flexibilizó la obligación de comprar Certificados de Energía Limpia (CEL) y se permite diferir los costos hasta por dos años.
De la Cruz opinó que si bien se difieren los tiempos, en el fondo se derivarán costos para la industria.
El representante de Concamin cuestionó que las empresas deban asumir los costos de pagar multas o comprar certificados de energías que no se están produciendo de manera suficiente en el país.
Explicó que se estarían transfiriendo recursos industriales al Gobierno y hacia proyectos de otras empresas privadas que generen este tipo de energía.
"El sector industrial va a terminar financiando la generación de energías limpias cuando tendría que estar elevando la competitividad", afirmó.
